Luego de cumplir una trayectoria de 32 años dentro de la institución, el general Edwin Urrego finalizó su servicio en la Policía Nacional. El oficial ha sostenido que su salida es consecuencia de una serie de señalamientos anónimos que han perjudicado su integridad profesional y la del coronel Óscar Miguel Moreno Arroyave.
Estas denuncias han estado circulando desde octubre de 2025 en dependencias gubernamentales de alto nivel, entre las que se incluyen la Casa de Nariño, la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) y los mandos superiores de la Policía. El origen de estos documentos ha generado una fuerte controversia en el ámbito de la seguridad nacional.
Dentro del expediente de acusaciones, se menciona que el coronel Moreno habría permitido presuntas irregularidades en sectores de Barranquilla, específicamente en Sabanilla y Las Flores. Actualmente, la Fiscalía General posee al menos uno de estos reportes, en el cual aparecen firmas vinculadas a una veeduría ciudadana que reaccionó tras medidas de control aplicadas por Moreno contra otros oficiales en Puerto Colombia.
El general Urrego ha manifestado que su retiro responde a una estrategia de desprestigio motivada por decisiones administrativas y operativas que afectaron intereses particulares. El oficial recordó que percibió tensiones con el Ministerio del Interior a raíz de una diligencia de allanamiento ordenada por la Corte Suprema en la vivienda del entonces ministro Armando Benedetti.

Suplantación de identidad en las denuncias
En medio de este escenario judicial, el abogado José Fernando Picalúa Ochoa denunció públicamente que su nombre y datos de contacto electrónicos fueron utilizados fraudulentamente en los escritos acusatorios. El pasado 5 de septiembre, Picalúa Ochoa notificó formalmente a la Fiscalía General que no tiene relación con los hechos descritos y que en ningún momento interpuso queja alguna.
El jurista enfatizó que la información contenida en los documentos es totalmente falsa y sugirió que su identidad fue usurpada con el fin de perjudicar tanto al coronel Moreno como a la transparencia en la administración de justicia. Picalúa Ochoa ha reportado recibir alertas electrónicas de la Fiscalía donde se le identifica como denunciante, lo cual califica como un error procesal basado en datos espurios.
Además, aclaró que su único contacto reciente con el coronel Moreno se limitó a temas de seguridad ciudadana en las zonas de Salgar y Puerto Colombia, dado que el oficial ejercía responsabilidades de vigilancia en la jurisdicción de Riomar. En su misiva oficial, el abogado pidió expresamente que no se dé curso a ninguna investigación fundamentada en tales documentos fraudulentos.

Retiro del general Edwin Urrego y contexto político
El Gobierno nacional decidió separar de la Policía Nacional de Colombia al general Edwin Masleider Urrego Pedraza, en un contexto marcado por las declaraciones del presidente Gustavo Petro sobre un supuesto plan de desestabilización en su contra.
La medida fue concretada mediante un decreto oficial, tras señalamientos que sugieren que altos mandos habrían recibido instrucciones para entorpecer una reunión con Donald Trump en la Casa Blanca. Se mencionó incluso la presunta intención de introducir sustancias prohibidas en un vehículo de uso oficial.
Ante esta decisión, un grupo de oficiales retirados del curso 069 expresó su rechazo, calificando la salida de Urrego como un acto de injusticia:
“consideramos injusto que tenga que salir de la institución en las actuales circunstancias, luego de haber dedicado más de 30 años de servicio a la patria, con una hoja de vida intachable, caracterizada por la rectitud, el compromiso institucional y el respeto por los principios que rigen nuestra profesión”
. Los firmantes aseguraron que el nombre del general seguirá siendo un referente de honor y profesionalismo.
Si bien el presidente Petro no detalló nombres específicos en su alocución, vinculó la situación con un operativo ejecutado en noviembre de 2025 en Barranquilla. Dicha acción, por mandato de la Corte Suprema de Justicia, involucró el registro de la propiedad de Armando Benedetti en el marco de una investigación por anomalías en contrataciones.

Acciones legales y respaldo institucional
Por su parte, el general Urrego desestimó las acusaciones y confirmó que emprenderá acciones en los tribunales para resarcir su imagen. Según sus declaraciones:
“Primero, obviamente, empezar las acciones legales, porque sería una decisión basada en una desinformación y, por eso, pido que se profundice en la investigación para que todo se aclare”
. El oficial advirtió que los comentarios presidenciales tienen una trascendencia penal relevante.
La separación del cargo se realizó bajo la modalidad de “llamamiento a calificar servicios”, lo que permite al oficial mantener su grado y sus beneficios de jubilación. Tras el anuncio, diversos sectores de la reserva activa manifestaron su apoyo:
“Manifestamos nuestro respaldo y reconocimiento innegable al brigadier general Edwin Masleider Urrego Pedraza, a quien conocemos como un oficial íntegro, profesional y ejemplar”
.
Finalmente, los excompañeros de Urrego resaltaron que el general “ha honrado el uniforme en cada una de sus responsabilidades, dejando un legado de liderazgo, disciplina y vocación de servicio que merece ser valorado y respetado”. La investigación por el supuesto complot sigue en curso, mientras el oficial, quien lideraba recientemente la fuerza pública en Cali, organiza su estrategia legal.
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