En un avance significativo dentro del proceso judicial que se desarrolla en Argentina por presuntos crímenes de lesa humanidad en Venezuela, el magistrado federal Sebastián Ramos ha resuelto convocar al gendarme Nahuel Gallo para que preste declaración testimonial. Esta causa es la misma que ha derivado en un pedido de captura internacional contra el mandatario Nicolás Maduro.
La determinación del juez responde favorablemente a un requerimiento interpuesto por Tomás Farini Duggan, abogado representante de la querella. El objetivo de esta citación es profundizar en la recolección de pruebas sobre el accionar de las fuerzas de seguridad y la estructura estatal venezolana durante los periodos investigados.
Fundamentos de la resolución judicial
El juez Ramos fundamentó su decisión resaltando el valor que el testimonio del gendarme puede aportar para el esclarecimiento de los hechos. En la resolución oficial, el magistrado señaló lo siguiente:
“Pudiendo resultar pertinente y útil a la presente investigación escuchar en calidad de testigo” a Nahuel Gallo “conforme lo solicitara la querella-, quien podría aportar su conocimiento sobre los sucesos que aquí se pesquisan, denunciados como ejecutados por la estructura del Estado venezolano, convóqueselo a tales fines, a efectos de reforzar el plexo probatorio acumulado en relación a la violación sistemática de los derechos humanos fundamentales por parte de sus autoridades”
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Requerimientos a la Gendarmería Nacional
A pesar de la resolución, la fecha de la audiencia aún no ha sido fijada. Previamente, el juzgado ha solicitado a la Gendarmería Nacional Argentina la entrega de un informe pormenorizado para coordinar la declaración. Los puntos clave que la institución debe aclarar son:
- Si el testigo Nahuel Gallo está en condiciones físicas y legales para declarar bajo juramento.
- El tiempo estimado en el que podría concretarse la diligencia y la modalidad específica para la misma.
- Si sobre el uniformado pesa alguna obligación de guardar secreto de la cual deba ser relevado formalmente por sus superiores antes de comparecer ante la justicia.
Esta medida busca consolidar las evidencias sobre la violación de derechos humanos en el país caribeño, en un expediente que sigue sumando testimonios y elementos probatorios bajo la jurisdicción de los tribunales argentinos.
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