Durante la última semana, diversas comunidades originarias y defensores ambientales de la cuenca del río Tapajós, situada en la Amazonía de Brasil, alcanzaron un triunfo de gran relevancia histórica. Lograron paralizar los planes gubernamentales que pretendían privatizar este afluente para transformarlo en una extensa vía comercial destinada al transporte masivo de soja. La movilización, que congregó a cerca de mil activistas de las etnias Mundurukú, Arapiun y Apiaká, consistió en la ocupación del terminal de granos de la multinacional Cargill en Santarém. Esta presión social obligó a la administración federal a retroceder en sus intenciones originales.
Como resultado directo de estas acciones, se revocó el decreto que buscaba subastar la gestión de tres cuencas fluviales críticas: el Tapajós, el Madeira y el Tocantins. Este proyecto, que había sido impulsado meses atrás por el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, buscaba consolidar al Tapajós como una “hidrovía” estratégica para conectar a los productores del agronegocio brasileño con mercados globales, especialmente China. No obstante, las organizaciones indígenas alertaron que convertir estos ecosistemas en corredores industriales pone en riesgo la biodiversidad, la soberanía alimentaria y la integridad de sus territorios ancestrales. Cabe señalar que el Tapajós ya padece una grave contaminación por la minería ilegal y el flujo constante de embarcaciones.
Tensiones políticas y críticas al Gobierno
Pese a la victoria de los movimientos sociales, el sector pro-agronegocio ha reaccionado con descontento. Pedro Lucas Fernandes, líder del partido Unión Brasil en la Cámara de Diputados, solicitó formalmente que estas hidrovías sean devueltas al Programa Nacional de Desestatización. A través de redes sociales, el legislador argumentó que dar marcha atrás a estos planes
“interrumpe la planificación, genera inseguridad jurídica y transmite el mensaje de que las decisiones estratégicas pueden quedar paralizadas por la presión popular”
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Esta coyuntura expone las contradicciones de Lula da Silva, quien tiene en los pueblos indígenas a su base electoral más simbólica de cara a los comicios presidenciales de octubre. Muchos recuerdan el gesto del 1 de enero de 2023, cuando el líder indígena Raoni Metuktire, de 94 años, le entregó la banda presidencial. Sin embargo, durante la reciente COP 30, el mismo Raoni manifestó su decepción por el apoyo del mandatario a la exploración petrolera en la Margen Ecuatorial, cerca de la desembocadura del Amazonas. Los líderes denuncian que estas perforaciones se aprobaron sin una consulta previa, ignorando los derechos de los habitantes locales y contradiciendo el discurso gubernamental contra el cambio climático.
El riesgo de estas operaciones quedó en evidencia el pasado 4 de enero. En un punto ubicado a 175 kilómetros de las costas de Amapá, se registró un incidente en el buque sonda NS-42, gestionado por Petrobras, que resultó en el vertido de 18,44 m³ de fluido de perforación de base no acuosa. Debido a este suceso, el IBAMA (Instituto Brasileño del Medio Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables) impuso una sanción económica de 2,5 millones de reales (aproximadamente 487.225 dólares) a la petrolera estatal. El ente regulador especificó que, aunque el fluido es biodegradable, su liberación afecta una zona vulnerable rica en manglares y corales. Pese a la multa, las labores de exploración han continuado.
Avances legislativos y crisis de salud
Otro frente de preocupación es el proyecto de ley 2903/2023, recientemente avalado por la Comisión de Derechos Humanos del Senado. Esta normativa pretende abrir las tierras indígenas a la explotación de gas, petróleo y minería (garimpo). La activista Txai Suruí ha sido una de las voces más críticas, calificando la iniciativa en un editorial de Folha de São Paulo como una
“institucionalización del ecocidio, del genocidio y de la violación de los derechos humanos”
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Suruí fundamentó su postura citando una investigación de la Fiocruz (Ministerio de Salud), la cual reveló que el 100% de los integrantes del pueblo Paiter Suruí analizados presentan mercurio en su organismo. Los daños documentados incluyen afectaciones neurológicas severas y riesgos para el desarrollo de los niños. La líder desestimó la idea de que la minería traiga progreso, asegurando que solo genera violencia, deforestación y patologías, poniendo como ejemplo la impunidad que prevalece en el estado de Rondônia.
Por otro lado, el pueblo Yanomami atraviesa una emergencia sanitaria agravada por brotes de tos ferina en el territorio de Roraima. El Ministerio de Salud ha confirmado el fallecimiento de tres menores y al menos ocho contagios adicionales. Esta crisis se vincula directamente con la baja cobertura de inmunización: en el cierre del gobierno de Jair Bolsonaro (2022), solo el 29,8% de los niños menores de un año estaban vacunados. Aunque en 2025 la cifra subió al 57,8%, sigue lejos del 90% requerido para garantizar seguridad. La organización Urihi Yanomami advierte que la cifra real de muertes podría superar los datos oficiales, en un entorno ya devastado por la malaria y la desnutrición derivadas de la minería ilegal.
El silencio presidencial y la violencia rural
En el ámbito institucional, Lula ha optado por no intervenir directamente en la disputa sobre la Ley General de Licenciamiento Ambiental, apodada por ecologistas como la “Ley de la Devastación”. Esta norma busca simplificar los trámites ambientales mediante autocertificaciones y restringe la influencia de la FUNAI (Fundación Nacional del Indio). Aunque el Supremo Tribunal Federal (STF) solicitó un pronunciamiento del Ejecutivo tras una demanda de inconstitucionalidad presentada por el PSOL y la APIB, el presidente dejó expirar el plazo sin emitir respuesta, lo que analistas interpretan como un intento de no fracturar su relación con el Congreso y el poder del agronegocio.
Finalmente, un informe de Oxfam Brasil revela que la Amazonía Legal concentró el 46,9% de los conflictos agrarios del país en 2023, sumando un total de 1.034 casos. Los estados de Pará y Maranhão lideran las estadísticas de violencia. Las causas principales identificadas son el grilagem (usurpación de tierras), la minería ilegal y la expansión desmedida de las redes criminales. En 2024, Maranhão reportó 365 conflictos, una cifra récord, mientras que Pará registró 240. El estudio destaca que esta inestabilidad territorial está ligada a la precariedad en salud y seguridad, habiéndose registrado 25 homicidios de defensores de derechos humanos entre 2021 y 2022, afectando de forma desproporcionada a las poblaciones originarias.
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