El abogado Barry Pollack, quien ejerce la representación legal de Nicolás Maduro, ha emitido una advertencia formal señalando que, si la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), dependiente del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, no restablece el permiso que facultaba al Gobierno venezolano para costear los honorarios de su defensa, se procederá con una moción judicial en los próximos días. A través de una comunicación dirigida al juez Alvin Hellerstein, Pollack detalló la postura del equipo legal y anticipó el uso de recursos ante los tribunales si no se revierte la modificación unilateral de la licencia que originalmente permitía dichos pagos.
Cronología de las licencias y bloqueos
De acuerdo con los reportes sobre el caso, durante las primeras etapas del proceso y la lectura de cargos contra Maduro, el magistrado encargado instó a la Fiscalía de Estados Unidos a cooperar con los defensores. El objetivo era facilitar los trámites ante la OFAC para garantizar que el acusado contara con una defensa técnica sin las limitaciones impuestas por el régimen de sanciones internacionales. En cumplimiento de esto, el 7 de enero, tanto la defensa del expresidente como la de la primera dama, Cilia Flores, tramitaron solicitudes de licencia para formalizar su representación y ser autorizados a recibir fondos del Estado venezolano.
Aunque el 9 de enero el organismo estadounidense emitió las autorizaciones correspondientes para ambos casos, la situación dio un giro inesperado en menos de tres horas. La OFAC modificó los términos de la licencia relativa a Maduro sin ofrecer explicaciones detalladas, invalidando de facto la posibilidad de emplear recursos públicos venezolanos para cubrir los costos legales de su representación en territorio estadounidense.
Argumentos constitucionales y contradicciones
El letrado Barry Pollack ha enfatizado que este bloqueo administrativo genera una contradicción con la política reciente de la OFAC. Según su exposición, en semanas anteriores el organismo otorgó permisos que permitieron a ciudadanos y empresas estadounidenses concretar operaciones comerciales con entidades estatales de Venezuela. Para la defensa, denegar la licencia en el ámbito judicial carece de fundamento constitucional cuando se han habilitado permisos para otras actividades económicas.
Ante esta falta de reciprocidad, se presentó una petición formal el 11 de febrero para retornar a los términos de la licencia original. No obstante, la documentación entregada al tribunal indica que la OFAC no ha emitido respuesta alguna hasta la fecha. El equipo jurídico sostiene que el Estado venezolano tiene el compromiso de financiar esta representación y que se está vulnerando un derecho fundamental:
«El impedimento de pago obstaculiza el acceso a una asistencia jurídica competente, lo cual representa una violación directa a la Sexta Enmienda, que garantiza el derecho constitucional de contratar y elegir libremente a un defensor letrado».
Contexto de la detención en Nueva York
Los hechos que originan este conflicto legal se remontan al pasado 3 de enero, fecha en la que Nicolás Maduro y Cilia Flores fueron capturados en Nueva York tras una incursión militar ejecutada por fuerzas estadounidenses, operativo que dejó un saldo de al menos cien personas fallecidas. Desde ese momento, ambos permanecen bajo custodia en la metrópoli estadounidense. Maduro enfrenta graves acusaciones relacionadas con el narcotráfico, cargos ante los cuales se declaró no culpable durante su comparecencia ante la corte federal.
Por otro lado, la administración en Caracas ha mantenido una postura firme de rechazo. Yván Gil, ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, ha exigido públicamente la liberación inmediata, reafirmando que Maduro es el «presidente constitucional» del país sudamericano. Este escenario se desarrolla en un clima de alta tensión diplomática, donde se cuestiona si las medidas restrictivas de Estados Unidos están comprometiendo las garantías procesales mínimas y el derecho a una defensa adecuada para los procesados.
Finalmente, la defensa ha manifestado su apertura para entablar un diálogo con el juez y las partes involucradas antes de formalizar nuevas acciones legales. Sin embargo, recalcan que la capacidad de ejercer una defensa efectiva sigue supeditada a la resolución del conflicto sobre las sanciones y el uso de los fondos para los honorarios profesionales.
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