El Ejecutivo comunitario tiene en la mira la recuperación de una normativa legal que fue descartada durante el año 2024. El propósito principal es lograr que cualquier acto sexual realizado sin consentimiento sea tipificado penalmente como violación en cada una de las naciones que integran la Unión Europea. Esta iniciativa surge como una respuesta directa ante el repunte de los casos de violencia de género y la irrupción de nuevas modalidades de agresiones en el entorno digital.
La Estrategia para la Igualdad de Género plantea que los Estados miembros deben transformar sus códigos penales para que las definiciones de este delito se fundamenten estrictamente en la ausencia de consentimiento. El plan diseñado por la Comisión Europea abarca el periodo comprendido entre 2026 y 2030. Esta hoja de ruta responde a un escenario global marcado por el aumento de discursos que atacan la equidad de género, así como por la aparición de delitos modernos como la ciberviolencia y la creación de imágenes sexuales ficticias mediante inteligencia artificial, denominadas ‘deepnudes’.
Hacia una unificación legislativa en Europa
Bruselas se compromete a respaldar las reformas legislativas internas de los países del bloque, priorizando el consentimiento como eje central y realizando un monitoreo exhaustivo de las normativas vigentes en cada territorio. Una vez que se obtenga una radiografía clara de la situación legal en Europa, la Comisión evaluará presentar una propuesta formal para estandarizar este delito en toda la región.
Es importante recordar que en 2024 esta medida fue excluida de la Directiva sobre la violencia contra las mujeres debido a las dudas de varios gobiernos sobre la competencia legal de Bruselas para imponer una definición penal común. No obstante, la comisaria europea de Igualdad, Hadja Lahbib, señaló que el panorama actual es distinto:
“La mentalidad ha cambiado”
Este giro en la percepción pública y política se atribuye en gran medida al impacto social de casos como el de Gisèle Pelicot, quien sufrió abusos sistemáticos durante diez años tras haber sido drogada por su cónyuge. Este hecho propició un cambio de postura en naciones que antes se mostraban reacias. Según Lahbib, el plan ahora consiste en
“elaborar un nuevo mapeo para saber quién está haciendo qué, qué país ha cambiado su legislación”
, para determinar si existe el contexto adecuado para retomar la iniciativa a escala europea.
Protección digital y derechos reproductivos
El alcance de esta estrategia no se limita únicamente al código penal tradicional. La Comisión Europea priorizará el combate contra los delitos digitales, específicamente las ‘deepfakes’ y el contenido sexual explícito generado sin autorización. Para ello, se establecerá un diálogo constante con las grandes plataformas tecnológicas y se trabajará de la mano con organismos de seguridad como Europol y Eurojust. El objetivo es crear manuales técnicos que permitan a las autoridades detectar con mayor eficacia los riesgos de violencia doméstica.
Asimismo, el plan de acción incluye los siguientes pilares de cooperación:
- Colaboración con la Organización Mundial de la Salud (OMS) para optimizar la atención médica recibida por las mujeres en la Unión Europea.
- Garantizar el acceso a abortos legales y seguros mediante el financiamiento del Fondo Social Europeo plus (FSE+), en respuesta a una iniciativa ciudadana.
- Reducción de la brecha salarial y eliminación de los «techos de cristal» que limitan el crecimiento profesional femenino.
Por su parte, la vicepresidenta Ejecutiva de Derechos Sociales y Capacidades, Roxana Minzatu, destacó que la desigualdad de género perjudica a la sociedad en su conjunto. El plan busca romper la segregación laboral motivando a las mujeres a estudiar carreras de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM), mientras que se invita a los hombres a integrarse en sectores como la salud, la docencia y la gestión pública.
Presupuesto y combate a la radicalización
La Comisión también enfocará sus esfuerzos en neutralizar la difusión de mensajes antigénero en redes sociales, los cuales buscan influir en hombres jóvenes y fomentar la polarización social. Para ejecutar estas metas, se han asignado los siguientes recursos financieros:
- 271 millones de euros procedentes del programa Ciudadanos, Igualdad, Derechos y Valores (CERV).
- 4.300 millones de euros provenientes del Fondo Social Europeo plus.
- Una proyección de acceso a hasta 3.600 millones de euros adicionales en el próximo ciclo presupuestario para políticas de equidad.
Con estadísticas que revelan que una de cada tres mujeres residentes en la Unión Europea ha sido víctima de algún tipo de violencia de género, la urgencia de estas medidas es evidente. Como concluyó la comisaria Lahbib, el norte de la institución es
“proteger los derechos ganados con esfuerzo y enfrentar cualquier retroceso con valentía y claridad”
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