La situación del gendarme argentino Nahuel Gallo, quien permanece recluido en Venezuela, ha tomado un giro crítico. Su esposa ha denunciado públicamente que el uniformado comenzó una huelga de hambre en conjunto con otros detenidos en el centro penitenciario El Rodeo I, ubicado en las periferias de Caracas. Esta medida de protesta surge como respuesta a la reciente Ley de Amnistía implementada por el régimen, la cual no ha incluido a estos prisioneros en sus beneficios de liberación.
María Alexandra Gómez, cónyuge del agente argentino, fue la encargada de difundir la noticia a través de sus plataformas digitales. Cabe recordar que Gallo fue interceptado y detenido el pasado 8 de diciembre de 2024, cuando pretendía ingresar a territorio venezolano para visitar a sus familiares en la frontera con Colombia. Según las palabras de Gómez, el trato que están recibiendo los reclusos ha sobrepasado los límites de lo «inhumano».
Responsabilidades y exigencias de libertad
En su pronunciamiento, la mujer fue enfática al señalar directamente a las autoridades del centro de detención y del gobierno venezolano.
“Responsabilizo a Martinez Rangel quién es el director del recinto, lo que le pase a Nahuel, a los extranjeros y demás inocentes sólo es responsabilidad de usted y sus custodios. A la Presidenta (E) Delcy Rodríguez, al Presidente de la Asamblea Nacional Jorge Rodríguez, dejen de jugar con la ilusión y expectativa de nosotros y de Nahuel. Nahuel es inocente y tiene que ser liberado YA”
, sentenció con firmeza.
Asimismo, la esposa del gendarme cuestionó duramente el papel de los organismos internacionales frente a las denuncias de abusos constantes. Gómez subrayó que Nahuel Agustín Gallo suma ya 441 días en una condición que califica como desaparición forzada, advirtiendo que la huelga de hambre empeora drásticamente su estado de salud. “¿Que está haciendo la ONU con respecto a la violación constante de los Derechos Humanos y Fundamentales?”, reclamó en su mensaje exigiendo su inmediata libertad.
Por su parte, el director de la organización Foro Penal, Alfredo Romero, corroboró que ha recibido reportes de familiares indicando que aproximadamente 100 presos políticos se han sumado a esta huelga de hambre en El Rodeo I. El abogado manifestó que se encuentran realizando las gestiones necesarias para verificar el estado real de los internos tras esta decisión colectiva de protesta.
A estas voces de alerta se sumó Tamara Suju, directora del Instituto Casla, quien informó que el grupo de huelguistas está compuesto en su mayoría por efectivos militares, aunque también figuran civiles y ciudadanos extranjeros. Según Suju, el objetivo primordial de esta acción de fuerza es la obtención de la libertad para todos los involucrados que se encuentran en el recinto.
Exclusiones en la Ley de Amnistía
El trasfondo de la protesta radica en el rechazo a lo que consideran una aplicación parcial y discriminatoria de la ley. Alfredo Romero criticó que se deje fuera de la amnistía a los militares presos y perseguidos políticos, calificando este hecho como inconstitucional. Según el activista, no es posible alcanzar una verdadera convivencia nacional si se excluye a un sector tan relevante de la sociedad y a sus respectivos núcleos familiares.
En las inmediaciones de El Rodeo I y otras cárceles, los parientes de los detenidos mantienen un campamento desde hace más de un mes y medio. Su exigencia es clara: mayor celeridad en los procesos de excarcelación. Yessy Orozco, hija de uno de los reos, expresó el sentimiento de frustración que embarga a las familias:
“¡Queremos irnos a nuestras casas, queremos irnos a nuestros hogares!… ¡¿Hasta cuándo tanto abuso de poder? Libérenlos, todos son inocentes!”.
Orozco incluso añadió que las autoridades deberían pedir perdón a las familias por los derechos vulnerados y las situaciones de tortura denunciadas tanto dentro como fuera de los penales.
Actualmente, el acceso al penal El Rodeo I se encuentra estrictamente limitado. Las familias han reportado que los funcionarios no entregan información oficial ni han permitido que se realicen las visitas correspondientes, lo que aumenta la incertidumbre sobre el bienestar de los internos en huelga.
La normativa de amnistía, aprobada por el Parlamento, tiene como fin teórico la liberación de personas detenidas por razones políticas en el periodo comprendido entre 1999 y 2026. El diputado Jorge Arreaza, quien lidera la comisión parlamentaria, detalló que la Fiscalía General elevó 379 solicitudes de amnistía ante los tribunales, de las cuales 371 pertenecen a casos en Caracas. Se proyectaba que las liberaciones ocurrieran entre la noche del viernes y la mañana del sábado.
Desde la presidencia encargada, Delcy Rodríguez instó a la comisión especial a trabajar con rapidez para procesar aquellos casos que no fueron contemplados inicialmente, defendiendo la ley como un avance hacia una nación más democrática, justa y libre.
No obstante, las estimaciones del Foro Penal sugieren una realidad distinta: se calcula que al menos 400 personas detenidas —principalmente del sector militar y otros vinculados a operaciones recientes— han quedado marginadas de este beneficio. Ante este escenario, la organización ha preparado una lista con 232 casos específicos que será entregada a la comisión parlamentaria para que sean sometidos a una revisión exhaustiva.
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