La Cámara Federal de Casación Penal ha programado para el próximo 5 de marzo a las 11:30 la audiencia inicial en la que se debatirá el decomiso de activos relacionados con la conocida causa Vialidad. Este proceso se desprende de la ejecución de la sentencia definitiva contra la exmandataria Cristina Fernández de Kirchner, el empresario Lázaro Báez y otros implicados por la manipulación irregular de contratos de obra pública en la provincia de Santa Cruz. La cifra establecida como reparación económica a favor del Estado Nacional alcanza los $684.990.350.139,86.
Integración del Tribunal y revisión judicial
La decisión de convocar a las partes fue tomada por la Sala IV del tribunal penal de mayor jerarquía a nivel federal. El cuerpo colegiado, compuesto por los magistrados Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña, se encargará de analizar las apelaciones contra el fallo emitido el 18 de noviembre de 2025 por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2 (TOF 2).
Dicha resolución ordenó la incautación de propiedades inmuebles y capital financiero bajo un valor actualizado. Es importante destacar que el monto original de la condena, fijado inicialmente en $84.835.227.378,04, sufrió una importante reformulación tras la intervención de peritos oficiales, representantes fiscales y el Cuerpo de Peritos Contadores de la Corte Suprema.
La situación legal de la expresidenta se tornó irreversible el 10 de junio de 2025, fecha en que la Corte Suprema de Justicia desestimó los recursos extraordinarios, ratificando la sentencia del TOF 2 que ya había sido validada por la Casación Federal. La condena impuesta es de seis años de privación de libertad y la inhabilitación absoluta perpetua para ocupar funciones públicas, bajo el cargo de administración fraudulenta. Por el momento, la exfuncionaria permanece bajo prisión domiciliaria en su residencia ubicada en la calle San José 1111, en la ciudad de Buenos Aires.
Funcionarios y empresarios sentenciados
Junto a la exjefa de Estado, la sentencia abarca a diversos exfuncionarios y empresarios que formaron parte del esquema de corrupción. La lista de condenados incluye a:
- Lázaro Báez
- José Francisco López, quien se desempeñó como secretario de Obras Públicas.
- Nelson Guillermo Periotti, extitular de Vialidad Nacional.
- Los exmiembros de Vialidad Provincial de Santa Cruz: Raúl Gilberto Pavesi, Raúl Osvaldo Daruich, Mauricio Collareda, José Raúl Santibáñez y Juan Carlos Villafañe.
Todos ellos fueron hallados responsables de perjudicar a la administración pública mediante el direccionamiento de contratos de obra pública en el sur del país. En una etapa preliminar, el TOF 2 instruyó el decomiso de 111 propiedades pertenecientes a Fernández de Kirchner y Báez, además de activos vinculados a firmas como Austral Construcciones SA, Kank y Costilla SA y Loscalzo y Del Curto SRL. Estos bienes, situados mayormente en El Calafate y Río Gallegos, deben ser tasados previamente a cualquier remate público.
Disputa por bienes heredados y nuevos pedidos
Un punto de fuerte fricción legal que la Casación deberá dirimir es la pretensión de incluir 19 inmuebles que hoy figuran a nombre de Máximo y Florencia Kirchner. Ambos no recibieron condena en este expediente y alegan haber obtenido los bienes por vía hereditaria. Pese a esto, el Tribunal Oral decidió aplicar una ejecución solidaria sobre los activos de los nueve sentenciados, incorporando estas propiedades al plan de incautación, lo cual fue apelado por las defensas.
Los representantes legales de la exvicepresidenta y sus hijos argumentan que afectar bienes de personas ajenas al juicio violenta el derecho a la propiedad, el debido proceso y el principio de inocencia. Por su parte, el fiscal ante la Casación, Mario Villar, ha solicitado que se mantenga firme lo dispuesto por el tribunal de origen, enfatizando la necesidad de evaluar los:
“patrones de incremento patrimonial injustificado”
vinculados directamente con el ilícito investigado.
Ampliación de los decomisos solicitados
Recientemente, el Ministerio Público Fiscal ha elevado una solicitud para extender el alcance de la incautación. Se busca añadir 141 propiedades adicionales —donde 13 pertenecen a firmas de la familia Kirchner y 128 a sociedades ligadas a Báez—, junto con 46 vehículos y diversas cantidades de moneda extranjera.
En el inventario de bienes bajo la lupa se encuentran:
- El departamento de San José 1111 en Constitución (donde se cumple el arresto).
- El establecimiento hotelero La Aldea en El Chaltén.
- Unidades de vivienda y espacios de cochera en el exclusivo complejo Madero Center, en Puerto Madero.
- La suma de USD 4.664.000 que fueron localizados en una caja de seguridad de Florencia Kirchner, además de fondos en cuentas bancarias.
Bajo este complejo escenario, la cita del 5 de marzo será determinante para que la Sala IV escuche las posturas finales antes de dictaminar el alcance definitivo del decomiso millonario ordenado en la justicia federal.
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