La inestabilidad política en Perú podría derivar en la designación de un nuevo jefe de Estado en las próximas semanas. De concretarse, se trataría del cuarto mandatario que asume el mando en el accidentado periodo 2021-2025, el cual inició originalmente con Pedro Castillo. Tras la vacancia de Castillo, la vicepresidenta Dina Boluarte tomó el cargo, pero también fue destituida el pasado octubre. En la actualidad, es José Jerí quien se encuentra en la cuerda floja y podría enfrentar un desenlace idéntico al de sus antecesores.
Durante la presente semana, diversos sectores del Congreso de Perú —institución que actualmente atraviesa un receso de tres meses— han logrado recolectar más de 78 firmas de legisladores. El objetivo primordial de esta movilización es forzar la convocatoria a un Pleno Extraordinario para someter a debate la continuidad de Jerí al frente del Poder Ejecutivo.
La decisión final sobre el inicio de esta sesión extraordinaria recae en Fernando Rospigliosi, legislador fujimorista y presidente encargado del Parlamento. No obstante, Rospigliosi ha dado muestras de una aparente intención de postergar el debate legislativo. A través de sus plataformas digitales en la red social X, el parlamentario sostuvo que, del total de 81 firmas presentadas de forma electrónica, solo 29 cumplían con los requisitos de validez.
“Se ha informado a los promotores de la moción que tienen que corregir su error. Apenas llegue el documento con las firmas correctas, procederé a convocar el Pleno”
afirmó textualmente el titular encargado del Legislativo.
El debate jurídico: ¿Censura o Vacancia?
Tanto Fernando Rospigliosi como su agrupación política, Fuerza Popular, se han manifestado a favor de que José Jerí permanezca en su cargo. La controversia reside en el mecanismo legal para su remoción. Originalmente, se planteó la censura, una herramienta que permite destituir a miembros de la Mesa Directiva del Congreso. Es importante recordar que Jerí, aunque ejerce la presidencia por sucesión constitucional, mantiene formalmente su cargo como congresista y presidente de dicho organismo.
Pese a ello, Rospigliosi argumenta que, al haber juramentado como presidente de la República, el procedimiento adecuado para retirarlo es la vacancia presidencial. Para respaldar esta tesis, el congresista ha recurrido a la opinión de juristas alineados con su postura ideológica. La distinción técnica no es menor: la vacancia exige un proceso más extenso y el respaldo de 87 votos (dos tercios del Parlamento), mientras que una censura puede resolverse en una sola jornada con una mayoría simple de los legisladores presentes.
Fundamentos para la destitución de José Jerí
Múltiples bancadas del legislativo coinciden en que el presidente interino ha perdido la idoneidad ética y política necesaria para liderar el país, fundamentando sus mociones en una serie de irregularidades graves.
El punto de mayor fricción es el escándalo bautizado como el “Chifagate”. Se acusa a Jerí de haber mantenido encuentros no oficiales y fuera de su agenda pública con el empresario de origen chino Zhihua Yang. El primer evento documentado ocurrió el 26 de diciembre de 2025 en un chifa (restaurante de comida fusión) en San Borja. Según los reportes, el mandatario arribó al lugar oculto tras una capucha y empleando el vehículo oficial conocido como el “cofre presidencial”.
Posteriormente, el 6 de enero de 2026, se produjo un segundo encuentro en el local “Market Capón”, establecimiento que ese mismo día había sido clausurado por las autoridades municipales de Lima. Las críticas se centran en la falta de transparencia del Ejecutivo, que ha brindado versiones encontradas: primero justificaron la reunión como un acto por el “Día de la Amistad Perú-China” y, más tarde, se alegó que el presidente solo acudió al sitio para “comprar caramelos”.
Graves cuestionamientos de seguridad y orden público
A las mociones se suma el polémico ingreso a la sede de Gobierno de Ji Wu Xiaodong, empresario chino bajo investigación por tráfico de madera e implicado con la banda “Los Hostiles de la Amazonía”. El agravante es que Xiaodong debía estar cumpliendo arresto domiciliario al momento de su visita. Solo después de que se hiciera público su ingreso a Palacio de Gobierno, los efectivos policiales intervinieron para asegurar que no abandonara su domicilio.
Finalmente, se cuestiona la gestión de la seguridad ciudadana bajo el mando de Jerí. Entre los puntos señalados por las bancadas opositoras se encuentran:
- Incapacidad para reducir los índices delictivos pese a los constantes estados de emergencia.
- Un cierre de año 2025 con 2,240 homicidios y una tendencia violenta que continúa en 2026.
- El ataque terrorista con explosivos contra la orquesta Armonía 10 en la ciudad de Trujillo.
- Investigaciones fiscales previas contra el mandatario por enriquecimiento ilícito, sobornos y una denuncia por violación sexual archivada bajo circunstancias dudosas.
Para la oposición parlamentaria, la permanencia de Jerí Oré en la presidencia es insostenible y contraviene los estándares de integridad exigidos para el cargo.
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