En un reciente desarrollo judicial, el principal representante legal del exlíder venezolano Nicolás Maduro, el abogado Barry Pollack, presentó una notificación oficial ante el tribunal de Nueva York. En el documento, se advierte que el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos procedió a bloquear una licencia que originalmente permitiría al Gobierno de Venezuela costear la defensa técnica del procesado. Mediante una misiva dirigida al magistrado Alvin Hellerstein con fecha del 20 de febrero, Pollack denunció que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) está generando una “interferencia” directa en los derechos legales de Maduro.
Restricciones financieras en el proceso judicial
Según el registro cronológico de los hechos, la OFAC había emitido una licencia el pasado 9 de enero que facultaba el desembolso de fondos desde territorio venezolano hacia los defensores de Maduro. No obstante, apenas tres horas después de su emisión, el organismo estadounidense decidió enmendar el documento. Al respecto, el abogado Pollack manifestó en su escrito:
“La licencia enmendada relativa al señor Maduro no autoriza la recepción de fondos del Gobierno de Venezuela para cubrir los costos de la defensa”
.
Ante esta situación, la defensa técnica ha interpuesto una solicitud formal ante la OFAC para que se restituya la licencia en sus términos originales. El jurista argumentó que la administración de Caracas mantiene una obligación contractual y legal para cubrir estos honorarios, subrayando que su cliente posee una “expectativa legítima” sobre dichos pagos y alegando que Maduro “no puede costearse de otro modo un abogado” de carácter privado para enfrentar las acusaciones en su contra.
La defensa basó su reclamo en preceptos constitucionales estadounidenses, señalando que la decisión administrativa vulnera las garantías del procesado.
“Al no permitir que el Gobierno de Venezuela pague los costos de la defensa del señor Maduro, OFAC está interfiriendo con la capacidad del señor Maduro para contratar abogado y, por tanto, con su derecho, en virtud de la Sexta Enmienda, a contar con el abogado de su elección”
, precisó el defensor en su comunicación al juez.
Pollack también puso en conocimiento de la corte que el 11 de febrero se realizó un pedido formal a la OFAC para restablecer el permiso financiero, pero hasta la fecha la agencia gubernamental no ha emitido una respuesta oficial. Esto ocurre a pesar de que la oficina ha facilitado otras licencias de índole comercial vinculadas a Venezuela en periodos recientes. El abogado ya ha comunicado esta parálisis administrativa tanto a los fiscales federales como al juez Alvin Hellerstein.
Posibles acciones legales y postergación de audiencias
La defensa advirtió que, en caso de que la OFAC persista en su negativa o mantenga el silencio administrativo, se procederá a presentar una “moción formal solicitando reparación”. Esta acción judicial obligaría a establecer un nuevo cronograma en el proceso. Pollack recordó además que durante la primera audiencia del 5 de enero, el tribunal instó a la Fiscalía y a los defensores a coordinar los trámites necesarios ante los organismos de control financiero para asegurar una representación legal idónea.
Es importante destacar que esta restricción financiera afecta específicamente a Nicolás Maduro, quien enfrenta graves cargos de narcotráfico y corrupción. Por el contrario, su cónyuge, Cilia Flores, que también figura en el proceso por cargos equivalentes, no se ha visto afectada por esta medida particular de la licencia.
Respecto al calendario judicial, se confirmó que la comparecencia de Maduro y Flores ante el tribunal federal de Nueva York fue reprogramada. Inicialmente prevista para el 17 de marzo, la cita se trasladó al 26 de marzo. El Distrito Sur de Nueva York, representado por el fiscal Jay Clayton, explicó que este aplazamiento responde a necesidades logísticas y de agenda, con el fin de que la fiscalía pueda “producir el descubrimiento de pruebas” y que la defensa tenga el tiempo suficiente para analizarlas antes de las mociones previas al juicio.
Antecedentes y cargos imputados
Nicolás Maduro, de 63 años, tuvo su primera aparición ante la justicia de los Estados Unidos el 5 de enero. Esto sucedió tras su detención en Caracas efectuada dos días antes, en el marco de una operación militar estadounidense. En dicha instancia, el exlíder se declaró “no culpable” de los delitos de tráfico de estupefacientes que se le atribuyen. Durante la sesión, Maduro afirmó ser un “prisionero de guerra” y ratificó su postura de considerarse aún el “presidente constitucional de Venezuela”. Su esposa, Cilia Flores, de 69 años, igualmente rechazó los cargos presentándose como inocente.
La acusación formal estructurada por el Departamento de Justicia se divide en cuatro puntos principales:
- Conspiración para el narcoterrorismo.
- Conspiración para introducir cocaína en territorio estadounidense.
- Posesión de ametralladoras y artefactos destructivos.
- Conspiración para la tenencia de armas de guerra.
El expediente judicial sostiene que los acusados presuntamente “se asociaron con narcotraficantes y grupos narcoterroristas” con el objetivo de coordinar el envío de “miles de toneladas de cocaína” hacia Norteamérica, utilizando para ello diversos puntos de transbordo estratégicos localizados en Centroamérica y la región del Caribe.
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