Tras las recientes advertencias emitidas por el mandatario estadounidense, Donald Trump, la administración de España ha fijado una postura firme. El Ejecutivo ha manifestado que, si Washington pretende interrumpir los vínculos comerciales, dicha acción debe ejecutarse bajo el estricto respeto a las empresas privadas y a los marcos regulatorios suscritos con el conjunto de la Unión Europea.
Desde el palacio de la Moncloa se ha asegurado que el país dispone de los recursos y herramientas necesarias para «contener posibles impactos». Asimismo, el Gobierno señaló que cuenta con planes para respaldar a los sectores económicos que pudieran resultar damnificados y para impulsar la diversificación de las actuales rutas de suministro.
«Si la administración norteamericana quiere revisarla deberá hacerlo respetando la autonomía de las empresas privadas, la legalidad internacional, y los acuerdos bilaterales entre la Unión Europea y EEUU», detallaron fuentes oficiales del Ejecutivo.
El origen de la tensión diplomática
La reacción del equipo de Pedro Sánchez surge en respuesta a las afirmaciones de Trump, quien anunció haber ordenado el cese total de las transacciones con España. El presidente de Estados Unidos calificó al país ibérico como un aliado «terrible», una declaración motivada por la negativa de Madrid a permitir que las bases militares de Rota y Morón fueran utilizadas por Washington en su operación militar dirigida contra Irán.
Estas declaraciones fueron vertidas por Trump desde el Despacho Oval, donde se encontraba acompañado por el canciller alemán Friedrich Merz. Durante dicha intervención, el líder estadounidense arremetió contra la gestión española, calificándola de «poco amistosa». «Vamos a cortar todo el comercio», sentenció el mandatario, subrayando su intención de no mantener ningún tipo de vínculo con la nación europea.
Discrepancias sobre el gasto en Defensa
Otro punto de fricción reside en la inversión militar. Trump reiteró sus ataques contra el presidente Sánchez debido a la negativa de este último a destinar el 5% del PIB a la cartera de Defensa. Este porcentaje fue el objetivo planteado por los aliados de la OTAN durante la cumbre celebrada el pasado verano en La Haya (Países Bajos).
Contrario a esta visión, Moncloa sostiene que España se mantiene como un «miembro clave» de la Alianza Atlántica. Afirman que el país «cumple con sus compromisos y contribuye de forma destacada a la defensa del territorio europeo». Además, recordaron que la nación es una potencia exportadora dentro del bloque comunitario y un socio de confianza para 195 países, destacando que con Estados Unidos existe una relación «histórica y mutuamente beneficiosa».
El gabinete español subrayó que su intención primordial siempre será fomentar el libre mercado y la cooperación económica internacional bajo una premisa de «respeto mutuo» y cumplimiento de la legalidad.
«Porque lo que la ciudadanía pide y merece es más prosperidad, no más problemas», enfatizaron.
La postura del Ministerio de Exteriores
La represalia anunciada por Trump ocurrió pocas horas después de que José Manuel Albares, ministro de Asuntos Exteriores, declarara no temer «ninguna consecuencia» por la decisión de limitar el uso de las bases del sur de la península para las incursiones contra Irán.
Albares argumentó que la estrategia bélica de Washington carece del respaldo de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Del mismo modo, puntualizó que dicha operación no encaja dentro de los términos del convenio bilateral entre Madrid y Washington que regula las bases, las cuales se encuentran bajo soberanía española.
En una comparecencia tras el Consejo de Ministros, el jefe de la diplomacia española reiteró: «No esperamos en absoluto ninguna consecuencia». Además, aclaró que hasta ese momento no se habían producido contactos directos con la administración de Trump ni se había recibido reclamo alguno por la posición adoptada por España.
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