Violencia, inseguridad, crimen organizado, crisis socioeconómica y política son algunos de los problemas que enfrentará el presidente de la República de Ecuador que será elegido este domingo 20 de agosto si no hay segunda vuelta.
Estas elecciones anticipadas se derivan del proceso de muerte cruzada aplicado el pasado 17 de mayo por el presidente Guillermo Lasso, con el cual se disolvió la Asamblea Nacional y forzó estos comicios, de carácter extraordinario.
En caso de que exista un candidato ganador en la primera vuelta, la posesión sería en noviembre próximo con lo que gobernaría el país por un año y 6 meses hasta el 24 de mayo del 2025.
El art. 161 del Código de la Democracia señala que un binomio puede ganar en una sola vuelta cuando obtiene al menos la mayoría absoluta de votos válidos emitidos o si consigue al menos el 40 % de los votos y una diferencia mayor a diez puntos porcentuales con el que está en segundo lugar.
Y en un escenario de segunda vuelta, que sería el 15 de octubre próximo, la posesión de los ganadores se hará en diciembre tentativamente. Estaría en el poder unos 17 meses, también hasta el 24 de mayo de 2025.
Quien resulte ganador, sea en primera o segunda vuelta, deberá enfrentar complejos escenarios y el más crítico: inseguridad.
Problemas económicos
A junio de 2023, el país registra una tasa en pobreza del 27,0 % y la pobreza extrema en 10,8 %. Esta pobreza por ingresos, a nivel urbano, se ubicó en 18,0 %. Mientras que la pobreza extrema se ubicó en 5,2 %. Y en lo rural, la pobreza por ingresos fue del 46,4 % y la extrema fue del 22,6 %, según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).
Otro de los indicadores del INEC es el desempleo. Hasta junio suman 323.612 personas sin trabajo; 1,6 millones en el subempleo, 976.772 con un empleo no remunerado y 2,9 millones con empleado adecuado/pleno (34,5 %). Además, 445.853 actas de finiquito en 2023, esto es, el número de personas que fueron despedidas, de acuerdo con el Ministerio del Trabajo.
El analista económico Jorge Calderón cree que el desempleo va a seguir creciendo y con esto se recrudece la pobreza. “El Ecuador aún no recupera los niveles de empleo adecuado antes de la pandemia (38,8 %) y no hay una sostenibilidad en la situación económica que amerite para que se creen más puestos de trabajo. Si hay el fenómeno de El Niño se generaría un retroceso. No hay una política pública adecuada que fomente las contrataciones”, comenta Calderón.
Y hay más estadísticas, una deuda pública de aproximadamente el 70 % del PIB. Un PIB nominal de $ 115.049 millones en 2022; el 0,54 % de inflación en julio de este año y el riesgo país en 1.822 puntos, que cerró la semana pasada. Aunque hay un crecimiento interanual del 0,7 % en el primer trimestre de 2023, según el Banco Central.
Andrés Albuja, docente y consultor internacional del UISEK Business School, indica que, para solucionar las crisis socioeconómicas se requerirán de políticas contracíclicas. “Estimular inversión pública e inversión social, bajar carga tributaria y estimular crédito productivo con tasas preferenciales para generar crecimiento económico y fuentes de empleo”, apunta Albuja.
Calderón hace referencia a los ingresos, gastos y propuestas al IESS (Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social), como cambiar el número de años de aporte de 30 a 35 (que duraría 10 años), ampliar el número de mejores años de salario para calcular la pensión y otros. “Hay un gasto creciente por especificaciones de la misma Constitución respecto a educación, salud. Las crecientes demandas sociales, que siempre están saliendo, los subsidios de combustibles y otros como bonos. La situación del IESS es complicada. Por el lado de los ingresos, el tema tributario muestra que no va a llegar a cumplir la meta de recaudación tributaria que tenía prevista para este año (16,025 millones de dólares, de acuerdo con la proforma presupuestaria aprobada en 2022)”, sostiene.
El economista afirma que el año podría concluir con entre $ 1.000 y $ 1.200 millones menos en recaudación tributaria. “Y si le agregamos los resultados de la consulta popular del Yasuní (donde se decidirá si se cierra o no toda actividad petrolera), que le privaría al Gobierno de entre $ 800 y $ 1.200 millones anuales solo en temas de pérdida de ingresos tributarios y explotación petrolera. Genera un panorama complicado para poder atender las necesidades”, añade Calderón.
Así también el próximo mandatario contará con un crédito aprobado del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por $ 500 millones para proyectos de inversión social y como financiamiento preventivo frente al fenómeno de El Niño.
Según Albuja, este fideicomiso es para garantizar el destino del préstamo del BID hacia inversión social y prevención de riesgos naturales. Y resalta: “El Presupuesto General del Estado de 2023 contempla solamente $ 13 millones para gestión de riesgos, y deberían destinarse aproximadamente $ 700 millones para mitigar riesgos de impactos económicos por desastres naturales”.
“Hay muchas necesidades”, dice Calderón y menciona que el crédito debe direccionarse a las áreas contempladas por el BID. “Es un tema preventivo y en ese sentido, se ven las áreas, territorios a atender. Sin duda la parte costera será afectada, producción agrícola”, señala Calderón.
Violencia y crimen organizado
Las muertes violentas son a diario y este es otro gran desafío que enfrentará el próximo presidente de Ecuador, que gobernará menos de dos años. Albuja detalla el panorama en cifras.
“Ecuador se encuentra en el top 5 del ranking de países más violentos de América Latina (tasa de homicidios intencionales por cada 100.000 habitantes se duplicó desde 2021 hasta 2022). Las personas privadas de libertad (PPL) se triplicaron en quince años: 13.000 en 2008 a 39.000 en 2022″, dice Albuja haciendo referencia a los datos del Servicio Nacional de Atención Integral (SNAI).
Considera que es necesaria la asistencia técnica del FBI (Oficina Federal de Investigación por sus siglas en inglés), de la CIA (Agencia Central de Inteligencia) en inteligencia policial, militar, fuerza aérea, naval. Fortalecer y depurar la fuerza pública y gestión de la UAFE (Unidad de Análisis Financiero y Económico) para prevenir el lavado de activos y el financiamiento del crimen organizado transnacional”, opina Albuja.
Uno de los hechos que han dejado conmocionado al país fue el reciente asesinato del candidato por el movimiento Construye, lista 25, Fernando Villavicencio, tras un mitin político desarrollado en el coliseo del colegio Anderson de Quito. Ocurrió al estilo sicariato y con tres tiros en la cabeza el 9 de agosto de 2023.
Desde entonces se suman más muertes, como de Pedro Briones, dirigente de Revolución Ciudadana RC5 en Esmeraldas, quien fue asesinado al mediodía de este lunes 14 de agosto. Ese crimen se registró en el parque de la parroquia San Mateo. Según información policial, dos sujetos en moto llegaron a la vivienda del ahora occiso y lo balearon.
Y más casos que no necesariamente son políticos, como un guardia de seguridad que falleció tras ser baleado por sujetos desconocidos en la carretera E20 Esmeraldas-Atacames; un estudiante de 16 años fue acribillado frente a cientos de compañeros y vendedores ambulantes en Guayaquil, y así más muertes violentas.
Para Calderón es indispensable identificar fuentes de financiamiento para cubrir las necesidades y reducir la inseguridad. Puntualmente inversión en aspectos tecnológicos, logísticos, de personal, entre otros; y declarar en emergencia la seguridad para así facilitar los procesos de contratación.
Crisis política
Antes del anuncio de la muerte cruzada ya había una confrontación entre el Ejecutivo y el Legislativo. Lasso fue llevado a juicio político por un presunto delito de malversación.
En ese contexto, Lasso decide aplicar la muerte cruzada y con esa maniobra se adelantan las elecciones y por ende se impidió su censura. Esto detonó el pasado 17 de mayo y el mecanismo está estipulado en el artículo 148 de la Constitución.
Esto permitió además que el presidente de la República disuelva, con carácter inmediato, la Asamblea Nacional, la que también se elegirá este 20 de agosto. Por todo esto, el escenario actualmente es inestable, según expertos.
Albuja menciona que el siguiente mandatario tendrá que hacerle frente a la pugna de poderes: Ejecutivo, Legislativo, Judicial, Participación Ciudadana y Control Social, Electoral. Y los resultados en la consulta por el Yasuní.
Calderón espera que la próxima administración llegue a consensos, pero dependerá de cómo esté integrado el Legislativo para el apoyo político. “Debe haber un consenso político para llegar a reformas que se necesitan. Hay que ver con qué capacidad de maniobra política llega el próximo presidente en el sentido de gobernabilidad en la Asamblea Nacional, o en su defecto, si no llega a ocurrir esto, que exista un pacto social para abordar las problemáticas”, apunta Calderón.
En tanto que Cristian Carpio, analista político, señala que la situación dependerá de varios factores. Por ejemplo, de quiénes vayan liderando en las elecciones, lo cual podría determinar la composición en la Asamblea. “Si es que es un presidente que llega con una Asamblea de oposición va a tener que enfrentar riesgos políticos y problemas de gobernabilidad. Se anticipa una asamblea fragmentada sin mayorías claras y podría debilitar la forma como el Ejecutivo tiene que actuar”, expresa Carpio.
“Quien llegue al poder va a tener que tomar decisiones al corto, mediano y largo plazo, pero sobre todo en el corto plazo, que sean políticamente sensibles y que le permitan tener legitimidad para avanzar en las mismas, caso contrario podría avocarse a un rechazo ciudadano importante”, sostiene Carpio y agrega que es fundamental centrarse en la convocatoria de fuerzas políticas y con un rol más activo.
En general, para Michelle Londoño, exsecretaria del Consejo Nacional Electoral (CNE) transitorio en 2017, la persona que asuma la Presidencia enfrenta retos enormes políticos, sociales y económicos en un contexto fraccionado: “En una sociedad fuertemente amedrentada y azotada por la violencia, considero que el reto más desafiante es garantizar la seguridad y recuperar el orden. El escenario económico es incierto y debe definirse con el resultado de la consulta que afectará al tema petrolero y minero”.
Aspectos sociales
En el país hay ocho bonos y pensiones que el Estado ecuatoriano viene entregando mensualmente y este es otro asunto que asumirá el próximo mandatario. En 2022 se han beneficiado a 1′459.630 personas con más de $ 1.200 millones. Y la cobertura de ese año comparado con la del 2023 es un poco menos y se coloca en 1′438.782 beneficiados con una inyección económica de $ 323 millones entre enero y abril, según datos del Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES). Para este año, hay un presupuesto asignado de más de $ 1.300 millones.
El Bono de Desarrollo Humano es uno de ellos y es de $ 55. Va dirigido a familias en situación de pobreza y pobreza extrema. En el primer trimestre de 2023 se entregaron $ 109 millones y hay asignado $ 456 millones.
Con el Bono de Desarrollo Humano con componente variable, que va destinado a familias en extrema pobreza con hijos ecuatorianos menores de 18 años, el pago es de máximo $ 150 y en los últimos cuatro meses del 2023 van 275.443 personas. El presupuesto otorgado para este bono es de $ 270 millones y de enero a marzo del presente año se van dando $ 70 millones.
En educación, se proyectó gastos por $ 5.583 millones. Esta cifra incluye $ 450 millones para cubrir el alza de los salarios de los maestros y unos 98 millones estarán destinados a construir y dar mantenimiento a escuelas y colegios.
En salud, fueron $ 3.601 millones, es decir, 13% más que en 2022. Aquí el 52% del presupuesto para salud fue pensado para salarios de médicos, enfermeras y personal de apoyo.
Un escenario muy cercano será la presentación de la Proforma del Presupuesto General del Estado del 2024, que el Ejecutivo deberá remitir a la Asamblea. (I)
Fuente: El Universo
