Por los cortes de luz, la jueza Patricia Segarra no continuó con la diligencia, en la que el Colegio de Abogados expuso posibles «irregularidades» del proceso.
La audiencia pública virtual para sustanciar una acción de protección para que se suspenda el concurso de selección de siete jueces de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) se suspendió por falta de energía eléctrica.
La mañana de este 14 de diciembre de 2023, desde las 09:00, se instaló la audiencia pública para tramitar un recurso de acción de protección que interpuso Paúl Ocaña, presidente del Colegio de Abogados de Pichincha y de la Federación Nacional de Abogados, para pedir la suspensión del concurso público de méritos, oposición e impugnación ciudadana que lleva a cabo el Consejo de la Judicatura (CJ) para la selección de jueces de Corte Nacional.
Esto se dio en un contexto en el que el presidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán está detenido en la Unidad Flagrancia en Quito, por una investigación de presunta delincuencia organizada vinculada al narcotráfico y el crimen organizado que lleva a cabo la Fiscalía General del Estado, al que se nombró ‘Caso Metástasis’.
La jueza de la Unidad Judicial Tercera de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia, Patricia Segarra Faggioni instaló la diligencia, pero casi una hora después se suspendió por los corte de la energía eléctrica diarios.
En este tiempo, el accionante, Paúl Ocaña expuso las motivaciones para que se detenga el concurso; y Pablo Chávez, como representante del Consejo de la Judicatura presentaba sus alegatos de descargo, pero de repente se cortó la grabación y momentos después se cerró la diligencia virtual.
Paúl Ocaña alegó que en el proceso de renovación de siete jueces nacionales hay irregularidades que vulneran la seguridad jurídica y hay falta de transparencia.
Ejemplificó que el banco de preguntas elaboradas por un llamado Comité de Expertos lo integran actores que no cumplen con los mismos requisitos para ser juez nacional de una Corte de casación y que han sido cuestionados, como la exasambleísta de Pachakutik (PK), Mireya Pazmiño y un familiar del expresidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), Alembert Vera.
Además, de funcionarios del Consejo de la Judicatura e incluso una jueza de Cotopaxi que está siendo investigada por presunto tráfico de influencias, lo que provoca falta de imparcialidad, viola los principios de igualdad, probidad, oposición, méritos, autonomía, participación, no discriminación y paridad, anotó Ocaña.
Entre otras razones, el interpelante cuestionó las pruebas de confianza a las que se exponen los 136 postulantes inscritos en el concurso, así como el número de vacantes que el Consejo de la Judicatura ha dispuesto llenar.
Pidió a la jueza Segarra que identifique las irregularidades en las que se está desarrollando la selección de los altos magistrados del máximo órgano de justicia ordinaria del país y pidió que se lo suspenda.
Por su parte, el abogado Pablo Chávez, en representación del Consejo de la Judicatura aseguró que lo expuesto por Ocaña «no es así»; y, al contrario, es un proceso técnico en el que no existe vulneración de derechos y tampoco irregularidades.
Empezó a dar detalles de las resoluciones emitidas por la Judicatura para la organización del concurso, las etapas, los requisitos establecidos, plazos, composición de la Corte Nacional de Justicia… por lo que la jueza Patricia Segarra le pidió que concrete su intervención.
Minutos después se detuvo la grabación de la audiencia virtual y se cerró la transmisión. En una nueva providencia se convocará a la reinstalación.
El Consejo de la Judicatura lleva a cabo el concurso público para elegir a siete jueces de la Corte Nacional de Justicia, sobre el que la Misión Internacional de Observadores que la preside el jurista y exjuez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Diego García Sayán, sugirió revisarlo por ser un «proceso objetivamente borroso». apuntó García Sayán.
Como por ejemplo, porque en un primer examen de confianza a los aspirantes hubo dificultades y se repitió el procedimiento pero no a todos.
En respuesta a los cuestionamientos, el presidente de la Judicatura, Wilman Terán, increpó que lo que hay es un ataque sistemático en contra del concurso porque -según él- hay intentos de una «metida de mano en la justicia».
«Eso es lo que ocultan al tratar o intentar boicotear el concurso, porque no se les ha dado ninguna cuchara, ni se les ha satisfecho ningún apetito malsano. Ecuador merece transparencia, por ello caminamos a paso firme y vamos a evaluar a nivel nacional y convocar a los concursos que sean necesarios», manifestó Terán en una declaración pública, quien ahora es investigado por delincuencia organizada por la Fiscalía. (I)
Fuente: El Universo
