En una reacción cargada de hostilidad, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificó como «profundamente decepcionante» el reciente veredicto del Tribunal Supremo. El fallo determina que la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) no le faculta para establecer aranceles. Ante esto, el mandatario acusó a los jueces disidentes de ser «antipatriotas» y adelantó que utilizará otros marcos legales para instaurar un gravamen global del 10%.
Durante una rueda de prensa en Washington, el jefe de Estado no escatimó en críticas contra la máxima instancia judicial del país.
«La sentencia del Tribunal Supremo sobre los aranceles es profundamente decepcionante, y me avergüenzo de algunos miembros del tribunal. Estoy absolutamente avergonzado de que no hayan tenido el valor de hacer lo que es correcto para nuestro país»
, manifestó con severidad.
Este viernes, el Alto Tribunal, a pesar de su tendencia mayoritariamente conservadora, emitió un voto de 6 a 3 rechazando los argumentos de la Casa Blanca. El Gobierno sostenía que los impuestos a la importación implementados tras el denominado ‘Día de la Liberación’ en abril de 2025 eran legales bajo el amparo de la IEEPA.
Duras críticas a la magistratura
Donald Trump describió a los jueces que firmaron la resolución como una «desgracia» para la nación, sugiriendo que han cedido ante las presiones de los «demócratas radicales», los ‘RINOS’ (republicanos solo de nombre) e intereses foráneos. En contraste, envió felicitaciones a los tres magistrados que votaron a favor de su postura.
El mandatario fue enfático al señalar que estos jueces actúan en contra del fortalecimiento del país:
«Están en contra de todo lo que hace que Estados Unidos sea fuerte, saludable y grande de nuevo. Francamente, esos jueces son una desgracia para nuestra nación. Son un ‘no’ en automático, sin importar lo buenas que sean tus ideas»
, afirmó.
En su discurso, elevó el tono de los insultos al referirse a los miembros de la corte:
«No son más que unos estúpidos y unos perritos falderos de los RINOs y de los demócratas radicales de izquierda. […] Son muy antipatriotas y desleales hacia nuestra Constitución. En mi opinión, el tribunal se ha dejado influir por intereses extranjeros y por un movimiento político mucho más pequeño de lo que la gente podría pensar»
.
Nuevas medidas económicas en marcha
Pese al revés judicial, el presidente anunció que firmará de inmediato una orden ejecutiva fundamentada en la Sección 122. Esta medida impondrá un arancel global del 10% que, según sus palabras, entrará en vigor en un plazo de apenas tres días.
No obstante, esta nueva estrategia posee limitaciones temporales. A diferencia de sus medidas previas, estos aranceles solo podrán estar vigentes por un periodo máximo de 150 días, a menos que el Congreso de los Estados Unidos decida otorgar una prórroga.
Complementariamente, el líder republicano informó que, bajo la Sección 301, se darán inicio a investigaciones rigurosas sobre supuestas «prácticas comerciales injustas» ejecutadas por gobiernos y empresas del exterior, con el objetivo de establecer aranceles de carácter permanente en el futuro.
La resolución judicial también supone un problema financiero para la administración, ya que abre la vía para que miles de compañías que sufrieron el encarecimiento de sus importaciones exijan reembolsos millonarios. Al respecto, Trump estimó que el Gobierno federal podría enfrentar litigios legales durante los próximos cinco años.
Los fundamentos del fallo judicial
El Supremo fue tajante al dictaminar que la IEEPA no confiere al Ejecutivo la autoridad para fijar aranceles, representando el golpe judicial más significativo para Trump desde su retorno al poder.
«La IEEPA no autoriza al presidente a imponer aranceles»
, concluyó la sentencia, ratificando la decisión de una instancia inferior que ya había advertido que el uso de esta ley de 1977 excedía las facultades presidenciales.
Los jueces que emitieron una opinión contraria a la mayoría fueron Clarence Thomas, Samuel Alito y Brett Kavanaugh. Sin embargo, la Corte en general rechazó la tesis de que el Ejecutivo pudiera fijar aranceles ilimitados de forma unilateral y sin cumplir con los procesos establecidos en otras normativas comerciales.
Para el tribunal, la Casa Blanca necesita una «autorización clara del Congreso» para ejercer una facultad tan extraordinaria. Se determinó que la capacidad de la IEEPA para «regular» la «importación» no es suficiente, pues dicha ley de emergencia no menciona explícitamente derechos arancelarios. Además, los magistrados recordaron que «ningún presidente hasta ahora ha interpretado la IEEPA arrogándose tal facultad».
El resumen de la postura judicial fue contundente:
«No reivindicamos ninguna competencia especial en materia económica ni de relaciones exteriores. Reivindicamos únicamente, como es debido, el papel limitado que nos asigna el Artículo III de la Constitución. En cumplimiento de dicho papel, sostenemos que la IEEPA no autoriza al presidente a imponer aranceles»
.
A mediados de enero, Donald Trump ya había vaticinado que una decisión adversa sería un «completo desastre» que forzaría la devolución de «miles de millones» de dólares en recaudación. El paquete de gravámenes anunciado originalmente en abril de 2025 fue demandado por una docena de estados y diversas corporaciones norteamericanas que consideraron la orden ejecutiva como una extralimitación de funciones.
Cabe recordar que la IEEPA permite al presidente prohibir o regular transacciones en escenarios de emergencia nacional, pero el tribunal federal y ahora el Supremo coinciden en que fue invocada de manera indebida por la administración actual, tras haber escuchado los argumentos del caso a inicios de noviembre de 2025.
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