La actual vicepresidenta de Filipinas, Sara Duterte, ha oficializado este miércoles su intención de postularse como candidata en las elecciones presidenciales de 2028. El anuncio se realizó en una comparecencia pública donde la funcionaria pidió perdón a la población por haber respaldado el ascenso al poder de Ferdinand Marcos Jr., a cuyo gobierno acusó ahora de graves actos de corrupción.
«Soy Sara Duterte, me presentaré a las elecciones presidenciales de Filipinas», declaró firmemente durante la lectura de un documento de cinco páginas. En un gesto cargado de simbolismo político, Duterte ordenó que se retirara el emblema de la oficina de la Vicepresidencia del atril antes de iniciar su discurso ante los medios de comunicación.
Distanciamiento y críticas al Ejecutivo
La intervención de la vicepresidenta estuvo marcada por una serie de reproches hacia la gestión actual. Duterte expresó su remordimiento por haber contribuido a la victoria electoral de «Bongbong» Marcos (acrónimo de Ferdinand Marcos Jr.). Asimismo, explicó que su salida en 2024 del cargo de Secretaria de Educación se debió a que el presupuesto estatal para el año 2025 se encontraba, según ella, «manchado de corrupción». La mandataria aseguró que sus cuestionamientos sobre la integridad de la administración de Marcos Jr. comenzaron apenas unos meses después de iniciado el mandato.
«No puedo arrodillarme ante cada filipino para implorar perdón. En cambio, ofrezco mi vida, mi fuerza y mi futuro al servicio de nuestra nación»
Desde el podio, Duterte también criticó la inacción oficial frente a diversos problemas nacionales, incluyendo el alza en los precios de productos de primera necesidad, la gestión de la política exterior y el incremento en el tráfico de sustancias ilícitas. Además, denunció ser blanco de una campaña de ataques guionizados ejecutados con toda la fuerza de la estructura estatal, aunque recalcó que no teme por su integridad, sino por el destino de la próxima generación de filipinos.
Presión legislativa y acusaciones de malversación
Este movimiento político ocurre mientras la vicepresidenta enfrenta múltiples solicitudes de juicio político o impeachment. La primera iniciativa, presentada a finales de enero, fue declarada inconstitucional. Sin embargo, el pasado 2 de febrero, la secretaría general de la Cámara admitió otras dos peticiones. A estas se sumó una cuarta el 9 de febrero, impulsada por abogados, sacerdotes y organizaciones religiosas, bajo cargos de traición a la confianza pública y corrupción. Estas demandas giran en torno al presunto uso irregular de al menos 612 millones de pesos filipinos (equivalentes a más de 8,9 millones de euros) en fondos reservados.
La profunda grieta entre Sara Duterte y Ferdinand Marcos Jr. —quienes representan a familias que anteriormente fueron aliadas estratégicas— tiene uno de sus puntos de mayor fricción en la posible entrega de Rodrigo Duterte al Tribunal Penal Internacional (TPI). El exmandatario y padre de la vicepresidenta es investigado en La Haya por supuestos crímenes contra la humanidad. Sara Duterte, quien fuera vicealcaldesa de Davao, asumió la alcaldía de dicha ciudad cuando su padre alcanzó la presidencia, consolidando su carrera política antes de su cargo actual.
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