El representante permanente de la República Islámica ante las Naciones Unidas, Reza Nayafi, ha denunciado que, durante los últimos ocho meses, el gobierno de Israel ha proferido amenazas directas y constantes de intervenciones militares contra la infraestructura nuclear iraní. Según el diplomático, estas instalaciones tienen un propósito estrictamente pacífico. Nayafi enfatizó que las recientes agresiones coordinadas vulneran flagrantemente los pilares de la Carta de las Naciones Unidas y el Estatuto del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), así como diversas leyes internacionales que protegen la integridad de los complejos nucleares bajo salvaguarda.
Ante esta situación, la administración de Irán ha formalizado un pedido de carácter urgente para convocar a una sesión extraordinaria de la Junta de Gobernadores del OIEA. El propósito de este encuentro es analizar el ataque ejecutado el pasado sábado 28 de febrero de 2026 en territorio iraní. La nación persa sostiene que esta operación militar, perpetrada por Israel y Estados Unidos, tuvo como trasfondo forzar un cambio de régimen en el país, lo que representa una transgresión gravísima del orden jurídico global.
Amenazas de alto nivel y responsabilidad internacional
En el documento oficial presentado por el embajador Reza Nayafi, se señala directamente al vicepresidente de los Estados Unidos, JD Vance, y al secretario de Estado, Marco Rubio, además de a diversos altos funcionarios israelíes, por emitir advertencias públicas contra el programa nuclear de Teherán. Irán argumenta que tales declaraciones incrementan el nivel de riesgo regional y obligan al OIEA a intervenir de manera inmediata para evitar desastres mayores.
De acuerdo con la comunicación enviada, el OIEA, bajo las facultades que le otorga su propio Estatuto, debe asumir la responsabilidad urgente de responder ante amenazas y ofensivas militares. El objetivo principal es resguardar las instalaciones que se encuentran bajo su supervisión directa y mantener la fiabilidad de todo el sistema de salvaguardias internacionales que rige la actividad nuclear en el mundo.
Asimismo, el gobierno iraní ha solicitado formalmente al director general del organismo, Rafael Mariano Grossi, que gestione de forma expedita la reunión de la Junta de Gobernadores, considerada la máxima autoridad de la entidad. Se busca que los estados miembros puedan debatir y establecer una respuesta firme frente a las hostilidades y las amenazas sin precedentes que sufren los sitios nucleares iraníes, los cuales están declarados como pacíficos y bajo custodia internacional.
«La República Islámica ejerce su derecho legítimo a la defensa conforme al artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas»
Esta postura fue reforzada por el ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, quien dirigió una carta al secretario general de la ONU, António Guterres. En dicho texto, Araqchi destaca que el artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas faculta a cualquier Estado a responder defensivamente ante actos de agresión externa. Esta base legal fundamenta la reacción de Teherán tras las acciones militares planificadas y ejecutadas desde Washington y Tel Aviv.
La diplomacia iraní argumenta que la intervención de la Junta de Gobernadores es vital para proteger el carácter pacífico de su industria nuclear y su integridad física. Advierten que, si el OIEA no aborda de forma adecuada esta situación, se pondría en serio riesgo la confianza global en el funcionamiento del sistema multilateral de supervisión nuclear. La inviolabilidad de los sitios protegidos por el derecho internacional es un principio que Irán considera innegociable.
Por su parte, Reza Nayafi instó a los países miembros del organismo a asumir un papel activo y vigilante. La intención es garantizar que los hechos ocurridos el 28 de febrero de 2026 no sienten un precedente peligroso que debilite los acuerdos de salvaguarda y la protección de infraestructuras nucleares bajo supervisión internacional en cualquier parte del planeta.
Finalmente, la solicitud de esta sesión busca encarar tanto los riesgos emergentes para la seguridad de las plantas iraníes como las profundas consecuencias políticas y jurídicas de los ataques. Para Teherán, la defensa de su programa nuclear ante amenazas externas constituye actualmente una prioridad absoluta de su política exterior, centrando el debate global sobre los límites de la protección internacional para este tipo de instalaciones reguladas.
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