El magistrado José Luis Calama ha recibido la responsabilidad de determinar si la Audiencia Nacional debe hacerse cargo de la investigación relativa al presunto manejo irregular de fondos públicos entregados a la aerolínea Plus Ultra. El proceso, que también indaga posibles operaciones de blanqueo de capitales con ramificaciones internacionales, llega a esta instancia luego de que el Juzgado de Instrucción Número 15 de Madrid decidiera inhibirse, trasladando la decisión de competencia al juzgado liderado por Ismael Moreno, quien finalmente remitió el asunto para su análisis definitivo.
La causa penal, protegida actualmente bajo secreto de sumario, se originó por una denuncia de la Fiscalía Anticorrupción. El organismo cuestiona el destino de los 53 millones de euros que el Gobierno español concedió como rescate financiero a la compañía en marzo de 2021, en el marco de la crisis sanitaria. Según las sospechas de la fiscalía, este capital estatal se habría utilizado para saldar deudas de préstamos obtenidos por la aerolínea a través de entidades vinculadas a una presunta red criminal internacional.
Vínculos internacionales y personas investigadas
Las indagaciones judiciales señalan a un total de siete personas investigadas por delitos relacionados con el lavado de activos. Esta estructura delictiva estaría integrada por ciudadanos extranjeros, personas nacionalizadas en España y al menos un profesional del derecho de origen español. Se presume que la organización operaba una compleja trama de blanqueo con actividades detectadas en países como:
- Francia
- Suiza
- España
De acuerdo con los informes de la Fiscalía Anticorrupción, los capitales que habrían sido objeto de blanqueo provendrían originalmente de Venezuela. En particular, se mencionan recursos desviados de programas estatales como el CLAP (destinados a la distribución de alimentos subsidiados) y de transacciones de oro gestionadas por el Banco de Venezuela. La aerolínea Plus Ultra figura como la receptora de préstamos por parte de sociedades ligadas a la red investigada y, tras recibir el auxilio gubernamental, habría movilizado fondos hacia cuentas en el exterior conectadas con el grupo criminal.
Es importante recordar que, en diciembre pasado, se llevaron a cabo las detenciones de altos directivos de la empresa, incluyendo al presidente Julio Martínez, al CEO Roberto Roselli y al empresario Julio Martínez Martínez. Estas acciones fueron ordenadas inicialmente por la jueza de Plaza de Castilla, quien anteriormente dirigía el caso antes de derivar la competencia a la Audiencia Nacional.
Complejidad financiera y operativa
Adicionalmente, la denuncia fiscal detalla diversos movimientos financieros diseñados para desplazar capitales fuera del país, presuntamente para la adquisición de inmuebles. Un punto clave de sospecha es que los préstamos otorgados a Plus Ultra fueron cancelados en su totalidad poco después de recibir el dinero público, lo que activó las alarmas sobre el uso real de las ayudas del Estado.
La investigación también abarca operaciones ligadas a la comercialización de oro por un valor aproximado de 30 millones de euros con una compañía en los Emiratos Árabes Unidos. Posteriormente, esos fondos habrían sido derivados hacia otra firma en Panamá, aumentando la opacidad de las transacciones y la dificultad de rastreo para las autoridades encargadas del caso.
Entre los métodos de blanqueo identificados por los investigadores se destaca la compra y venta de relojes de lujo, así como triangulaciones bancarias internacionales. Al respecto, las autoridades judiciales mencionan la existencia de clientes dentro de la organización investigada que ya cuentan con expedientes policiales previos.
El proceso ha ganado relevancia debido a su conexión con las diligencias del denominado ‘caso Koldo’ en la Audiencia Nacional. Esto motivó que el Juzgado de Instrucción Número 15 remitiera el expediente buscando unificar los procedimientos judiciales. A pesar de que el juez Ismael Moreno declinó inicialmente la competencia en 2024, la resolución final recae ahora sobre el magistrado Calama, quien anteriormente ya había derivado denuncias similares a juzgados madrileños.
El objetivo final de la justicia es esclarecer si existió una organización criminal asentada en Europa dedicada al lavado de activos mediante el uso de los fondos de la aerolínea y su conexión con el oro venezolano. La decisión sobre qué tribunal asumirá el mando determinará definitivamente el rumbo de este complejo proceso judicial.
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