Una fuerte controversia rodea el proyecto del Escudo Nacional Antidrones, un contrato valorado en más de $6,2 billones. Según se ha denunciado, Carlos Alberto Dada, quien es excuñado de Camilo Benedetti (hermano del ministro Armando Benedetti), estaría gestionando influencias para beneficiar a la compañía de origen turco MKE Corporation.
Cuestionamientos en el proceso de selección
El proceso administrativo, bajo la tutela del Ministerio de Defensa, enfrenta señalamientos por presuntos encuentros privados, desplazamientos oficiales y la existencia de un memorando de entendimiento suscrito con Turquía. Este documento habría allanado el camino para la firma extranjera incluso antes de que se hiciera pública la apertura formal de la licitación.
La urgencia de este proyecto responde a una crisis de seguridad crítica: en el último lustro, se han contabilizado 860 ataques con drones ejecutados por estructuras criminales, dejando un trágico balance de 62 víctimas fatales. Ante esta realidad, el Ejecutivo nacional busca implementar una plataforma tecnológica avanzada para detectar y neutralizar estos dispositivos no tripulados.
A pesar de la necesidad, los tiempos y las formas han generado sospechas. Se reveló que existe un documento de compromiso firmado en junio de 2025 que posicionaría a MKE Corporation como el principal proveedor. Esta información choca con lo expuesto por el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, quien ha declarado que el proceso se encuentra apenas en su fase inicial.
Reuniones y vínculos bajo la lupa
La tensión aumentó tras conocerse que Carlos Alberto Dada ingresó a las instalaciones del Ministerio de Defensa en diciembre de 2025 para entrevistarse con la viceministra Angélica Verbel. Reportes sugieren que existe una presión inusual por concretar la firma del contrato antes de que concluya el año.
El historial de los involucrados añade complejidad al caso. Dada posee nexos previos con el sector militar; por ejemplo, en 2020, la firma Force Improvement LLC —vinculada a Camilo Benedetti— colaboró con MKE Corporation en la provisión de equipos de guerra. Esta relación histórica es el centro de las dudas sobre un posible favoritismo.
No obstante, los implicados han desestimado las acusaciones.
“Camilo Benedetti aseguró que no tiene relación alguna con el proyecto del Escudo Nacional Antidrones y que su empresa no está interesada en ese negocio”
. Por su parte, Dada admitió su visita a la viceministra Verbel, pero enfatizó que se trató de un asunto estrictamente personal ajeno al contrato millonario.
Viajes oficiales y el rol de Codaltec
Otro elemento bajo escrutinio es la misión oficial que la viceministra Verbel realizó a Turquía del 24 al 31 de enero de 2026. En dicha agenda se incluyeron visitas a las instalaciones de MKE Corporation, donde fue fotografiada. El Ministerio ha justificado el viaje como parte de la cooperación bilateral, sin profundizar en los diálogos sobre el sistema antidrones.
El esquema de contratación también es objeto de debate, ya que se centralizaría mediante Codaltec (Corporación de Alta Tecnología para la Defensa). Gracias a su régimen especial, esta entidad puede realizar adjudicaciones directas, evitando licitaciones públicas tradicionales, y podría obtener hasta un 14 % del valor total por conceptos de administración.
La postura del presidente Gustavo Petro
Ante el revuelo mediático, el mandatario Gustavo Petro utilizó sus redes sociales para fijar una posición contundente. El presidente manifestó lo siguiente:
“Problema: los turcos no tienen antidrones móviles tácticos, probados en la guerra, que es lo que estoy buscando como prioridad. Así que los comisionistas de armas por hacerle caso a ‘El Colombiano’ se están equivocando (sic)”
Con estas palabras, Petro sugirió que la propuesta de la empresa turca no cumple con los requisitos técnicos de experiencia en combate real que el Gobierno demanda actualmente.
Especialistas técnicos también han planteado reparos. Se señala que el sistema “Tolga”, desarrollado por MKE Corporation, solo contaría con una demostración pública y presentaría fallas al detectar drones operados mediante fibra óptica, una tecnología que ya emplean grupos armados ilegales en territorio colombiano.
Finalmente, la viceministra Angélica Verbel ha ratificado que sus gestiones han sido transparentes y que los acercamientos con empresas no generan compromisos previos, recordando que el proceso se encuentra bajo reserva legal. Este contrato es vital para combatir a las disidencias, el ELN y el Clan del Golfo, principales responsables de la escalada de ataques aéreos.
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