La cúpula de la Policía Nacional se encuentra bajo un fuerte impacto tras conocerse la situación judicial de José Ángel González, quien hasta hace poco ocupaba el cargo de director adjunto operativo (DAO). La noticia de una querella por presunta agresión sexual, interpuesta por una inspectora del mismo cuerpo, ha generado una profunda conmoción entre los más de 76.700 agentes que integran la institución. El proceso legal ha sido formalmente admitido a trámite este martes por el Juzgado de Violencia sobre la Mujer Número 8 de Madrid, lo que ha desatado una crisis institucional sin precedentes y un debate sobre la protección de la imagen policial frente a la gravedad de las acusaciones.
En medio de la tormenta mediática, José Ángel González ha decidido ofrecer declaraciones públicas para aclarar los detalles de su salida. El exjefe policial explicó en una entrevista televisiva que su desvinculación del cargo no fue una imposición del Ministerio del Interior, sino una decisión personal tomada de forma inmediata tras conocer los señalamientos legales en su contra. De acuerdo con su testimonio, la renuncia tuvo como objetivo principal salvaguardar la reputación de la entidad y garantizar su propia defensa legal.
Al respecto, González manifestó de forma textual:
“En el momento en que me enteré de la querella, pues automáticamente puse mi renuncia porque no quiero perjudicar el buen nombre de la Policía Nacional y además para poder defenderme en condiciones”
El exDAO enfatizó que su dimisión fue un acto voluntario y debidamente documentado antes de que se formalizara cualquier cese por parte de las autoridades superiores. Durante su intervención, insistió en la cronología de los hechos:
“No, no… yo renuncié antes de que me… Ahora me tienen que cesar ellos. Yo renuncié nada más conocer la querella. Y además lo hice por escrito. O sea, yo renuncié y además puse que por no ensuciar el buen nombre de la Policía”
La denuncia presentada por la inspectora, quien mantuvo una relación previa con el acusado, describe hechos de extrema gravedad, mencionando una presunta agresión sexual “con penetración”. Además, el documento judicial incluye señalamientos sobre supuestas coacciones directas e indirectas por parte de otros altos mandos de la policía, quienes habrían intentado disuadir a la mujer de denunciar el caso. Esta serie de detalles ha dejado en estado de perplejidad a los uniformados del país, quienes aguardan el desarrollo de las investigaciones judiciales para comprender el alcance real de los hechos denunciados.
Posiciones y reacciones de los gremios policiales
La presión sobre la permanencia de González aumentó rápidamente el martes. Alrededor de las nueve y media de la noche, apenas dos horas después de que el sindicato Jupol exigiera públicamente que el alto mando no continuara “ni un minuto más” al frente de la Dirección Adjunta Operativa (DAO), el exjefe oficializó su renuncia. El sindicato mayoritario fue contundente en sus redes sociales al solicitar su salida inmediata tras la admisión de la querella.
Por otro lado, la portavoz del Sindicato Unificado de Policía (SUP), Ana Alarcón, calificó la renuncia como una medida de responsabilidad institucional. Alarcón destacó que la integridad de la Policía Nacional debe prevalecer y que el caso requiere de una transparencia absoluta:
“Si la dimisión se produce para preservar la institución y facilitar cualquier investigación, entendemos que es una decisión coherente con la responsabilidad del cargo”
Asimismo, añadió que
“la ejemplaridad en los puestos de alta dirección [en la Policía] no es una opción, es una obligación. Si hay una investigación judicial en marcha, debe desarrollarse con total transparencia y sin interferencias”
Finalmente, el Sindicato Profesional de Policía (SPP), organización que representa a la escala de mando, ha optado por una postura de cautela. A través de un comunicado firmado por su presidente, Daniel López, el gremio solicitó
“respeto absoluto al procedimiento judicial»
y advirtió que
“cualquier juicio paralelo es prematuro e improcedente”
El SPP ha hecho un llamado a la prudencia, recordando que el derecho a la presunción de inocencia ampara a todos los ciudadanos. No obstante, fueron claros en señalar que no habrá tolerancia si se confirman los delitos:
“Si se demuestran los hechos, seremos los primeros en pedir que se depuren responsabilidades, pero nunca antes”
El gremio también criticó a quienes han buscado protagonismo mediático pidiendo dimisiones aceleradas, lamentando el “daño reputacional” que esto causa a la institución sin que medie aún una sentencia procesal.
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