La Corte Suprema de Justicia de Colombia analiza actualmente una ponencia formal que pretende llamar a juicio a seis legisladores pertenecientes a la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público. Las investigaciones apuntan a la formación de una presunta “empresa criminal” diseñada para facilitar la aprobación de préstamos del Estado a cambio de la adjudicación de contratos ilícitos, en el marco del escándalo de corrupción que sacude a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).
Nombres bajo la lupa judicial
El grupo de parlamentarios señalados por la justicia colombiana está compuesto por:
- Wadith Manzur (Partido Conservador)
- Liliana Esther Bitar (Partido Liberal)
- Julián Peinado Ramírez (Partido Liberal)
- Karen Astrid Manrique (Curules de Paz)
- Juan Pablo Gallo (Partido Liberal)
- Juan Diego Muñoz (excongresista de Alianza Verde)
La ponencia, que ya fue radicada en la Sala de Instrucción de la Corte, detalla las acciones individuales de cada uno de los implicados. Según el documento, los procesados habrían aceptado beneficios económicos para dar su voto positivo a diversos préstamos internacionales requeridos por el Ejecutivo. El alto tribunal ha sido enfático al señalar que este esquema de corrupción representó un riesgo severo para la institucionalidad de Colombia.
Para sustentar la acusación, los magistrados cuentan con un robusto paquete de evidencias que incluye grabaciones, documentos digitales y testimonios clave recolectados tras meses de indagaciones. Entre las declaraciones más relevantes se encuentran las de la exasesora del Ministerio de Hacienda, María Alejandra Benavides; el anterior director de la Ungrd, Olmedo López; y el exsubdirector Sneyder Pinilla. Estos testigos facilitaron a la justicia registros de conversaciones y correos electrónicos que comprometerían a los acusados.
Testimonios y pactos irregulares
El relato de Benavides ha sido un pilar para entender cómo se gestaron las presiones dentro de la Comisión Interparlamentaria. La exasesora describió diversos encuentros en el Ministerio de Hacienda y reveló mensajes donde congresistas, como Wadith Manzur, solicitaban certificados de disponibilidad presupuestal para validar su gestión ante la entidad de riesgo. Por su parte, Olmedo López ratificó la existencia de pactos para distribuir contratos a cambio de votos parlamentarios, mientras que Pinilla aportó pruebas sobre la coordinación de proyectos en distintas zonas municipales.
“Los implicados habrían aceptado remuneraciones a cambio de votar a favor de la aprobación de préstamos internacionales solicitados por el Gobierno nacional”.
La investigación también incluye registros de múltiples visitas de los legisladores a la sede ministerial en Bogotá, coincidiendo con fechas críticas de votación. Un ejemplo destacado es la visita de Manzur el 15 de diciembre de 2023, donde se reunió con el entonces ministro Ricardo Bonilla, quien también es objeto de investigación. Estos movimientos quedaron registrados en las bitácoras de ingreso y en las cámaras de seguridad del edificio oficial.
Situación jurídica actual
El futuro legal de los implicados está en manos de la Corte, que aún delibera sobre la imposición de medidas restrictivas de la libertad. Se conoce que en julio de 2025 se realizaron debates previos sobre posibles órdenes de captura, aunque en ese momento no se alcanzó el consenso necesario. La determinación final sobre la acusación y las posibles detenciones dependerá del análisis exhaustivo de la ponencia actual.
Este caso ya ha generado consecuencias para otros altos cargos. Los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco se encuentran bajo detención. Asimismo, la justicia ha solicitado circulares rojas de Interpol contra Carlos Ramón González (exdirector del Dapre) y César Manrique Soacha (Función Pública). Las declaraciones más recientes de los exdirectivos de la Ungrd enfatizan que el eje central de esta red era el manejo irregular de contratos estatales por sumas de dinero sumamente elevadas.
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