El Departamento de Justicia de los Estados Unidos ha procedido con la conformación de un equipo de trabajo especializado destinado a analizar y presentar posibles cargos federales en contra de funcionarios o entidades vinculadas al gobierno de Cuba, según información proporcionada por una fuente cercana a esta iniciativa.
Este grupo de trabajo contará con la participación de diversas agencias gubernamentales, incluyendo el Departamento del Tesoro. La integración de esta última entidad sugiere que el gobierno de Donald Trump podría estar contemplando el endurecimiento de las sanciones económicas contra la isla, la cual ya se encuentra bajo un estricto régimen de restricciones por parte de Washington.
Las líneas de investigación del grupo explorarán presuntos delitos relacionados con la economía, la inmigración y otros ámbitos de relevancia jurídica.
Contexto político y objetivos de la administración
La intención de procesar judicialmente a integrantes del gobierno cubano se alinea con las posturas del presidente Donald Trump. El mandatario ha señalado que su administración considera a Cuba como el próximo objetivo político tras las acciones realizadas contra Nicolás Maduro en Venezuela y los recientes eventos relacionados con Irán.
“Queremos terminar con esto primero”
, manifestó Trump el pasado jueves en referencia a las tensiones con Irán. Durante una intervención en la Casa Blanca, ante una audiencia que contaba con una presencia significativa de republicanos del sur de Florida de origen cubano, el presidente aseguró que es cuestión de tiempo para que la administración de la isla caiga.
“Ustedes y mucha gente increíble regresarán a Cuba, ojalá no para quedarse”
, afirmó el mandatario.
En la misma línea, el mandatario agregó:
“Solo quiero esperar un par de semanas”
.
Estrategia judicial y supervisión en Florida
La Fiscalía Federal del Distrito Sur de Florida, con sede en Miami —epicentro de la comunidad cubana en el exilio—, será la encargada de coordinar las labores de este grupo de fiscales. Según la fuente que reveló el plan bajo condición de anonimato, el proceso legal contra Cuba podría replicar la estrategia utilizada para presionar la salida de Maduro en Venezuela.
Bajo ese esquema, el Departamento de Justicia presentó cargos contra el líder venezolano en 2020. Aunque la extradición no fue inmediata, a principios de este año se llevó a cabo una operación para capturar a Maduro y trasladarlo a Nueva York para enfrentar sus procesos judiciales.
Expertos legales y antiguos fiscales señalaron que no es inusual que la oficina de Miami tome el liderazgo en procesos vinculados a Cuba, dada su amplia trayectoria en casos de alto perfil que involucran al régimen de la isla.
Como antecedente cercano, en el año 2024, la fiscalía obtuvo la condena de Víctor Manuel Rocha, un exdiplomático estadounidense que reconoció haber realizado labores de inteligencia para el gobierno cubano durante más de cuatro décadas mientras se desempeñaba en cargos estratégicos en el Departamento de Estado y el Consejo de Seguridad Nacional.
Asimismo, a inicios del siglo XXI, se llevó a cabo el juicio contra los denominados Cinco Cubanos, oficiales de inteligencia acusados de infiltrarse en grupos del exilio en Florida. Si bien fueron condenados, el expresidente Barack Obama liberó a los miembros restantes en 2014 como parte de su política de deshielo diplomático.
Presión legislativa y el caso de Hermanos al Rescate
Recientemente, legisladores republicanos de la delegación de Florida han solicitado formalmente a la Fiscal General, Pam Bondi, que se reactive la investigación sobre el incidente de 1996. En dicho suceso, aeronaves militares de Cuba derribaron dos avionetas civiles desarmadas de la organización Hermanos al Rescate, resultando en la muerte de cuatro personas.
Los congresistas Mario Díaz-Balart, María Elvira Salazar, Carlos A. Giménez y Nicole Malliotakis enviaron una carta el 13 de febrero asegurando que Raúl Castro, en su calidad de jefe de las fuerzas armadas en aquel entonces, fue quien dio la orden del ataque.
La misiva insta a la administración Trump a presentar una acusación formal basándose en grabaciones de audio que implicarían a Castro.
“Creemos inequívocamente que Raúl Castro es responsable de este atroz crimen. Es hora de que sea llevado ante la justicia”
, concluye el documento de los legisladores.
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