Las autoridades federales de Estados Unidos han iniciado una exhaustiva investigación en torno al buque Ocean Mariner, de bandera liberiana, el cual zarpó desde puertos colombianos a principios de febrero de 2026. La embarcación, que transportaba un millonario cargamento de combustible, fue interceptada por la guardia costera estadounidense tras una alerta sobre un presunto desvío ilegal hacia Cuba.
Este procedimiento ha detonado una indagación que no solo busca determinar el cumplimiento de las sanciones impuestas por Washington a la isla caribeña, sino que también señala un esquema de contrabando de diésel subsidiado. Se estima que la operación comercial alcanza un valor superior a los USD 6,9 millones, cifra que equivale a más de 25.000 millones de pesos colombianos.
Rutas modificadas y empresas involucradas
A pesar de que ante las autoridades se sostiene que la transacción cumplió con la legalidad, los documentos oficiales declaraban originalmente que el destino del combustible era la República Dominicana. No obstante, tras el incidente, el carguero modificó su trayectoria para finalmente descargar en las Bahamas, donde el producto fue adquirido por la multinacional Trafigura Group PTE Ltda.
Hasta el momento, se han identificado tres compañías principales en el entramado de esta negociación:
- ISM Ingeniería Servicios, Montaje, Estaciones de Servicios SAS: actuando como la parte vendedora.
- Monarch Security Latin America Inc.: en calidad de firma intermediaria.
- Trafigura Group: como la organización compradora.
Se sospecha de la participación de una cuarta empresa, cuya identidad aún permanece bajo reserva. Previo a la salida del Ocean Mariner, el cargamento fue sometido a inspección por parte de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa) y un representante de Ecopetrol. Esta supervisión ocurrió aun cuando la nave ya generaba sospechas en Washington por traslados previos de ayuda humanitaria desde México hacia Cuba.
Advertencias de seguridad y la sombra de Álex Saab
La investigación del FBI, que se mantiene bajo un expediente reservado, se originó tras la advertencia de un alto funcionario del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos. La alerta indicaba que el cargamento consistía en diésel subsidiado de contrabando y no en fueloil —combustible para generación eléctrica y maquinaria— como se reportó en la declaración oficial.
En el marco de esta polémica, ha resurgido el nombre de Felipe de la Vega Vergara, un conocido gestor de negocios en el sector de hidrocarburos, señalado como posible intermediario. De la Vega ha sido vinculado anteriormente con la empresa Trenaco SAS, firma donde participaba Carlos Gutiérrez Robayo, concuñado del mandatario Gustavo Petro.
Este entramado cobró relevancia internacional en 2016, cuando Álex Saab —identificado como presunto testaferro de Nicolás Maduro— mostró interés comercial en Trenaco, mientras ya era investigado por las autoridades estadounidenses.
Declaraciones del implicado
Al ser consultado sobre estos señalamientos, Felipe de la Vega rechazó cualquier vínculo con la venta bajo sospecha:
“No tengo idea de quién es o por qué me estén mencionando. Como ya manifesté, no fui yo quien intermedió esta venta ni tampoco ofrecí ese producto a ninguna otra compañía o comprador”
El empresario admitió haber operado como bróker para Conquers International en Colombia, pero aclaró que su función se limita a la asesoría logística y la conexión entre compradores y vendedores.
“Yo no exporto ni importo, presento posibles compradores o vendedores a diferentes compañías del sector, tanto en Colombia como a nivel internacional. Y asesoro en temas de logística. Esto es con muchas compañías. No he trabajado con países o con productos sancionados”
, precisó. Finalmente, enfatizó que no ha tenido contacto con Gutiérrez Robayo desde hace once años.
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