En vísperas de que la Asamblea Nacional conozca y tramite el informe para segundo debate del proyecto urgente para la sostenibilidad y la eficacia del gasto de los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD), el Ejecutivo abrió espacios de diálogo con autoridades locales y asambleístas para asegurar su aprobación.
El proyecto presentado por el presidente Daniel Noboa propone que los GAD destinen al menos el 70 % del presupuesto en inversión para mantenimiento y reposición de infraestructura y servicios públicos, y el 30 % restante para gasto corriente.
Este planteamiento ha llevado a varios alcaldes y prefectos a pedir a los legisladores de sus provincias que voten en contra de la iniciativa. Algunos incluso fueron declaradas “personas no gratas”.
En contraste, la ministra de Gobierno, Nataly Morillo, convocó a alcaldes de varios cantones del país a una reunión a la que llamó “Diálogo de alcaldes y alcaldesas: presupuesto para el desarrollo de Ecuador”. El objetivo: dar a conocer las bondades de la reforma.
El pleno de la Asamblea Nacional sesionará este viernes, 20 de febrero, en la Universidad Ecotec, en Samborondón, Guayas, donde consta el segundo y definitivo debate de este proyecto urgente.
Los reclamos persistentes de los alcaldes, prefectos y asambleístas es la falta de socialización del proyecto antes de la elaboración del informe para segundo debate, pues consideran que la normativa afectará su autonomía y les restará recursos.
Para elaborar el informe de segundo debate, la Comisión de Desarrollo Económico, presidida por Valentía Centeno (ADN), recibió a cinco personas: un delegado de la Contraloría General del Estado, dos constitucionalistas, la viceministra de Finanzas y al subsecretario de Planificación.
El mismo informe da cuenta de que para el tratamiento, debate y aprobación de este texto, se realizó una sola sesión, el 16 de febrero de 2026.
Pero se conoció que hubo más de una docena de peticiones de alcaldes y prefectos para que la mesa legislativa abra un espacio para presentar sus observaciones y puntos de vista respecto al proyecto urgente, pero ninguna fue admitida.
Hasta la mesa de Desarrollo Económico llegaron pedidos de audiencia para presentar observaciones de la prefecta de Guayas, Marcela Aguiñaga; del alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez; de la prefecta de Pichincha, Paola Pabón; del alcalde de Cuenca, Cristian Zamora; y, el prefecto de Manabí, Leonardo Orlando.
Pero también los asambleístas de la bancada Revolución Ciudadana (RC) presentaron en la Comisión de Desarrollo Económico un listado de personas que deberían ser invitadas a la mesa para exponer sus observaciones, entre ellas Pabel Muñoz, alcalde de Quito; Orli Flores, alcalde de Sozoranga; Pedro Solines, alcaldel del cantón Milagro; Mercedes Luque, de la junta parroquial de Calderón; y Hermes Tenesaca, del Frente Unitario de Trabajadores.
La Comisión de Desarrollo Económico aprobó el informe para segundo debate el 17 de febrero de 2026, con seis votos a favor, dos en contra y una abstención.
El asambleísta Alfredo Serrano, del Partido Social Cristiano (PSC), aseguró que el Gobierno enfrenta dificultades para alcanzar los 77 votos necesarios en la Asamblea.
Lamentó que la aprobación del proyecto no dependa de las principales fuerzas políticas, sino de grupos de legisladores independientes o cercanos al oficialismo.
Según explicó, se trata de asambleístas que abandonaron la bancada correísta RC, otros que fueron expulsados del movimiento Pachakutik y algunos representantes de minorías en provincias como Imbabura, Carchi, Sucumbíos, Esmeraldas y Morona Santiago. Serrano sostuvo que el Gobierno cuenta con 78 votos fijos, pero que la aprobación final dependerá del respaldo de al menos dos legisladores adicionales; de lo contrario, no se alcanzaría la mayoría requerida.
El legislador señaló que el PSC espera que el proyecto no sea aprobado, ya que —según dijo— no incorpora las observaciones planteadas por su bancada. A su criterio, el principal problema es que la norma mantiene el mecanismo que, en caso de exceso de gasto corriente por parte de alcaldes o prefectos, termina afectando a ciudades, parroquias y provincias, en lugar de sancionar directamente a las autoridades responsables.
Serrano agregó que el proyecto modifica el alcance de la regla 70-30 al incluir nuevos rubros dentro del gasto corriente, alterando así su contenido original. Advirtió que, si no se cumple con esa proporción, no se sanciona al alcalde o prefecto, sino a la población, reduciendo sus rentas en aproximadamente un 16 %. Finalmente, indicó que si el proyecto no obtiene los votos necesarios, el texto enviado por el Ejecutivo entrará en vigencia por el ministerio de la ley como decreto-ley, lo que daría paso a demandas de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional, acompañadas de solicitudes de medidas cautelares.
El asambleísta Edmundo Cerda, expulsado del sector de Pachakutik, señaló que junto a los legisladores José Nango y José Nantipia tiene plena conciencia de las leyes que respalda. Aseguró que han analizado detenidamente el proyecto y consideran que no afectará de manera significativa los presupuestos de los gobiernos provinciales y municipales.
Cerda explicó que su apoyo a la iniciativa enviada por el presidente Daniel Noboa se basa en que, a su criterio, la ley beneficiará directamente a la ciudadanía. Indicó que si bien existen gobiernos autónomos descentralizados (GAD) que destinan correctamente sus recursos a obras e inversión, también hay otros que los utilizan para fines distintos.
En ese sentido, sostuvo que la propuesta no busca reducir los presupuestos de los GAD, sino promover una mayor eficiencia en la gestión administrativa de alcaldes y prefectos. Recalcó que el objetivo es garantizar un uso adecuado y responsable de los fondos públicos.
Finalmente, afirmó que, si las autoridades locales administran correctamente los recursos asignados, no enfrentarán inconvenientes en el siguiente ejercicio fiscal. A su juicio, la ley apunta a mejorar la gestión, no a disminuir las asignaciones presupuestarias.
En tanto, el legislador oficialista Esteban Torres afirmó que existe un escenario favorable para aprobar el proyecto urgente. Aunque reconoció que se trata de una ley más compleja que la anterior propuesta económica, señaló que todo indica que sí habría los votos necesarios en el pleno convocado en Guayaquil.
Torres explicó que la iniciativa es importante porque ya existe una regla que fija los porcentajes de inversión y de gasto administrativo en los gobiernos autónomos descentralizados (GAD), pero —según dijo— no se ha venido cumpliendo, especialmente en varios municipios grandes y pequeños. Recordó que los municipios pequeños dependen casi en su totalidad de los recursos que reciben del Estado, mientras que los grandes generan la mayor parte de sus ingresos.
Indicó que, paradójicamente, son muchos municipios pequeños y medianos los que sí cumplen con la regla del 70 % para inversión y 30 % para gasto corriente. El problema, añadió, es que en numerosos municipios esa proporción está invertida, destinando entre el 70 % y el 80 % al gasto corriente y apenas entre el 20 % y el 30 % a inversión.
Finalmente, Torres reiteró que no ve riesgo de que el proyecto no sea aprobado. Argumentó que, hasta ahora, ninguna ley enviada por el Ejecutivo se ha quedado sin los votos necesarios y considera que no hay razones para que esta sea la excepción, pese a las particularidades y a que algunos legisladores mantienen vínculos directos con sus territorios.
La legisladora del Tungurahua Cecilia Baltazar, expulsada de Pachakutik y que representa a los legisladores de Chimborazo, Carmen Tiupul y de Cañar, Manuel Choro, señaló que los tres asambleístas han presentado observaciones al proyecto urgente que tienen que ver con la garantía del trabajo en los municipios y las prefecturas, y dijo que esperan una última reunión para tomar una decisión final frente al proyecto.
Sin embargo, explicó que los tres han sido claros de que es fundamental que los municipios dejen de invertir, todos sus recursos, en gasto corriente, es decir, cumplir sus cuotas políticas, contratar personal cuando deberían atender las necesidades prioritarias.
Los municipios deben destinar sus recursos al tema del agua potable para las comunidades, para el sector de la ruralidad. Dijo que están a la esperan de conocer si las propuestas de cambios fueron incorporadas al proyecto de ley que este viernes se discute en Guayaquil.
Fuente: El Universo
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