La Comisión de Justicia y Estructura del Estado, este viernes, 6 de marzo, recibió aportes al proyecto de reformas a la Ley de Inquilinato, como parte del proceso previo a la elaboración del informe para primer debate de esta normativa que establece las reglas para el arrendamiento de inmuebles, evitar abusos en la aplicación de garantías, aumentos desmedidos de los cánones de arrendamiento y desalojos arbitrarios, entre otros aspectos.
En este contexto, Alex Villafuerte, magíster en Derecho Administrativo y Contratación Pública, consideró que es oportuno actualizar la normativa de inquilinato, cuya última reforma data del año 2000 y mantiene regulaciones que provienen desde los años 60, razón por la cual es importante armonizar esta ley con el texto constitucional vigente.
Recordó que, por ejemplo, en la ley vigente constan multas y otros valores para la reparación en caso de reclamos calculados en sucres, es decir, antes de la dolarización. Así mismo, para la época en que se dictó esta legislación no existía el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentraización (Cootad), que otorga a los gobiernos autónomos atribuciones en materia de inquilinato.
De su lado, Mateo Calero, especialista Superior en Derecho Procesal, destacó algunos elementos de la normativa que se tramita, sobre todo en temas como la devolución de los valores cobrados en exceso por canon de arrendamiento; la existencia de condiciones mínimas de habitabilidad de un inmueble para el alquiler; así como la modalidad de cálculo de multas y otros valores en proporción al salario básico unificado del trabajador en general y no en sucres.
Subrayó la necesidad de recuperar el carácter social de la legislación de inquilinato, tomando en cuenta que se debe proteger a la parte más débil en esta relación jurídica, que es el inquilino.
Entre tanto, Juan Naranjo, magíster en Derecho Corporativo y Comercial Internacional, calificó este proceso como una oportunidad para que Ecuador cuente con una ley actualizada que beneficie por igual a las partes que intervienen en la relación contractual. Añadió que dotar de seguridad jurídica a la relación entre arrendador y arrendatario contribuye a la dinamización y fortalecimiento del sector inmobiliario.
Recormendó que la ley garantice la relación de reciprocidad, dependencia e interdependencia entre las prestaciones de las partes en un contrato bilateral. A la vez, observó que existen algunas disposiciones que afectarían en mayor medida a los derechos del arrendatario, lo cual podría desincentivar el mercado inmobiliario.
EG