Varios integrantes del Parlamento Europeo han manifestado su profunda preocupación ante la reciente resolución del Gobierno de España de otorgar un contrato de gran cuantía económica a la firma china Huawei. El propósito de este convenio es el almacenamiento de escuchas judiciales, una medida que ya durante el verano pasado generó tensiones internacionales, provocando que los Estados Unidos advirtieran sobre la posibilidad de suspender el intercambio de inteligencia con Madrid.
Actualmente, la Unión Europea (UE) clasifica a Huawei como un proveedor de alto riesgo y ha instado formalmente a sus Estados miembros a limitar su presencia en el mercado. En este sentido, la Comisión Europea presentó el mes anterior una propuesta normativa de ciberseguridad que busca establecer la exclusión obligatoria de Huawei de las redes de telecomunicaciones dentro del bloque comunitario.
Críticas por la entrega de las “joyas de la corona” a Huawei
Desde el Parlamento Europeo, legisladores de diversos frentes políticos han alertado sobre las posibles repercusiones que esta decisión española tendría para la seguridad colectiva de la Unión. Markéta Gregorová, eurodiputada representante del Partido Pirata Checo y miembro del grupo de Los Verdes, fue tajante en sus declaraciones:
“No podemos funcionar en una unión donde un Estado elimina activamente a proveedores de alto riesgo de sus redes mientras otro les confía las joyas de la corona de sus fuerzas de seguridad”
Gregorová, quien lidera las conversaciones para una nueva ley europea de ciberseguridad que facultaría a la UE para retirar a proveedores extranjeros de infraestructuras críticas, enfatizó que la inclusión de una empresa de alto riesgo no solo implica una vulnerabilidad de datos local. Según la eurodiputada, esta situación
“pone en peligro el intercambio de inteligencia a nivel europeo”
. En esta misma línea, Juan Ignacio Zoido Álvarez, eurodiputado del Partido Popular, remarcó que la medida “pone en riesgo a toda la UE”.
Interior niega riesgos y defiende el sistema SITEL
Frente a los cuestionamientos, el Ejecutivo español ha sostenido la validez legal del acuerdo. El Ministerio del Interior aclaró a través de un comunicado que la licitación se otorgó originalmente a “empresas europeas”, las cuales procedieron después a la adquisición de los equipos de almacenamiento. La institución asegura firmemente que “no existe riesgo para la seguridad, la soberanía tecnológica y jurídica, ni hay injerencia extranjera ni amenaza para la custodia de pruebas”.
Por su parte, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, precisó ante el Parlamento en septiembre pasado que Telefónica, la operadora principal en España, es la encargada de gestionar el sistema de vigilancia estatal conocido como SITEL. Marlaska detalló que las unidades de almacenamiento simplemente se incorporaron a dicha estructura. Además, el Gobierno enfatiza que la tecnología de Huawei no se emplea para procesar información clasificada.
Un funcionario consultado indicó que este sistema de almacenamiento es apenas una sección reducida de un “sistema estanco, auditado, aislado y certificado”. Asimismo, el eurodiputado socialista Juan Fernando López Aguilar, del grupo de Socialistas y Demócratas, respaldó la posición del gobierno de Pedro Sánchez, afirmando que en materias de espionaje o soberanía “no hay riesgo”.
Hasta la fecha, la empresa Huawei no ha emitido pronunciamientos oficiales respecto a las críticas o al contrato en cuestión. Mientras tanto, el debate continúa mientras se define la legislación europea que restringirá el acceso de proveedores externos a las redes digitales estratégicas.
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