La Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia ha dictado una sentencia condenatoria de 10 años de prisión contra el exmagistrado José Leonidas Bustos Martínez. El exfuncionario fue hallado responsable de liderar actividades ilícitas dentro del escándalo de corrupción judicial conocido como el “cartel de la toga”.
El fallo judicial establece que Bustos Martínez incurrió en los delitos de concierto para delinquir en concurso heterogéneo, junto con cohecho propio en concurso homogéneo. Además del tiempo en prisión, la justicia le impuso la inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el mismo periodo de la condena, así como el pago de una multa económica que alcanza los $133.738.170.
Como parte de las medidas para asegurar el cumplimiento de la pena, se ha emitido una orden de captura inmediata y se ha solicitado a la Interpol la publicación de una notificación roja. El tribunal fue enfático al negar al sentenciado cualquier beneficio de suspensión condicional de la ejecución de la pena o la posibilidad de cumplirla mediante prisión domiciliaria.
“Se dispuso negar al sentenciado los mecanismos sustitutivos de suspensión condicional de la pena privativa de la libertad intramural y prisión domiciliaria”
De esta manera, el exmagistrado deberá ser recluido en el establecimiento penitenciario que asigne el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) una vez sea puesto a disposición de las autoridades.
La red de corrupción en la Sala Penal
La investigación detalló que las conductas delictivas se desarrollaron mientras Bustos Martínez se desempeñaba como magistrado de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. La sentencia indica que el exjurista se alió con otros magistrados, exmagistrados y abogados litigantes, entre los que destaca Luis Gustavo Moreno Rivera.
El objetivo de esta organización era contactar a personas con fuero constitucional que enfrentaban procesos de única instancia en la Corte. A cambio de grandes sumas de dinero, los implicados ofrecían intervenir ilegalmente para gestionar archivos de procesos, autos inhibitorios y preclusiones, logrando incluso frenar órdenes de captura o medidas de aseguramiento.
Dentro del expediente se menciona el contacto con los entonces senadores Musa Besaile Fayad y Álvaro Antonio Ashton Giraldo. Según las pruebas, ambos realizaron pagos ilícitos de $2.000 millones y $1.200 millones, respectivamente, para recibir fallos favorables en investigaciones vinculadas al fenómeno de la “parapolítica”.
Estos casos estaban bajo la responsabilidad del entonces magistrado Gustavo Malo Fernández. La Sala Especial determinó que, fruto de estos acuerdos, Bustos Martínez recibió personalmente la suma de $200 millones en efectivo, entregados por Luis Gustavo Moreno Rivera y provenientes del pago realizado por Besaile Fayad.
Reparación institucional y absolución parcial
Como una medida de restablecimiento del derecho para la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, la Corte ordenó que el sentenciado difunda, bajo su propio costo, la parte resolutiva y un resumen del fallo elaborado por la corporación. Esta publicación deberá realizarse en medios de comunicación escritos y audiovisuales autorizados en un plazo no mayor a tres meses.
Finalmente, es importante señalar que la Sala decidió absolver a José Leonidas Bustos Martínez del cargo de tráfico de influencias de servidor público. El tribunal concluyó que en este punto específico no se reunieron los elementos legales necesarios para atribuirle una responsabilidad de carácter penal.
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