La crisis por el desabastecimiento de Gas Natural Vehicular (GNV) ha generado una ola de indignación y largas esperas en diversos puntos de la capital peruana. En estaciones de servicio ubicadas en la avenida Tomás Valle, dentro del distrito de San Martín de Porres, los conductores han manifestado su malestar ante el racionamiento del combustible. Según las disposiciones del Ministerio de Energía y Minas (Minem), esta situación crítica se mantendrá por un periodo estimado de 14 días.
El panorama es igualmente desalentador en Pueblo Libre, donde se han reportado filas de vehículos que alcanzan las seis cuadras de extensión. A pesar de que se informó a los usuarios que el suministro comenzaría a las 6:00 a.m., el despacho del combustible no se normalizó pasada esa hora. Entre los más perjudicados se encuentran los taxistas y propietarios de vehículos livianos, quienes dependen diariamente de este recurso para su sustento económico.
El origen del problema: Incidente en Camisea
La raíz de esta contingencia se encuentra en el proyecto Camisea, la fuente energética más vital del país ubicada en la región de Cusco. Durante los días 1 y 2 de marzo de 2026, se registró un siniestro de gravedad en el kilómetro 43 del distrito de Megantoni, provincia de La Convención. Específicamente, el ducto de líquidos de gas natural sufrió una fuga y una deflagración (explosión con llama visible), lo que obligó a una interrupción inmediata del flujo.
Ante la magnitud del evento, el Gobierno del Perú, a través del Minem, optó por declarar el estado de emergencia en el suministro de gas natural a nivel nacional. Esta medida, que inicialmente durará dos semanas, establece una jerarquía de prioridades donde se privilegia el consumo de los hogares y el transporte público masivo. Como contraparte, se ha restringido severamente la venta de GNV para el parque automotor particular en Lima.
Impacto severo en el sector eléctrico
La paralización del transporte de gas no solo ha afectado a los grifos, sino que ha golpeado duramente la matriz energética del país. La falta de insumo dejó inoperativas a casi la totalidad de las plantas termoeléctricas situadas en Lima y sus zonas aledañas. Esto provocó que el precio de la electricidad en el mercado mayorista sufriera un incremento exponencial, escalando de los 30-40 dólares por MWh a picos superiores a los 200 dólares por MWh.
Para evitar un colapso en el sistema y prevenir apagones en zonas residenciales, las autoridades activaron las centrales de respaldo a diésel. Si bien esta medida garantiza que la luz llegue a las casas, representa un costo de generación significativamente más elevado para el sistema eléctrico nacional.
Situación de desabastecimiento
La emergencia declarada tras el incidente del 1 de marzo de 2026 en el ducto de Camisea ha forzado un racionamiento bajo la estricta vigilancia de Osinergmin. Este esquema de distribución controlada busca proteger a los sectores estratégicos, dejando en una posición vulnerable a la industria y a los usuarios particulares. Los efectos económicos son inmediatos: se estima que más de 335,000 vehículos livianos en Lima y el Callao han sido excluidos de la distribución prioritaria de GNV.
Esta exclusión obliga a los conductores a migrar hacia el uso de gasolina, un combustible que puede resultar hasta un 70% más costoso que el gas natural. Para un taxista promedio, este cambio implica que su gasto mensual en combustible podría triplicarse, una carga financiera que inevitablemente derivará en un incremento de las tarifas para los pasajeros finales.
- Prioridad de suministro: Hogares, comercios y transporte público masivo.
- Afectados directos: Más de 335,000 vehículos de GNV y empresas de generación eléctrica.
- Costo de energía: Incremento de más del 400% en el mercado mayorista eléctrico.
A pesar de que el suministro eléctrico residencial se mantiene estable gracias a los sistemas de respaldo, la economía familiar y el sector transporte enfrentan un panorama de incertidumbre mientras se realizan las reparaciones en el ducto de la región cusqueña.
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