En un periodo estimado de diez días, la Contraloría General de la República presentará los resultados de un examen preliminar centrado en la gestión del expresidente José Jerí. Esta acción de control surge tras una serie de denuncias sobre supuestas anomalías ocurridas durante su breve mandato de apenas cuatro meses.
El titular del organismo de control, César Aguilar, precisó que este primer documento detallará los hallazgos iniciales sobre la administración de Jerí. Asimismo, el funcionario ratificó que la institución mantiene bajo estricta vigilancia diversos proyectos de envergadura nacional, destacando entre ellos el desarrollo del megapuerto de Chancay y los procesos de adquisición de aeronaves de combate liderados por el Ministerio de Defensa.
Las indagaciones en torno a la figura de José Jerí se centran en su vinculación con representantes del sector empresarial chino, mencionando específicamente el nombre de Zhihua Yang. Además, las autoridades investigan presuntas irregularidades en la contratación de personal femenino, quienes habrían mantenido reuniones con el entonces mandatario en horarios nocturnos extendidos.
Aguilar confirmó que el responsable del Órgano de Control Institucional (OCI) asignado a Palacio de Gobierno ya cuenta con las credenciales necesarias para proceder con las auditorías. El proceso de recolección de pruebas se está ejecutando tanto en el Despacho Presidencial como en diversas instituciones donde los implicados ocuparon cargos públicos.
“Ya estamos trabajando en eso, calculo que en unos diez días ya tengamos un informe básico que me permita, si encuentro irregularidades, generar un servicio de control pertinente”, declaró Aguilar.
Supervisión a la administración de Balcázar
El contralor César Aguilar hizo énfasis en la postura de neutralidad que rige a la Contraloría, independientemente de los cambios en el panorama político. El alto funcionario sostuvo con firmeza que el organismo no otorga concesiones especiales a ninguna figura, señalando textualmente:
“La Contraloría no se casa con nadie, sea presidente o sea un funcionario público de un nivel mínimo”.
Bajo esta premisa, se garantizó que cualquier anomalía detectada que involucre al actual jefe de Estado o a subalternos será expuesta ante la opinión pública, siguiendo estrictamente los protocolos de transparencia institucional. En cuanto a la fiscalización de activos estatales, la Contraloría ha desplegado comisiones especializadas en distintos ministerios para priorizar la revisión de concesiones clave, como es el caso del megapuerto de Chancay.
Sobre el reciente desembolso de S/1.137 millones destinados al Ministerio de Defensa para la compra de veinticuatro aviones caza, Aguilar informó que ya se ha emitido una opinión técnica al respecto. No obstante, aclaró que los pormenores de dicho informe se mantienen bajo reserva debido a que comprometen aspectos sensibles de la seguridad nacional.
Finalmente, con la llegada de José María Balcázar al poder, el contralor vislumbra el inicio de una fase de articulación institucional. Aunque César Aguilar indicó que todavía no se ha concretado un diálogo formal con el nuevo presidente, subrayó la relevancia de establecer un encuentro para definir la contribución técnica de su organismo.
“Es lo propio sostener una reunión para coordinar y evaluar cómo aportar desde la Contraloría”, concluyó el funcionario.
La Contraloría General de la República reafirma así su labor de monitoreo constante sobre la gestión pública, manteniendo su independencia en todos los niveles gubernamentales.
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