La Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), entidad bajo la tutela del Ministerio de Hacienda, ha remitido un informe detallado al juez instructor del ‘caso Koldo’ en la Audiencia Nacional. En dicho documento se exponen presuntas irregularidades halladas en la adjudicación de contratos públicos por parte de Adif y la Dirección General de Carreteras.
A través de un oficio oficial, la IGAE aclara que el análisis abarcó un total de 11 contratos (cinco pertenecientes a Adif y seis a Carreteras), atendiendo a un requerimiento previo realizado por la Fiscalía Anticorrupción. Es importante señalar que tanto Isabel Pardo de Vera, expresidenta de Adif, como Javier Herrero, quien fuera director general de Carreteras, están bajo investigación del magistrado Ismael Moreno por posibles anomalías en este contexto judicial.
Análisis de las adjudicaciones de Adif
En lo que respecta a los contratos de la entidad ferroviaria, Hacienda destaca que tres de las cinco adjudicaciones fueron otorgadas a la empresa Acciona, ya sea de forma individual o mediante una Unión Temporal de Empresas (UTE) en conjunto con Ferrovial Agroman S.A.. Según los técnicos de la IGAE, en estos procesos
«se dan una serie de notas comunes»
.
El informe subraya que
«en estos tres contratos los criterios determinantes de la adjudicación han sido los de juicios de valor y en dos de ellos, salvo para un licitador, no parece posible que la diferencia de puntuación por este criterio de juicios de valor se pudiera revertir con la puntuación obtenida por los criterios basados en fórmulas»
. Asimismo, se detectó que, antes de iniciar las obras, Adif reportaba defectos que obligaban a tramitar modificaciones en los proyectos originales.
Estas alteraciones contractuales presentaban un patrón recurrente:
«esta modificación supone un incremento del precio del contrato ligeramente por debajo del 20% y en los tres casos esa modificación incumple la normativa sobre modificaciones»
, advierte la entidad fiscalizadora.
Predominio de juicios de valor en Murcia
Hacienda detalla el caso de la licitación para el soterramiento ferroviario en Murcia, donde concursaron diez aspirantes. Aunque los criterios de fórmulas ponderaban 60 puntos frente a los 40 de los juicios de valor, fueron estos últimos los que decidieron el ganador. La UTE de Acciona logró 36,17 puntos en la valoración subjetiva, superando por 3,04 puntos al segundo y por al menos 5,83 puntos al resto de los competidores.
Sobre la oferta económica, el informe apunta que la brecha entre la mejor propuesta y la peor fue de apenas 6,18 puntos, lo que dejaba sin opciones reales de victoria a casi todos los candidatos frente a la valoración subjetiva.
Estrategias para eludir al Consejo de Estado
En el proyecto de soterramiento de la Estación y Barriomar (Murcia), donde la UTE de Acciona y Ferrovial Construcción resultó beneficiada entre 12 ofertas, la IGAE afirma que
«la adjudicación se basó en los criterios basados en juicios de valor»
. El informe sostiene que este proyecto debió gestionarse como una modificación del contrato anterior y no como una licitación independiente.
La sospecha de Hacienda es que se evitó el formato de modificación porque esta habría superado el 20% del presupuesto inicial, lo cual obligaba legalmente a solicitar un dictamen del Consejo de Estado. Según la IGAE,
«se intentaba evitar fijando las modificaciones en un porcentaje ligeramente inferior al 20%»
.
Irregularidades en el Corredor Mediterráneo
Otro contrato bajo sospecha involucra el tramo Pulpí-Vera del corredor de alta velocidad Murcia-Almería. Tras la adjudicación, el contratista presentó reservas que forzaron una modificación del contrato el 31 de julio de 2022. Esto generó un sobrecoste de 24.155.223 euros, equivalente al 19,93% del precio original.
La IGAE resalta la coincidencia de fechas y cambios en los capítulos del proyecto, sugiriendo un ajuste pactado para no alcanzar el límite del 20%. El organismo concluye con dureza que es
«difícil entender que ‘la necesidad de modificar un contrato vigente se derive de circunstancias sobrevenidas y que fueran imprevisibles en el momento en que tuvo lugar la licitación del contrato'»
, cuando los cambios responden a fallos detectados por el propio contratista al inicio.
Anomalías en la Dirección General de Carreteras
En cuanto a las obras de carreteras, dos de los seis contratos auditados fueron para Acciona Construcción en UTE. Hacienda detectó incrementos de presupuesto cercanos al límite del 20%, similares a los de Adif. Ejemplos destacados incluyen:
- Puente Centenario de Sevilla: incremento de 13,5 millones de euros (19,02% del presupuesto).
- Autovía A-68 (La Rioja): aumento de 18,46 millones tras dos modificaciones (19,98% adicional).
Finalmente, la IGAE critica que las puntuaciones otorgadas en tramos como la Autovía A-12 (entre La Rioja y Castilla y León) y el citado puente sevillano
«no figura justificada»
, figurando únicamente en anexos sin firmar por los responsables técnicos.
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