El presidente de la República, Gustavo Petro, ha ratificado la resolución 053 de 2026, mediante la cual se formaliza la creación de una Zona de Ubicación Temporal (ZUT) en el área rural del municipio de Valle del Guamuez, en el departamento del Putumayo. Esta infraestructura está diseñada específicamente para los integrantes de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB), con el fin de facilitar su transición hacia la legalidad y la vida civil.
Se estima que esta organización insurgente cuenta con una fuerza de aproximadamente 2.500 hombres en armas. De acuerdo con lo establecido en el Acuerdo No. 10, suscrito el pasado 25 de mayo de 2025 entre el Ejecutivo y la CNEB, se proyecta la capacitación y ubicación de 120 personas: un grupo de 60 en Putumayo y otros 60 en el departamento de Nariño, donde se contempla la apertura de una zona de características similares.
Detalles de la resolución y plazos establecidos
El documento oficial puntualiza el objetivo y la duración de este espacio territorial para el grupo armado:
“Establecer por diez (10) meses, a partir de la vigencia de la presente resolución, una Zona de Ubicación Temporal denominada “Zona para la Capacitación Integral y Ubicación Temporal de Vall del Guamuez (ZUT-2OCIUT)” ubicada en el área rural de ese municipio del departamento de Putumayo, en el marco del estado avanzado del proceso de paz con la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, que tendrá como objetivo adelantar el proceso de tránsito a la vida”
La normativa estipula que, durante un periodo de 10 meses, quedarán sin efecto las órdenes de captura y las solicitudes de extradición para los miembros de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano que permanezcan dentro de la zona o se encuentren en los trayectos de desplazamiento autorizados. Este beneficio aplica únicamente para quienes integren el listado validado por la Oficina del Consejero Comisionado de Paz. Entre los nombres de relevancia que se verían favorecidos destaca el de Geovani Rojas, conocido bajo el alias de Araña, quien funge como jefe de los Comandos de Frontera.
Marco legal de la suspensión de capturas
El sustento jurídico de esta decisión se apoya en la normativa vigente sobre orden público en el país. El texto administrativo señala lo siguiente:
“En aplicación de lo establecido en el parágrafo 3 del artículo 8 de la Ley 418 de 1997, modificado por el artículo 5 de la Ley 2272 de 2022, dentro de la zona de ubicación temporal que por medio de la presente resolución se establece, queda suspendida la ejecución de las órdenes de captura, incluidas las órdenes de captura con fines de extradición, contra los miembros de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano”.
Dicha medida rige igualmente durante el traslado hacia la zona, fundamentándose en el listado aceptado por el Comisionado de Paz y tras las verificaciones de identidad pertinentes, según lo dicta el parágrafo 5 del artículo 5 de la Ley 2272 de 2022.
Protocolos de seguridad y actividades externas
El documento aclara que si algún miembro del proceso requiere efectuar actividades vinculadas al diálogo fuera del perímetro de la zona, el Gobierno tendrá la responsabilidad de notificar a la Fiscalía General de la Nación sobre quiénes son los beneficiarios temporales de la suspensión de capturas por dicho motivo.
“En caso de llegar a requerirse adelantar actividades propias del proceso por fuera de la zona, de acuerdo con la programación y en seguimiento a los protocolos establecidos, el Gobierno nacional informará a la Fiscalía General de la Nación los beneficiarios de la suspensión de la ejecución de las órdenes de captura, de manera temporal, por esta circunstancia”.
Por otro lado, el Estado garantiza que las autoridades mantendrán el pleno ejercicio de sus competencias en la región, respetando siempre los protocolos definidos en la mesa de conversaciones y asegurando el cumplimiento del Estado Social de Derecho.
Avances en el desarme y diálogos de paz
En el marco de este proceso de negociación, la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano realizó recientemente la entrega de un arsenal compuesto por aproximadamente 14 toneladas de explosivos, además de minas, morteros y granadas.
El evento de entrega se llevó a cabo en las instalaciones de la Institución Educativa Santa Teresa, en el municipio de Puerto Asís. En la ceremonia participaron figuras clave como el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, y el comisionado de Paz, Otty Patiño. La delegación de la guerrilla estuvo encabezada por su jefe negociador, Walter Mendoza, quien reafirmó la voluntad de paz de la estructura armada.
Asimismo, estuvieron presentes en el acto otros altos funcionarios como Alejandra Miller, directora de la Agencia de Reincorporación y Normalización (ARN), y Raúl Delgado, director de la Agencia de Restitución de Tierras.
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