La detención de un alto supervisor de la DEA en territorio de la República Dominicana ha desencadenado una crisis diplomática de proporciones considerables, impactando directamente en la estructura de cooperación contra el narcotráfico en la región caribeña.
Este arresto sorpresivo, que se vincula a una indagación sobre irregularidades en la gestión de visas estadounidenses destinadas a informantes confidenciales, trajo como consecuencia inmediata la determinación del Gobierno de Estados Unidos de clausurar su sede de la DEA en Santo Domingo por un periodo indefinido.
Desde el Ministerio de Relaciones Exteriores dominicano se ha puntualizado que esta drástica decisión obedece estrictamente a un proceso de fiscalización interna conducido por las autoridades de Washington.
La embajadora Leah F. Campos se pronunció con firmeza ante lo sucedido, dejando clara su postura de rechazo absoluto a estas acciones a través de un mensaje público:
“Usar el cargo oficial para beneficio propio es una repugnante y deshonrada violación a la confianza pública. No toleraré ni siquiera una percepción de corrupción en ninguna parte de esta embajada”
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La reserva de información oficial sobre los cargos exactos ha incrementado la incertidumbre respecto a la situación jurídica de Melitón Cordero, el supervisor detenido, cuya comunicación externa permanece inaccesible hasta el momento. Las pesquisas están siendo lideradas por el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS).
Tanto el DHS como la propia DEA han evitado emitir declaraciones adicionales ante los requerimientos de la prensa sobre este caso que involucra presuntos actos de corrupción administrativa.
Antecedentes de un informe del Departamento de Justicia emitido en el año 2019 ya habían señalado fallos críticos en el manejo del programa de visas para colaboradores. En aquel documento, los organismos de supervisión alertaron que se había perdido el rastro de aproximadamente 1,000 individuos que ingresaron a suelo estadounidense bajo este esquema, lo que supone un riesgo latente para la seguridad nacional debido a los posibles nexos criminales de los beneficiarios.
Dicho sistema permite anualmente el ingreso de cientos de ciudadanos extranjeros que normalmente no calificarían para una visa por sus antecedentes o vínculos delictivos, pero que son admitidos bajo la figura de informantes.
Por su parte, el canciller dominicano Roberto Álvarez enfatizó que el cese de operaciones de la oficina antinarcóticos no tiene relación con el desempeño del gobierno local ni con los resultados obtenidos en el combate al tráfico de estupefacientes. República Dominicana continúa siendo un punto estratégico de tránsito para las drogas que provienen de Sudamérica, razón por la cual la presencia de agencias norteamericanas ha sido una constante histórica.
En este contexto de cooperación, es importante recordar que el mandatario Luis Abinader facilitó en noviembre pasado el acceso de fuerzas estadounidenses a puntos críticos como la Base Aérea de San Isidro y el Aeropuerto Internacional Las Américas, buscando optimizar las operaciones de vigilancia aérea y marítima contra el crimen organizado.
Cese indefinido de operaciones de la DEA
La legación diplomática de los Estados Unidos confirmó este jueves que la oficina de la Administración para el Control de Drogas (DEA) en la capital dominicana detendrá sus funciones. Según lo expuesto por la embajadora Leah Campos, esta medida es un reflejo de la política de “cero tolerancia” que aplica su nación frente a cualquier indicio de conducta deshonesta por parte de sus funcionarios.
El anuncio oficial, compartido mediante los canales digitales de la Embajada, estipula que la suspensión de actividades se mantendrá vigente hasta nuevo aviso, sin que se hayan revelado pormenores específicos que condujeron a esta determinación administrativa.
La diplomática Campos reiteró que no habrá concesiones en cuanto a la integridad de las operaciones de su país en la isla, enfatizando la gravedad de la falta cometida a través del siguiente comunicado:
“La corrupción no tiene cabida en el gobierno de Estados Unidos ni en ningún otro. Es una violación repugnante y vergonzosa de la confianza pública usar el cargo oficial para beneficio propio. No toleraré ni siquiera la percepción de corrupción en ningún lugar de la Embajada que dirijo”
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