Las autoridades judiciales de Venezuela han ratificado la permanencia en custodia del exvicepresidente Tarek el Aissami y del colaborador empresarial Samark José López. Ambos ciudadanos, señalados por su presunta participación en la red de corrupción denominada “PDVSA-Cripto”, han sido formalmente excluidos de los beneficios que otorga la reciente legislación de amnistía. El fiscal general de la República, Tarek William Saab, enfatizó que estos procesos judiciales específicos no se verán afectados por la medida que recibió el visto bueno de la Asamblea Nacional el viernes pasado.
En una comparecencia ante la televisora estatal VTV, Saab analizó el estado actual de los vínculos jurídicos entre Caracas y Washington. El titular del Ministerio Público adelantó que existe una posibilidad real de avanzar hacia una cooperación penal internacional con los Estados Unidos. Según el funcionario, este progreso es una consecuencia de los canales de diálogo abiertos entre ambas administraciones tras los sucesos de enero relacionados con la captura del mandatario Nicolás Maduro.
Hacia un nuevo esquema de asistencia judicial
El fiscal Tarek William Saab aclaró que, si bien los primeros acercamientos y reuniones bilaterales corresponden a gestiones directas del Poder Ejecutivo, el futuro de las relaciones apunta a una coordinación técnica formal. Esto implicaría el establecimiento de mecanismos institucionales para el intercambio de información y la asistencia mutua en materia judicial. Para sustentar esta proyección, Saab recordó que el Ministerio Público cuenta con una Dirección General de Cooperación Penal Internacional, unidad que ha demostrado resultados efectivos en el trato con otras naciones.
Bajo este panorama, el fiscal venezolano consideró fundamental que estos diálogos escalen hasta involucrar a su contraparte estadounidense, Pam Bondi. Durante su intervención, el alto funcionario fue claro al señalar el horizonte de estas relaciones:
«Llegará el momento de que pudiera haber coordinaciones para la cooperación penal internacional».
Saab subrayó que, aunque todavía no se han consolidado todos los protocolos formales, la evolución de la diplomacia bilateral hace que este tipo de acuerdos institucionales sean prácticamente inminentes.
Exigencia de cese a las sanciones económicas
En el marco de su discurso, el fiscal general aprovechó la exposición mediática para demandar el retiro de las sanciones coercitivas unilaterales impuestas por Washington. Tarek William Saab argumentó que la aprobación de la ley de amnistía ha transformado radicalmente el tablero político, por lo cual considera que no existen fundamentos para mantener las restricciones financieras y económicas sobre el país.
Respecto al impacto social de dichas medidas, Saab cuestionó la vigencia de los bloqueos, asegurando que estos golpean a todos los estratos de la población sin distinción. Sobre este punto, el fiscal manifestó:
“¿Qué sentido tiene que tú estés todavía imponiéndole sanciones a un pueblo? ¿Y al final qué? ¿Quién sufre? El de clase media, el de clase alta, los sectores populares, los profesionales, los trabajadores, los campesinos, los estudiantes. Las sanciones unilaterales, los bloqueos, afectan a una nación completa”.
Impacto de la amnistía y casos de corrupción
Sobre la nueva ley de amnistía, cuyo propósito es facilitar la reconciliación y un nuevo ciclo de diálogo político, el funcionario sostuvo que su efecto debe traducirse también en una política exterior basada en el respeto mutuo. Tarek William Saab vinculó la vigencia de este texto legal con la necesidad de proyectar una Venezuela abierta a la colaboración internacional y libre de medidas de presión económica.
En cuanto a la trayectoria de la Dirección General de Cooperación Penal Internacional, el fiscal destacó el balance positivo obtenido en contactos previos con otros sistemas de justicia extranjeros. Este modelo de trabajo es el que se pretende replicar para interactuar de forma oficial con la fiscalía en Estados Unidos, buscando un esquema de reciprocidad que fortalezca el sistema legal regional.
Finalmente, se reiteró que casos de alto impacto como la trama “PDVSA-Cripto” seguirán bajo una vigilancia judicial rigurosa. El Ministerio Público mantiene una postura firme frente a los delitos de corrupción que involucran a antiguos altos cargos del Estado, asegurando que estos crímenes quedan fuera de los recientes alivios legales. Las investigaciones prioritarias de la Fiscalía continúan su curso para determinar responsabilidades en el manejo irregular de recursos públicos.
El escenario de un posible deshielo entre Caracas y Washington abre las puertas a una revisión profunda de las sanciones. Las autoridades de Venezuela mantienen la expectativa de que el diálogo y la aplicación de la amnistía generen el clima necesario para combatir delitos transnacionales a través de nuevos acuerdos de cooperación jurídica internacional.
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