La designación de José María Balcázar Zelada como el nuevo presidente encargado de la República ha provocado un terremoto político no solo dentro de la estructura del Congreso, sino también en las organizaciones de la sociedad civil. Esta elección ha levantado una ola de críticas frontales por parte de diversos colectivos que velan por las garantías fundamentales en el país.
La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) ha manifestado de forma contundente su desacuerdo con este nombramiento. La entidad emitió una alerta pública señalando que esta decisión política provoca una “legítima alarma”, fundamentando su preocupación en el historial de declaraciones y posturas previas del ahora mandatario interino.
Mediante un comunicado difundido en su cuenta oficial de la red social X, la organización fijó su posición institucional apenas unas horas después de que concluyera la votación en el Pleno. La CNDDHH fue clara al expresar lo siguiente:
“La designación de José María Balcázar como presidente encargado genera legítima alarma”
Este mensaje inicial marca el inicio de un cuestionamiento profundo que sitúa la protección de los derechos de la niñez y la adolescencia como el punto crítico de la gestión que inicia. La principal fuente de inquietud para la organización radica en la postura que Balcázar defendió públicamente durante el año 2023.
En aquel entonces, mientras el parlamento debatía una ley crucial para prohibir de forma definitiva el matrimonio infantil, el hoy presidente se opuso a dicha reforma. Sus argumentos causaron controversia al sugerir que se debía respetar la supuesta voluntad de las menores para entablar relaciones sexuales a edades tempranas. Según su visión de aquel momento, tales actos podrían “ayudar al futuro psicológico de la mujer”, una tesis que fue rechazada tajantemente por especialistas jurídicos, académicos y activistas internacionales.
Desde la perspectiva de la CNDDHH, estas declaraciones no pueden considerarse un hecho aislado o sin importancia. Por el contrario, sostienen que reflejan una mentalidad que choca directamente con la Constitución y con los tratados internacionales de protección a la infancia que el Estado está obligado a cumplir.
En su pronunciamiento, la organización fue enfática al recordar las responsabilidades inherentes al cargo: “Quien dirige el Estado debe garantizar derechos, no vulnerarlos. La defensa de la niñez es una obligación constitucional”. Con estas palabras, se establece que el ejercicio del poder ejecutivo conlleva un compromiso ineludible con la seguridad de los sectores más vulnerables de la población.
La preocupación se ve agravada por el hecho de que José María Balcázar no ha presentado una rectificación pública ni ha mostrado un cambio de actitud respecto a sus polémicos comentarios del pasado. Este silencio administrativo y político es lo que motiva a la CNDDHH a exigir garantías reales sobre el cumplimiento de la agenda de protección de la infancia. Cabe recordar que la nación es firmante de diversos acuerdos globales que exigen erradicar cualquier práctica que ponga en riesgo la integridad de niñas y adolescentes.
Resultados de la votación en el Congreso
El ascenso de José María Balcázar a la presidencia interina se dio en medio de una jornada legislativa tensa. En la segunda vuelta de la votación participaron 113 congresistas, una ligera reducción frente a los 117 que estuvieron presentes en la ronda inicial. El representante de la bancada de Perú Libre logró consolidar 60 votos a favor, cifra suficiente para imponerse en el proceso.
En la otra vereda, la legisladora de Acción Popular, María del Carmen Alva, obtuvo un total de 46 votos, quedando 14 puntos por debajo del ganador. El camino hacia esta definición final dejó en el trayecto a otros aspirantes como Segundo Acuña Peralta, del grupo Honor y Democracia, y a Edgard Reymundo Mercado, de la agrupación Bloque Democrático Popular. Estos últimos no lograron los respaldos necesarios para pasar a la etapa definitiva, lo que terminó por polarizar la elección entre las dos fuerzas políticas con mayor capacidad de negociación en el hemiciclo.
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