En una reciente comparecencia ante los tribunales de Nueva York, la defensa legal de Nicolás Maduro ha puesto en marcha una táctica jurídica que parece centrarse principalmente en postergar el desarrollo del juicio por narcoterrorismo que enfrenta el señalado como exdictador de Venezuela.
El jurista Barry Pollack, actuando en representación del acusado, remitió al despacho del magistrado Alvin K. Hellerstein una serie de documentos legales. En estos escritos, se solicita formalmente el archivo del caso, bajo la premisa de que no existen evidencias suficientes y argumentando que el proceso penal transgrede los derechos establecidos en la Sexta Enmienda de la Constitución estadounidense.
“El gobierno de los Estados Unidos está ahora impidiendo activamente que contrate a un abogado de su elección y reciba una defensa justa en este Tribunal, en violación de sus derechos bajo la Sexta Enmienda y el Debido Proceso»
A pesar de la insistencia de la defensa, el razonamiento jurídico fundamentado en la Sexta Enmienda para clausurar el expediente contra Maduro presenta vulnerabilidades críticas. Expertos señalan que este derecho constitucional no tiene un carácter absoluto, especialmente cuando se pretende utilizar fondos sancionados internacionalmente para sufragar los honorarios de la defensa.
Limitaciones en el uso de activos sancionados
Desde una perspectiva judicial, permitir el uso de estos recursos resultaría contradictorio, ya que las sanciones tienen como objetivo principal evitar que los imputados por delitos graves obtengan beneficios de activos de origen presuntamente ilícito. Esto incluye, de manera explícita, el pago de servicios de asesoría legal privada.
El abogado Barry Pollack ha intentado aplicar los principios del precedente Luis v. United States para favorecer a Maduro, a quien se le atribuye haber liderado una estructura que operó delitos transnacionales durante su estancia en el Palacio de Miraflores. No obstante, mientras que el fallo en Luis protegía el uso de capitales “no contaminados”, este criterio choca con la Ley de Poderes Económicos en Emergencias Internacionales (IEEPA).
Bajo la normativa de la IEEPA, las propiedades y bienes del Gobierno de Venezuela en territorio estadounidense no son considerados simples fondos de terceros, sino activos bloqueados por motivos de seguridad nacional. Por lo tanto, un procesado no posee un derecho constitucional para emplear recursos cuya transferencia infrinja las leyes federales de sanciones económicas.
Amenaza de renuncia de la defensa
En sus recientes comunicaciones, Pollack ha sugerido que podría renunciar a la defensa del líder venezolano si el tribunal neoyorquino no accede a su estrategia de cerrar la investigación penal. Esta postura, sin embargo, parece contraponerse a la normativa vigente en Estados Unidos.
Independientemente de si Barry Pollack abandona el caso, Nicolás Maduro sigue gozando de sus derechos al debido proceso. En caso de que se compruebe una situación de insolvencia económica, el sistema judicial le garantiza la representación mediante abogados de oficio.
Frente al juez Alvin K. Hellerstein, se ha sostenido que la supuesta carencia de fondos personales no constituye una razón válida para levantar sanciones financieras que reposan sobre criterios de seguridad nacional de los Estados Unidos.
Críticas a la gestión de licencias de la OFAC
Además de invocar la Sexta Enmienda, Pollack ha intentado demostrar que la falta de pagos es el resultado de acciones irregulares atribuidas a la administración del expresidente Donald Trump. Según el defensor, el Estado venezolano tendría el deber legal de costear la defensa de Maduro.
En sus escritos, el abogado detalló los siguientes puntos:
- “El gobierno de Venezuela, bajo sus leyes, tiene la obligación de pagar los costos de defensa del Sr. Maduro. El gobierno de los Estados Unidos, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro, otorgó inicialmente una licencia al abogado de elección del Sr. Maduro para aceptar fondos del gobierno de Venezuela para representarlo».
- “Sin embargo, de manera unilateral y sin explicación, la OFAC enmendó posteriormente la licencia de tal forma que ahora impide la recepción de los costos de defensa por parte del gobierno de Venezuela».
Esta línea argumental ignora que la jurisprudencia previa ha validado que la emisión o revocación de licencias por parte de la OFAC es una facultad discrecional del Ejecutivo. En este marco, el gobierno de Trump, mediante el Departamento del Tesoro, determinó que el capital opaco del régimen venezolano no debía emplearse en la defensa privada del acusado.
Citando el caso Caplin & Drysdale, Chartered v. United States, se ratifica que las autoridades poseen la capacidad para asegurar que los activos sujetos a decomiso o bloqueo no sean malgastados, incluso ante la necesidad de contratar una defensa particular.
Jurisprudencia sobre la captura y jurisdicción
Finalmente, Barry Pollack ha recurrido a una narrativa que la jurisprudencia actual difícilmente aceptaría. El defensor ha afirmado ante el tribunal:
“Después de invadir otro país y traer por la fuerza a su jefe de estado soberano a los Estados Unidos, el gobierno de los Estados Unidos está ahora impidiendo activamente que contrate a un abogado de su elección”
No obstante, los términos sobre una supuesta invasión o secuestro se diluyen ante la doctrina Ker-Frisbie. Esta doctrina, basada en los casos Ker v. Illinois y Frisbie v. Collins, estipula que la jurisdicción de un tribunal sobre un reo no se ve afectada por la forma en que este fue capturado o trasladado, manteniendo la validez del juicio.
Otro antecedente clave es el de United States v. Alvarez-Machain, donde el máximo tribunal determinó que incluso un traslado forzoso por agentes de la DEA no impedía el procesamiento judicial del acusado. Ante este panorama, es improbable que el magistrado Hellerstein acepte los reclamos de Pollack, quien pronto deberá decidir si continúa liderando la defensa de Maduro.
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