La cuenta regresiva para una resolución definitiva ha comenzado. El litigio por la expropiación de YPF en tribunales estadounidenses atraviesa sus momentos más críticos tras más de una década de disputa legal. Actualmente, el Estado argentino enfrenta una condena en primera instancia que lo obliga a desembolsar una cifra cercana a los USD 18.000 millones. Es importante destacar que la sentencia original de USD 16.100 millones genera intereses diarios estimados en USD 2 millones.
Tras la apelación presentada contra el fallo de la jueza Loretta Preska, la decisión final descansa ahora en los magistrados Denny Chin, José Cabranes y Beth Robinson, integrantes de la Cámara de Apelaciones del Segundo Distrito de Nueva York. Aunque no existe una fecha exacta para el veredicto, las estadísticas oficiales sugieren que estos procesos suelen resolverse en un lapso de seis a doce meses; hasta ahora han transcurrido cuatro. La incertidumbre es tal que, en una audiencia reciente, la propia Preska ironizó sobre la imprevisibilidad de los tiempos de la Cámara. No obstante, la administración de Javier Milei, a través de la Procuración del Tesoro de la Nación (PTN), considera que el desenlace es inminente.
“Es difícil saber cuándo van a fallar. Hay expertos que argumentan que es un caso tan complejo que no se va a definir antes de septiembre u octubre. Pero hay seis o siete apelaciones en curso y los jueces lo saben, todas dependen de su decisión. Yo arriesgo que a mitad de año debería estar resuelto. El 2027 será un año político en el que se supone que Milei buscará la reelección, y todo se complica más. Vienen dos meses interesantes”
, señaló Sebastián Maril, CEO de Latam Advisors y analista especializado en este proceso judicial.
Mientras se espera la resolución de la apelación, Burford Capital, el bufete británico beneficiario del fallo, ha intensificado sus esfuerzos para ejecutar el cobro mediante diversas demandas ante el tribunal de Preska. Estas acciones legales paralelas, que incluyen pedidos de embargo y sanciones por desacato, podrían quedar sin efecto si Argentina obtiene un resultado favorable en la apelación principal. Un hito próximo en esta estrategia será un “mini juicio” programado del 21 al 23 de abril, donde se discutirá la situación de las reservas de oro del Banco Central y posibles penalidades contra el país.
Dentro del Ejecutivo argentino predomina la sensación de que se obtuvo una ventaja estratégica tras la audiencia de octubre. Burford Capital, empresa que cotiza en Londres y Wall Street, es vista por diversos sectores como un “fondo buitre” debido a su modelo de negocio basado en la compra de litigios. Se sabe que adquirieron los derechos para demandar por 15 millones de euros hace diez años, han vendido participaciones por USD 300 millones y ahora aspiran a obtener USD 20.000 millones. A pesar de la presión, las gestiones de Cristina Kirchner, Mauricio Macri, Alberto Fernández y ahora Milei han rechazado negociar.
“Eso nunca pasará, no nos vamos a sentar con ellos nunca. Se van a agotar todas las instancias legales, y más”
, sostuvieron con firmeza los representantes legales del Estado.
Los posibles escenarios del veredicto
La defensa argentina, liderada en la PTN por Juan Ignacio Stampalija y Julio Pablo Comadira, mantiene un optimismo moderado. La Cámara podría fallar en tres direcciones distintas: determinar que Preska erró en su juicio (victoria total para Argentina), ratificar la sentencia (derrota total) o solicitar una revisión de aspectos específicos, como el lugar de la sentencia o el método de cálculo del monto.
Fuentes gubernamentales indican que el desplome de casi un 40% en las acciones de Burford en Wall Street durante el último año es una señal de que el mercado percibe un mayor riesgo para el fondo. “Será positivo, y somos optimistas aunque sabemos que no es un tema fácil y que el ratio de casos que revoca la corte de apelaciones no es alto”, explican desde el entorno oficial, añadiendo que el panorama ha cambiado drásticamente respecto a lo que se esperaba hace un año.
Según Maril, el tribunal debe responder tres interrogantes fundamentales: si Nueva York o Buenos Aires es el foro más conveniente, si debe aplicarse la ley argentina y si el cálculo de la indemnización fue correcto. Si se fallara a favor de la jurisdicción argentina, el caso podría cerrarse rápidamente sin necesidad de abordar los otros puntos.
Una maraña de causas judiciales
El conflicto ha derivado en lo que algunos llaman una “mamushka” de expedientes. Burford busca demostrar un alter ego entre YPF y el Estado para incautar activos, además de exigir información de los teléfonos personales de funcionarios de alto rango, como el ministro Luis Caputo y el canciller Pablo Quirno.
Desde la defensa argentina advierten que estas peticiones son tácticas de presión excesivas:
“Argentina cumplió con las órdenes del tribunal hasta donde lo permite la ley local. No se le puede exigir a un funcionario que entregue su teléfono personal, no es discutible bajo el derecho argentino”
. Actualmente, existen al menos seis apelaciones simultáneas activas:
- La causa principal por la expropiación.
- La disputa por la entrega de acciones de YPF.
- El caso de la ONG Republican Action for Argentina.
- La defensa de YPF contra el argumento del alter ego.
- La apelación sobre la entrega de dispositivos móviles de funcionarios.
- El proceso de discovery o intercambio de pruebas.
Impacto político y económico
El Gobierno califica este juicio como “tóxico” debido a su magnitud sin precedentes para un país soberano en EE. UU. A pesar de la postura oficial de no negociar, se registran acercamientos previos. El 19 de diciembre de 2023, Jon Molot, fundador de Burford, se reunió con Rodolfo Barra (PTN) y José Ignacio García Hamilton. Asimismo, el exjefe de Gabinete, Guillermo Francos, recibió a Gerardo Mato, CEO de BluePearl Capital y contacto de Burford en la región.
En la Casa Rosada son claros: cualquier negociación solo ocurriría “al final del proceso y con una ley del Congreso que lo autorice”. Por otro lado, existen críticas hacia la defensa realizada entre 2018 y 2019 durante el mandato de Mauricio Macri, cuando Bernardo Saravia Frías lideraba la PTN. Se cuestiona que no se lograra invocar la inmunidad soberana de manera efectiva ante la justicia estadounidense.
El primer contacto de la era Milei con el caso ocurrió cuando la jueza Preska solicitó una garantía de unos USD 5.000 millones para frenar los embargos mientras se apelaba, cifra que el país consideró inasumible en ese momento. Con la decisión de la Cámara de Apelaciones a la vuelta de la esquina, el desenlace de este conflicto promete tener un impacto sísmico en las finanzas y la política exterior de la nación.
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