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Expertos plantean ajustes a la Ley de Inquilinato para garantizar seguridad jurídica

La mesa legislativa de Justicia y Estructura del Estado avanza en el tratamiento de las reformas a la Ley de Inquilinato, con el objetivo de actualizar una normativa que aún contiene disposiciones con referencias a la moneda sucre.

La presidenta de la comisión, Rosa Torres, señaló que se otorga especial importancia a la modernización de las normativas y que la Ley de Inquilinato no es la excepción.

Con esta finalidad, los comisionados recibieron a la catedrática de Derecho Civil, Cristina Guevara, quien recordó la garantía efectiva del derecho a la vivienda, el acceso a los espacios urbanos, el derecho a la propiedad privada y el principio de seguridad jurídica, establecidos en la Constitución.

En consecuencia, afirmó que toda reforma a la Ley de Inquilinato debe respetar el derecho a una vida digna, la propiedad privada con función social y la seguridad jurídica.

Consideró necesario impulsar un equilibrio entre la protección al arrendatario y el derecho del propietario, sin desalentar al sector inmobiliario. También planteó efectuar una revisión profunda del régimen de arrendamiento urbano.

Con esta exposición coincidió el abogado corporativo y especialista en inquilinato, Adrián Calderón, quien subrayó que se trata de una ley orientada a alcanzar un equilibrio social, sustentado en derechos y principios consagrados en la Constitución.

Entre sus observaciones, señaló que es oportuno delimitar la competencia municipal respecto de la fijación del canon de arrendamiento, las tasas administrativas básicas, la potestad sobre las garantías y las excepciones, entre otros aspectos.

En relación con la propuesta de una derogatoria total de la ley vigente, enfatizó que, cuando se mantiene el núcleo normativo, no se requiere adoptar dicha decisión. Explicó que la derogatoria total implicaría un cambio en el modelo conceptual de las relaciones de inquilinato, como sucede, por ejemplo, en otras legislaciones. En este sentido, Calderón recomendó la sustitución puntual de artículos, en consideración a la seguridad jurídica y a las expectativas del sector inmobiliario.

AM

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