La Fiscalía General de la Nación se encuentra adelantando una indagación que podría transformar radicalmente el curso legal del escándalo que sacude al entorno familiar del presidente Gustavo Petro.
En esta nueva etapa del proceso, la atención se centra en Laura Ojeda, actual pareja sentimental de Nicolás Petro. La mujer podría ser vinculada formalmente a una imputación por los presuntos delitos de acceso abusivo a sistemas informáticos y violación de datos personales.
Este giro en las investigaciones permitiría que Day Vásquez, quien fuera esposa del hijo del jefe de Estado, asuma el rol de víctima dentro del expediente, desplazando su anterior condición de investigada en este acápite particular del caso.
Según los detalles de la investigación conocidos recientemente, el origen de este nuevo capítulo judicial radica en el presunto clonaje de la tarjeta SIM correspondiente al número telefónico de Vásquez. 
Los peritos judiciales habrían hallado evidencias determinantes durante una extracción forense practicada al dispositivo móvil de Laura Ojeda. En dicho procedimiento, efectuado tras un allanamiento a la vivienda que Ojeda y Petro habitaban en la ciudad de Barranquilla, se detectaron rastros de gestiones no autorizadas para duplicar la SIM con el fin de intervenir las comunicaciones privadas de la exesposa de Nicolás Petro.
Uno de los elementos probatorios que mayor relevancia ha cobrado en el expediente son los registros de mensajería entre Nicolás Petro y Day Vásquez. En dichas interacciones, se habría detectado un mensaje donde el exdiputado admite la situación de manera explícita:
“Te chuzé”
Para los investigadores, esta frase es una pieza fundamental para establecer las responsabilidades individuales y determinar si existió la participación de otros involucrados en la interceptación ilegal.
Por otro lado, la defensa técnica de Ojeda ha cuestionado severamente la legalidad de los datos obtenidos de su teléfono celular, solicitando que este material sea excluido del juicio contra su pareja. Los abogados argumentan que la prueba no posee validez legal y han advertido que, de considerarse una vulneración a sus derechos fundamentales, podrían elevar el caso ante instancias internacionales. 
Controversia judicial por la entrevista de Nicolás Petro
De forma paralela al proceso de datos, los abogados de Nicolás Petro han solicitado formalmente que se descarte como prueba tanto una entrevista concedida a un medio de comunicación nacional como la información contenida en el teléfono entregado por Day Vásquez, bajo la premisa de que fueron elementos obtenidos ilícitamente.
Durante el desarrollo de la audiencia preparatoria, la fiscal Lucy Laborde sostuvo con firmeza que la declaración del exdiputado no fue el resultado de una presión institucional ni de una diligencia judicial forzada. La funcionaria recalcó que se trató de una manifestación libre, espontánea y voluntaria, por lo que el ente acusador busca que sea admitida como prueba documental en el juicio por enriquecimiento ilícito y lavado de activos.
Para validar dicha prueba, la Fiscalía anunció que presentará un testigo de acreditación que dará fe de la autenticidad del contenido, así como de la fecha y las condiciones en las que se realizó la entrevista. En dicho diálogo, el hijo del mandatario reconoció haber percibido fondos de Santander Lopesierra y Gabriel Hilsaca junto a su entonces cónyuge.
En su relato, el hijo del presidente mencionó que una fracción de esos dineros fue destinada a la logística de la campaña presidencial, aunque fue enfático en señalar que ni el presidente Gustavo Petro ni Ricardo Roa tuvieron conocimiento de estos movimientos financieros ni de su procedencia. 
El equipo de defensa, liderado por Iván Cancino, ha rebatido la posibilidad de que esa entrevista sea considerada una prueba de responsabilidad penal directa. Cancino argumentó que su admisión vulneraría garantías básicas como el debido proceso y el derecho constitucional a la no autoincriminación, subrayando que las declaraciones se dieron en un contexto donde Petro buscaba beneficios jurídicos.
A esta postura se sumó el abogado Alejandro Carranza, quien enfatizó que incorporar dicha entrevista ignoraría los precedentes fijados por la Corte Constitucional respecto al uso de manifestaciones extraprocesales. La resolución final queda en manos del juez, quien deberá determinar si estas declaraciones públicas tienen el peso suficiente para ser valoradas como prueba plena dentro del juicio.
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