La Cámara de Comercio de Estados Unidos ha manifestado su respaldo total a la reciente resolución de la Corte Suprema, que declara ilegal la aplicación de los aranceles recíprocos impulsados por Donald Trump. La organización empresarial proyecta que las devoluciones de estos gravámenes invalidados representarán sumas significativas para los pequeños importadores del país, lo cual será un catalizador fundamental para el crecimiento económico proyectado hacia 2026.
De acuerdo con Neil Bradley, quien se desempeña como vicepresidente ejecutivo y director de políticas de la Cámara de Comercio de EE.UU., esta sentencia judicial es un beneficio directo para el sector corporativo y los usuarios. Bradley subrayó que la rápida ejecución de los reembolsos
«serán significativos»
para un grupo de más de 200.000 pequeños importadores en territorio estadounidense, lo que favorecerá el dinamismo financiero durante el año en curso.
Asimismo, el directivo gremial aprovechó para enviar un mensaje a la Casa Blanca sobre el futuro de la recaudación comercial:
«Alentamos a la Administración a aprovechar esta oportunidad para reestructurar la política arancelaria general de una manera que genere un mayor crecimiento económico, mayores aumentos salariales para los trabajadores y menores costes para las familias»
, enfatizó Bradley.
Un revés judicial para la Casa Blanca
Este pronunciamiento del Tribunal Supremo, emitido este viernes, se constituye como el tropiezo jurídico más relevante para la gestión de Donald Trump desde su regreso al poder. La justicia determinó que la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA, por sus siglas en inglés) no le otorga la facultad al presidente para instaurar los denominados aranceles recíprocos de manera unilateral.
El máximo tribunal, caracterizado por una mayoría conservadora, ratificó con una votación de 6 a favor y 3 en contra el dictamen de una corte inferior que señalaba el exceso de autoridad presidencial. En su conclusión, el Alto Tribunal fue tajante al señalar que
«la IEEPA no autoriza al presidente a imponer aranceles»
, invalidando el uso de esta normativa de 1977 para tales fines. Se conoció que los magistrados Clarence Thomas, Samuel Alito y Brett Kavanaugh presentaron una postura discordante frente al fallo.
Con esta resolución, el Supremo descarta la interpretación gubernamental que pretendía usar la IEEPA como una vía para fijar aranceles ilimitados sin restricciones procesales. La sentencia deja claro que, de ahora en adelante, la Casa Blanca debe contar con una «autorización clara del Congreso» para poder justificar cualquier atribución extraordinaria en la imposición de cargas arancelarias.
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