El Gobierno de Grecia ha confirmado este miércoles que se encuentra liderando una iniciativa conjunta junto a Alemania, Austria, Países Bajos y Dinamarca. El objetivo de esta alianza estratégica es concretar la creación de infraestructuras de detención destinadas a migrantes en proceso de deportación, las cuales estarían ubicadas estratégicamente fuera del territorio de la Unión Europea.
Durante una intervención en la cadena televisiva helena ERT, el titular de la cartera de Migración, Thanos Plevris, explicó que estas naciones europeas están coordinando esfuerzos para resolver las complicaciones en la repatriación de individuos cuyas solicitudes de asilo han sido denegadas en el continente. Según el alto funcionario, se contempla establecer estos centros de internamiento en terceros países, señalando que la ubicación geográfica ideal sería «preferiblemente en África».
Estrategia contra la migración irregular
La propuesta está dirigida específicamente a aquellos migrantes que, tras haber recibido una respuesta negativa a su petición de refugio, no pueden ser repatriados directamente debido a que sus naciones de origen se niegan a recibirlos. Grecia, Alemania, Austria, Países Bajos y Dinamarca son los estados que actualmente colaboran de forma estrecha para materializar este proyecto, según los detalles brindados por Plevris.
El ministro enfatizó que la implementación de esta medida funcionaría como un mecanismo de contención para los flujos migratorios y de refugiados hacia las fronteras europeas. Respecto a este punto, Thanos Plevris declaró lo siguiente:
«Cuando alguien sabe que va a ser devuelto a un centro de detención en un tercer país, eso actúa como elemento disuasorio»
Por otro lado, el representante gubernamental mantuvo una postura firme sobre el otorgamiento de protección internacional a los extranjeros. Plevris aseveró que este beneficio legal «no es para toda la vida», argumentando la necesidad de realizar evaluaciones de los expedientes de forma periódica. Bajo esta premisa, el ministro subrayó que el derecho a la protección podría revocarse en caso de que las condiciones sociopolíticas o de seguridad en el país de origen del migrante experimenten cambios significativos.
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