En un operativo realizado en el municipio de Hatonuevo, departamento de La Guajira, las autoridades lograron la captura de Luis Alfredo Acuña Vega. El detenido se desempeña como escolta de la Unidad Nacional de Protección (UNP) y forma parte del esquema de seguridad de Jaime Luis Lacouture, quien ejerce como secretario general de la Cámara de Representantes.
Al momento de su detención, Acuña Vega transportaba la suma de $145 millones en efectivo. Además del dinero, el funcionario portaba material de propaganda electoral relacionado con la campaña de Daniel Restrepo, actual representante a la Cámara por el Partido Conservador y aspirante al Senado. Los reportes indican que el implicado se movilizaba en una camioneta de marca Toyota, donde ocultaba siete sobres con los recursos económicos mencionados.
El director de la UNP, Augusto Rodríguez, ratificó la detención del escolta y enfatizó que existe una directriz clara desde la Presidencia de la República para perseguir y desmantelar cualquier red dedicada a delitos electorales.
El primer mandatario, Gustavo Petro, utilizó sus canales oficiales para referirse al caso, confirmando que la Policía Nacional tiene instrucciones precisas de actuar frente a quienes intenten corromper el sistema de sufragio. A través de la red social X, el jefe de Estado manifestó lo siguiente:
“La policía nacional tiene orden del Presidente de la República de capturar a los compradores de votos y ponerlos a órdenes de la fiscalía por delitos contra el sufragio. La compra de votos permite que los criminales se adueñen del estado y de la ley en contra del pueblo”.
Por su parte, Rodríguez aclaró que el vehículo en el que se desplazaba Luis Alfredo Acuña Vega no pertenece a la flota oficial de la Unidad Nacional de Protección.
Detalles del operativo policial
El general William Rincón, director de la Policía Nacional, ofreció pormenores sobre el procedimiento que tuvo lugar en la carretera que conecta Distracción con Cuestecitas. Según el alto mando, el dinero incautado estaba presuntamente destinado a la compra de voluntades ciudadanas en las urnas.
“En la vía Distracción – Cuestecitas (La Guajira), la Policía Nacional incautó $145 millones que, presuntamente, serían destinados a la compra de votos”, sostuvo el oficial.
Rincón detalló que los sobres incautados estaban debidamente rotulados con nombres específicos de dos municipios y un corregimiento, lo que sugiere un plan organizado para la comisión de ilícitos. En el acto fueron arrestadas dos personas.
“El dinero fue hallado oculto en un vehículo en el que también se encontró propaganda política alusiva a un candidato al Senado. Los recursos estaban distribuidos en siete sobres, marcados con los nombres de dos municipios y un corregimiento, lo que evidenciaría una posible estructura para la comisión de delitos electorales. En el procedimiento fueron capturadas dos personas, quienes deberán responder ante las autoridades competentes”, aseguró el general.
Asimismo, el oficial concluyó reafirmando la postura institucional:
“La Policía Nacional reitera su compromiso con la transparencia del proceso electoral y continuará desplegando todas sus capacidades institucionales para garantizar elecciones libres, seguras y en plena legalidad”.
Marco legal y sanciones vigentes
En el territorio colombiano, los delitos relacionados con el sufragio se encuentran estipulados en el Código Penal y se rigen bajo la Ley 1864 de 2017. Esta normativa busca proteger la integridad de las elecciones, castigando conductas como el fraude, el constreñimiento al elector, la financiación irregular de campañas y el tráfico de votos.
Las consecuencias legales para quienes participen en estas actividades son severas:
- Perturbación del proceso electoral: Penas de prisión de entre 4 y 9 años, junto con multas de hasta 200 salarios mínimos. Si hay violencia de por medio, la condena puede escalar a los 12 años.
- Constreñimiento al sufragante: Quienes presionen o amenacen a ciudadanos para votar en determinado sentido enfrentan de 4 a 9 años de cárcel.
- Compra y venta de votos: Estos delitos conllevan penas de 4 a 8 años de prisión y sanciones económicas que pueden alcanzar los 1.200 salarios mínimos legales mensuales vigentes.
Adicionalmente, la legislación colombiana impone agravantes especiales cuando los responsables son servidores públicos, lo cual puede derivar en la inhabilitación permanente para ejercer cargos estatales.
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