La organización internacional Human Rights Watch (HRW) ha emitido este miércoles una enérgica solicitud al Gobierno de Venezuela, liderado desde principios de enero por Delcy Rodríguez, instándole a desarticular por completo su «aparato represivo». La petición contempla la ejecución de reformas sustanciales en los sistemas electoral y judicial, además del cese de Tarek William Saab como fiscal general, a quien el organismo identifica como un engranaje clave en la estructura de control estatal, especialmente tras el proceso electoral de julio de 2024.
Demanda internacional de reformas estructurales
«Las autoridades venezolanas deben llevar a cabo reformas reales de sus leyes e instituciones judiciales y electorales. Cualquier otra cosa equivaldría a una transición simulada que quizás sirva los intereses de los gobiernos de Venezuela y Estados Unidos, pero que no reivindicará los derechos del pueblo venezolano»
Así lo manifestó en un comunicado oficial Juanita Goebertus, directora de HRW para las Américas, subrayando que la falta de cambios profundos invalidaría cualquier proceso de transición democrática en el país caribeño.
Situación de los presos políticos y la Ley de Amnistía
Aunque HRW reconoció que las recientes excarcelaciones de prisioneros políticos representan un «alivio importante», destacó que la medida es insuficiente. Tras el anuncio realizado por el gobierno en enero sobre una serie de liberaciones, organizaciones locales de derechos humanos contabilizaron aproximadamente 400 personas que abandonaron diversos centros penitenciarios. Sin embargo, se estima que todavía permanecen detenidas unas 600 personas bajo custodia por motivos estrictamente políticos.
El organismo internacional advirtió que, pese a estas liberaciones, las estructuras represivas permanecen intactas. En este sentido, señalaron que el proyecto de ley de amnistía que se tramita actualmente en la Asamblea Nacional no asegura que todos los individuos detenidos de forma arbitraria recuperen su libertad sin condiciones.
«Su discusión no debe utilizarse como excusa para retrasar la liberación incondicional de los presos políticos o las reformas estructurales necesarias para restaurar la democracia en Venezuela»
Goebertus enfatizó que la propuesta legislativa del oficialismo —que supuestamente permitiría la liberación de quienes cometieron delitos desde 1999— genera desconfianza entre activistas y ONG, ya que excluye a decenas de detenidos y condiciona el beneficio al reconocimiento de hechos que los prisioneros niegan haber cometido.
Cifras de detenciones y el rol de la justicia
La organización se remitió a los informes de la entidad venezolana Foro Penal, que documenta cerca de 19.000 detenciones arbitrarias en el país. Muchos de estos ciudadanos han sido víctimas de malos tratos y tortura, además de haber permanecido incomunicados, sin acceso a una defensa legal adecuada, o imputados masivamente mediante audiencias virtuales.
Asimismo, HRW recordó que desde el año 2014 se han perpetrado violaciones sistemáticas a los derechos fundamentales, incluyendo procesos penales sin fundamento contra periodistas, activistas y figuras de la disidencia. Según la ONG, estas acciones han contado con la complicidad necesaria del Ministerio Público y el Poder Judicial venezolano.
Bajo este escenario, se ha pedido al ejecutivo de Delcy Rodríguez que tome acciones inmediatas para devolver la independencia y la integridad a la justicia, un sistema que consideran cooptado por el Estado desde la reforma judicial impulsada por Hugo Chávez en 2004.
Exigencia de un nuevo marco electoral
Otro punto crítico para la organización es la permanencia de Tarek William Saab en la Fiscalía. HRW asegura que su gestión ha liderado actuaciones que derivaron en graves abusos tras los comicios donde Nicolás Maduro fue proclamado vencedor, pese a las múltiples acusaciones de fraude por parte de la oposición y la comunidad internacional.
«Dado su historial, el hecho de que Saab siga ocupando el cargo de fiscal general es incompatible con cualquier esfuerzo significativo de reforma que busque respetar los Derechos Humanos y promover el Estado de derecho»
Finalmente, Human Rights Watch instó a las autoridades a establecer las condiciones mínimas para garantizar votaciones libres y transparentes en el futuro. Esto implica, obligatoriamente, una reestructuración del Consejo Nacional Electoral (CNE), cuyos integrantes actuales avalaron la reelección de Maduro y bloquearon previamente el registro de candidaturas opositoras, destacando el conocido caso de la líder María Corina Machado.
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