En una decisión que marca un hito legal, el Tribunal Supremo de Estados Unidos se pronunció este viernes en contra de la aplicación de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA, por sus siglas en inglés) como base para que el Ejecutivo establezca los denominados aranceles recíprocos. Esta resolución representa el revés judicial más significativo para Donald Trump desde su retorno a la Casa Blanca.
Un fallo contundente contra la autoridad ejecutiva
La máxima instancia judicial del país, caracterizada por una mayoría conservadora, determinó por una votación de 6 a 3 que la legislación vigente no respalda las acciones del mandatario.
«La IEEPA no autoriza al presidente a imponer aranceles»
concluyó el Alto Tribunal, ratificando de este modo un dictamen previo de una corte de menor jerarquía que ya había señalado que el uso de esta normativa de 1977 excedía las atribuciones presidenciales. Cabe destacar que los magistrados Clarence Thomas, Samuel Alito y Brett Kavanaugh manifestaron una postura disidente frente a la decisión mayoritaria.
Con este fallo, el Tribunal Supremo desestima la postura del Gobierno, que sostenía que la IEEPA brindaba al presidente la potestad de aplicar gravámenes ilimitados de forma unilateral, omitiendo los controles procesales habituales de otras normativas comerciales. La resolución enfatiza que cualquier atribución extraordinaria de esta índole requiere que la Casa Blanca pueda
«aducir una autorización clara del Congreso»
para validar la imposición de nuevos impuestos a la importación.
Limitaciones de la Ley de Emergencia
Los jueces argumentaron que la facultad de «regular… la importación» que otorga la IEEPA es insuficiente para justificar la creación de aranceles. El tribunal recordó que esta norma de emergencia no hace mención directa a aranceles o derechos específicos. Además, subrayaron un precedente histórico importante: «hasta ahora ningún presidente ha leído la IEEPA para conferir tal facultad».
La sentencia fue enfática respecto a las competencias del Poder Judicial en el marco constitucional:
«No reivindicamos ninguna competencia especial en materia económica ni de relaciones exteriores. Reivindicamos únicamente, como es debido, el papel limitado que nos asigna el Artículo III de la Constitución. En cumplimiento de dicho papel, sostenemos que la IEEPA no autoriza al presidente a imponer aranceles»
.
Antecedentes y consecuencias económicas
Por su parte, el presidente Donald Trump había manifestado su preocupación a mediados de enero, advirtiendo que un fallo adverso por parte de la Corte se convertiría en «un completo desastre». Según sus estimaciones, esta decisión obligaría al Estado al reembolso de «billones» de dólares recaudados.
El origen del conflicto se remonta a los aranceles globales decretados por el mandatario en abril de 2025. Dichas medidas fueron cuestionadas legalmente por una docena de estados de la Unión y múltiples corporaciones privadas, quienes argumentaron una extralimitación de funciones mediante órdenes ejecutivas. Aunque la IEEPA permite regular transacciones en escenarios de emergencia nacional, los demandantes alegaron que esto no incluía la creación de nuevos gravámenes comerciales.
El proceso legal hasta la resolución final
El camino hacia esta sentencia incluyó audiencias cruciales a inicios de noviembre de 2025, donde los magistrados escucharon los argumentos de la defensa de la administración y las objeciones de un tribunal federal. Previamente, a finales de mayo del año pasado, el Tribunal de Comercio Internacional ya había fallado que el presidente actuó fuera de su marco legal al invocar la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional.
Tras la publicación de esta resolución definitiva, se prevé el inicio de una ardua batalla jurídica. Miles de empresas que se vieron perjudicadas por el incremento en los costos de sus importaciones ahora tienen la base legal para exigir la devolución de los montos pagados, lo que podría generar un impacto masivo en las finanzas públicas estadounidenses.
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