Las autoridades de Rusia han emitido una denuncia formal tras un incidente bélico ocurrido en aguas del mar Mediterráneo. Según el reporte oficial, un metanero ruso fue blanco de una ofensiva ejecutada con lanchas no tripuladas por parte de Ucrania. El evento se localizó específicamente frente a la zona costera de Libia, en las proximidades de las aguas territoriales pertenecientes a Malta, nación integrante de la Unión Europea.
A través de un comunicado difundido en sus canales oficiales, el Ministerio de Transportes de Rusia detalló que el navío involucrado es el ‘Actic Metagaz’. El organismo precisó que la agresión se registró el pasado 3 de febrero, mientras la embarcación cumplía con sus protocolos de navegación internacional.
Detalles de la navegación y el rescate
El buque había zarpado originalmente desde el puerto de Murmansk transportando un cargamento que, de acuerdo con las fuentes rusas, se ajustaba estrictamente a la normativa global vigente. Al momento del ataque, la tripulación estaba compuesta por un total de 30 personas, todos ciudadanos de nacionalidad rusa. Afortunadamente, se confirmó que la totalidad de los navegantes fueron puestos a salvo.
El éxito de la operación de salvamento fue atribuido a una intervención conjunta y rápida. El Ministerio ruso destacó que
«gracias a los esfuerzos coordinados de los servicios de rescate malteses y rusos, los 30 tripulantes, todos rusos, fueron rescatados»
, evitando así una tragedia humana de mayores proporciones en alta mar.
Calificación legal del incidente por parte de Moscú
Desde la administración rusa, la postura frente a este hecho es de una condena absoluta. El Gobierno ha calificado formalmente lo sucedido como «un acto de terrorismo internacional y piratería marítima». Asimismo, las autoridades denunciaron que el ataque constituye una «flagrante violación de las normas fundamentales de la ley marítima internacional».
Finalmente, Moscú lanzó una dura advertencia a la comunidad internacional, señalando que estos actos criminales habrían contado con la supuesta connivencia de autoridades de Estados miembros de la Unión Europea. Según las declaraciones oficiales, este tipo de acciones no deben quedar sin respuesta ni ser ignoradas por los organismos globales encargados de velar por la seguridad en las rutas comerciales marítimas.
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