La actual administración de Donald Trump ha comenzado a desplegar una serie de maniobras legales para reconfigurar su política comercial. El objetivo central es reconstruir la estructura de aranceles generalizados que la Corte Suprema invalidó recientemente al calificarlos como ilegales. Esta nueva fase busca utilizar un entramado de leyes comerciales existentes para dar soporte jurídico a las medidas proteccionistas del mandatario.
No obstante, los expertos advierten que esta hoja de ruta será significativamente más lenta y burocrática. A diferencia de las acciones previas, Trump no podrá establecer estos gravámenes de forma inmediata o discrecional. Los nuevos aranceles deberán justificarse por país, por categoría de producto o por temas comerciales específicos, un proceso administrativo que podría demorar varios meses antes de su implementación efectiva. La incertidumbre radica ahora en si este nuevo esquema replicará fielmente el anterior o si generará un ecosistema económico distinto con nuevos beneficiarios y afectados.
Tensiones internas en el gabinete económico
Este proceso de reestructuración ya está provocando fricciones en el seno del gobierno estadounidense. Mientras los funcionarios se apresuran por cumplir la exigencia de aranceles punitivos y rápidos de Trump, ha surgido una disputa de competencias. Fuentes cercanas al proceso indican que la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) y el Departamento de Comercio mantienen desacuerdos sobre qué entidad debe liderar la ejecución de estas políticas.
En la USTR, los equipos técnicos ya trabajan en nuevas investigaciones que cubrirán a los principales socios comerciales del país. El representante comercial, Jamieson Greer, confirmó en una entrevista para la cadena ABC que se iniciarán indagaciones sobre temas como el exceso de capacidad industrial, apuntando especialmente a naciones asiáticas que producen más de lo que consumen internamente.
«Tuvimos que buscar planes de respaldo, y encontramos formas de reconstruir realmente lo que estamos haciendo», afirmó Greer. «Ahora no tiene la misma flexibilidad que tenía el presidente con la autoridad anterior que utilizaba, pero nos proporciona herramientas muy duraderas».
Greer enfatizó que, aunque las herramientas legales cambien para ajustarse al marco de la ley, la política arancelaria del presidente se mantiene firme. El funcionario detalló que las investigaciones bajo la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974 se realizarán de manera acelerada, abordando temas críticos como el trabajo forzado, precios de fármacos, discriminación contra empresas tecnológicas de EE. UU., contaminación oceánica y prácticas injustas en sectores como el arroz y los mariscos.
Nuevas investigaciones y seguridad nacional
Por su parte, el Departamento de Comercio está analizando la imposición de gravámenes bajo la Sección 232 de la Ley de Expansión del Comercio de 1962, la cual permite aplicar aranceles por motivos de seguridad nacional. Los sectores bajo la lupa incluyen baterías, productos químicos, plásticos y equipos para telecomunicaciones y redes eléctricas. Estas medidas podrían sumarse a las ya existentes sobre el acero y el aluminio.
El presidente Trump utilizó sus redes sociales para asegurar que dispone de múltiples alternativas legales. Según el mandatario, el fallo judicial también validó otras autoridades arancelarias que pueden emplearse de manera «mucho más poderosa y odiosa» y con mayor certeza jurídica que las utilizadas originalmente.
Impacto en el mercado global y aliados
La transición hacia este sistema más complejo está inyectando una fuerte dosis de incertidumbre en la economía global. Greta Peisch, socia de Wiley Rein y exfuncionaria de comercio, señaló que la situación actual es más impredecible que hace apenas una semana, debido al incremento de partes móviles en la estrategia gubernamental.
- Sección 122: Actualmente se utiliza para fijar un arancel temporal del 15% por 150 días.
- Congreso: La extensión de estos aranceles requeriría aprobación legislativa, algo poco probable en un año electoral.
- Exenciones: Se mantienen excepciones para socios de acuerdos comerciales de 2004 en Centroamérica.
Este arancel uniforme del 15% ha perjudicado a aliados cercanos como el Reino Unido, Singapur y Australia, que anteriormente gozaban de tasas inferiores. En contraste, ha resultado favorable para países como China, India y Brasil, cuyas tasas previas eran mucho más elevadas. Se espera que este esquema expire a finales de julio, momento en el cual el gobierno planea tener listos los reemplazos bajo las secciones 301 y 232.
El legado de la IEEPA y el futuro legal
La controversia surge tras la sentencia que determinó que Trump excedió sus facultades al usar la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) de 1977. Bajo esta ley, el presidente había logrado afectar aproximadamente el 29% de todas las importaciones, lo que equivale a más de 300.000 millones de dólares en mercancías.
Lori Wallach, del programa Rethink Trade, sugiere que si bien no habrá cambios drásticos en las tasas finales, la forma en que se aplican dejará de ser «relámpago». Wallach comentó que esto podría limitar el uso de aranceles como castigo en asuntos no comerciales, una práctica que describió como «al estilo de Zeus».
Finalmente, aunque el entorno legal es más restrictivo, la administración confía en que las herramientas actuales, como las utilizadas para gravar el acero, cobre y semiconductores, son lo suficientemente robustas para mantener la agenda económica de Trump frente a las presiones de líderes extranjeros y grandes ejecutivos corporativos.
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