La agrupación política venezolana Primero Justicia (PJ) manifestó este lunes su rotunda oposición al reciente nombramiento de Luis Motta Domínguez dentro del gabinete gubernamental. Esta designación se ha dado bajo el esquema de reestructuración de la Vicepresidencia que lidera Delcy Rodríguez, despertando fuertes críticas debido a los presuntos nexos del funcionario con el tráfico de sustancias ilícitas, razón por la cual las autoridades de Estados Unidos ofrecen una recompensa de hasta cinco millones de dólares.
A través de un comunicado difundido en plataformas digitales, la organización opositora fue enfática en su postura institucional:
«Rechazamos la designación de Luis Motta Domínguez, en Gaceta Oficial 6984, como viceministro de seguimiento de la gestión de Gobierno»
. Asimismo, la formación subrayó que
«Motta Domínguez está solicitado por la DEA por presunta asociación al narcotráfico, con una recompensa de hasta cinco millones de dólares (4,2 millones de euros)»
.
Antecedentes y sanciones internacionales
Motta Domínguez no es un rostro nuevo en la administración de Nicolás Maduro, habiendo liderado el Ministerio de Energía Eléctrica entre los años 2015 y 2019. No obstante, desde aquel último año pesa sobre él una sanción
«por ‘corrupción significativa’ vinculada a su paso por Corpoelec»
, en referencia a su gestión en la Corporación Eléctrica Nacional.
El bloque opositor también resaltó que, conforme a las indagaciones realizadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), el ahora viceministro habría participado en esquemas de sobornos millonarios a cambio de la adjudicación irregular de contratos públicos durante su desempeño previo.
Exigencias de justicia y contexto político
Frente a este escenario, Primero Justicia ha solicitado acciones inmediatas y contundentes contra el funcionario recién nombrado.
«Exigimos su destitución inmediata y comparecencia ante la Justicia por los delitos de los que se le acusan, como a su vez, la separación absoluta de toda actividad política que comprometa la transición que está por consolidarse en el país»
, señalaron los voceros de la formación. Según el partido, estas acciones están «destinadas a entorpecer el cambio político», aunque aseguran que no frenarán el deseo de justicia de los ciudadanos venezolanos.
Esta movida política ocurre apenas un día después de que Delcy Rodríguez notificara la clausura de siete organismos dependientes de la Presidencia, los cuales fueron creados entre los años 2000 y 2016. Sobre este proceso de reorganización institucional, Primero Justicia lo ha calificado de forma crítica como «el desmantelamiento del chavismo en manos del chavismo», instando a que se trate de una transformación real y transparente para el país.
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