La fiscal general de los Estados Unidos, Pam Bondi, enfrentó una tensa jornada de cuestionamientos ante la Comisión Judicial de la Cámara de Representantes. La bancada demócrata arremetió contra la funcionaria por la gestión de los archivos relacionados con el fallecido explotador sexual Jeffrey Epstein, denunciando la exposición de datos sensibles de las víctimas mientras se mantiene bajo reserva la identidad de los presuntos abusadores. Durante la audiencia, la representante Pramila Jayapal señaló:
«Donald Trump convirtió la publicación de los archivos de Epstein en el centro de su campaña porque pensó que le beneficiaría. Luego, usted asumió el cargo y afirmó tener una lista (de los implicados en la trama) solo para luego decir que no existía»
.
Ante la presión de los legisladores, Bondi manifestó su pesar por el calvario que han atravesado las sobrevivientes de la red de abuso.
«Lamento profundamente lo que ocurrió con las víctimas debido a las acciones de este monstruo»
, declaró la fiscal general, refiriéndose a Epstein. En su intervención, hizo un llamado abierto para que cualquier persona con información relevante sobre los daños perpetrados por los participantes en esta red criminal se comunique con las autoridades competentes, asegurando que el Departamento de Justicia mantiene el «compromiso de exigir responsabilidades con todo el rigor de la ley».
La controversia se intensificó cuando se discutió el descuido en la protección de la privacidad de las afectadas. Jayapal denunció que los nombres de las sobrevivientes fueron difundidos sin ningún tipo de censura, incluyendo materiales extremadamente privados como fotografías de desnudos, direcciones particulares y correos electrónicos. Incluso se reveló la identidad de Jane Doe, una víctima cuya confidencialidad se había mantenido por décadas. En un momento determinante de la sesión, la representante pidió a las víctimas presentes que indicaran si el Departamento de Justicia se había contactado con ellas; todas levantaron la mano en señal de que nunca se habían reunido con dicha autoridad, lo que motivó a Jayapal a exigir una disculpa pública de Bondi.
El legislador Jerry Nadler, representante demócrata por Nueva York, calificó la situación como un acto de doble moral institucional. Según su intervención, mientras el Departamento de Justicia exponía públicamente a las víctimas, se protegía celosamente a los victimarios.
«El Departamento publicó información personal de las víctimas mientras protegían los nombres de los abusadores»
, recriminó Nadler. El congresista destacó que, a pesar de la legislación aprobada para la transparencia del caso, el número de cómplices de Epstein que han sido procesados judicialmente hasta el momento es «cero».
Nadler también puso el foco en la gestión administrativa de Bondi, quien ha liderado el departamento por un año. Durante ese tiempo, se reportó el despido del fiscal principal del caso y la emisión de declaraciones que afirmaban, presuntamente de forma errónea, que no existían más líneas de investigación en el expediente. El legislador no ocultó su indignación ante la falta de censura para las víctimas frente al anonimato de los responsables, sugiriendo que esto podría ser producto de la incompetencia o de una decisión «deliberada y maliciosa».
Defensa de la transparencia bajo el mandato de Trump
En su respuesta, Pam Bondi defendió la postura de la administración actual, recordando que fue el presidente Donald Trump quien firmó la ley que viabilizó la publicación íntegra de los documentos del caso. La fiscal afirmó con contundencia:
«Es el presidente más transparente de la historia del país y ninguno le preguntó a Merrick Garland (fiscal general durante el mandato de Joe Biden) durante los últimos cuatro años ni una palabra sobre Jeffrey Epstein»
.
Para respaldar la gestión del organismo, la fiscal presentó estadísticas sobre el combate a la explotación infantil. Informó que, en lo que va del año 2025, el FBI ha logrado la captura de más de 1.700 depredadores de menores, lo que representa un incremento del 10% en comparación con las cifras registradas en 2024. Asimismo, destacó que las autoridades han logrado localizar a 2.700 víctimas de este tipo de delitos sexuales, cifras que fueron presentadas ante el Congreso.
A lo largo de su comparecencia, la fiscal general enfatizó que el objetivo primordial sigue siendo el esclarecimiento total de los hechos. Reiteró la importancia de la colaboración ciudadana para identificar a todos los involucrados en la red de Epstein. A pesar de las acusaciones de falta de transparencia y los reclamos por el desbalance en la protección de datos, Bondi insistió en que el Departamento de Justicia actuará con severidad contra cualquier perpetrador identificado.
La jornada estuvo marcada por una atmósfera de tensión constante y diversos intercambios directos. Los representantes demócratas criticaron lo que consideran una pasividad alarmante por parte del gobierno para formular cargos criminales contra los sospechosos que aparecen en los archivos. La discusión sobre el alcance de la ley de publicación de documentos y su ejecución técnica dejó ver las profundas divisiones políticas sobre cómo se ha manejado este proceso judicial de alto perfil.
Finalmente, el debate central se mantuvo en la reserva de las identidades de los señalados como abusadores. Mientras las víctimas claman por el respeto a su derecho a la privacidad tras haber sido expuestas involuntariamente en documentos judiciales, la fiscalía se ampara en el contexto legislativo y las órdenes del Ejecutivo para justificar sus acciones. Bondi concluyó su participación reafirmando públicamente su pesar por los daños colaterales que la difusión de información privada pudo provocar en las personas afectadas por la red de abusos.
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