La justicia de Panamá ha concluido este viernes el proceso judicial más relevante y mediático de su historia reciente. Tras finalizar los alegatos de la defensa en el caso de los sobornos de la constructora Odebrecht, considerado el mayor entramado de corrupción en el país, la jueza Baloisa Marquínez clausuró la audiencia. Ahora, el tribunal entra en una fase de deliberación que se extenderá más allá de los treinta días establecidos por la ley, debido a la complejidad y el extenso volumen del expediente.
Detalles de las jornadas judiciales
A lo largo de veinticuatro jornadas de audiencia, el tribunal analizó las pruebas y descargos de más de una veintena de personas imputadas por el presunto delito de blanqueo de capitales. Entre los procesados destacan el expresidente Ricardo Martinelli y diversos exministros que formaron parte de su administración durante el periodo 2009-2014. Este proceso, liderado por la jueza Marquínez, comenzó formalmente el 12 de enero tras haber sufrido seis suspensiones previas, motivadas por la falta de asistencia judicial desde Brasil y los inconvenientes para la comparecencia de Martinelli, quien se encuentra asilado en Colombia.
La lista de señalados incluye también al exmandatario Juan Carlos Varela (2014-2019) y a figuras de los dos principales partidos políticos del país. Según las investigaciones de la Fiscalía de Panamá, estos habrían percibido recursos ilícitos destinados a financiar campañas electorales. En total, la red involucra a más de treinta personas que habrían gestionado un sistema de lavado de activos donde Odebrecht desembolsó una cifra superior a los 80 millones de dólares en coimas para obtener contratos de infraestructura pública.
Pruebas y solicitudes de condena
Para sustentar el caso, la Fiscalía presentó evidencia recolectada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, informes policiales de Andorra y testimonios de delatores premiados en Brasil. La fiscal Ruth Morcillo sostuvo que la carga probatoria es contundente, solicitando formalmente una sentencia condenatoria para dieciséis de los implicados. En este grupo se encuentran el expresidente Ricardo Martinelli, cinco antiguos ministros y el excandidato a la presidencia, José Domingo Arias. Por otro lado, la fiscalía pidió la absolución para cinco sujetos y el pago de una indemnización económica a favor del Estado panameño.
En lo que respecta a la situación de Ricardo Martinelli, la parte acusadora sostiene que existen vínculos directos con los pagos irregulares de la empresa brasileña. De acuerdo con el dictamen fiscal,
“existen los elementos probatorios que permiten sustentar una condena para el acusado”
. Cabe destacar que el exgobernante participó en las sesiones de forma telemática desde territorio colombiano.
Procesos especiales y fueros
Existen excepciones en el proceso principal: los hijos de Martinelli, Ricardo Alberto y Luis Enrique, junto con el expresidente Juan Carlos Varela, serán procesados bajo una vía distinta. Debido a que poseen la condición de miembros del Parlamento Centroamericano, su caso corresponde legalmente a la Corte Suprema de Justicia bajo un régimen de fuero especial.
El origen de esta macrocausa en Panamá se remonta al año 2015. Tras un breve archivo, la investigación fue reactivada en 2017, coincidiendo con las revelaciones de la constructora en Estados Unidos, donde admitió el pago global de 788 millones de dólares en sobornos en diversos países. La fase de instrucción panameña cerró en octubre de 2018, reforzada por las confesiones de André Rabello, exjefe de la firma en el país, quien ratificó el desvío de más de 80 millones de dólares hacia políticos y particulares.
La estructura de corrupción, según la fiscalía, se valió de sociedades y cuentas bancarias en jurisdicciones como Suiza y Andorra, con el apoyo de instituciones bancarias y testaferros. Como parte de las sanciones derivadas, se le impuso a Odebrecht una multa de 220 millones de dólares, de los cuales ha pagado 78 millones hasta ahora. En cuanto a la recuperación de activos, se han confiscado 16 millones de dólares en Panamá y otros 43 millones en el extranjero.
El veredicto final, que determinará la responsabilidad penal de cada uno de los involucrados, será anunciado en las próximas semanas una vez que la jueza concluya la valoración integral de todas las pruebas expuestas.
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