El pleno de la Comisión Nacional Anticorrupción (CNA) expresó su preocupación por la crisis en el sistema de salud pública, actos irregulares en la contratación pública y la intimidación a la libertad de expresión y de información en el Ecuador.
Este 11 de febrero de 2026, los diez integrantes de la Comisión Nacional Anticorrupción —un organismo de la sociedad civil integrado por docentes — hicieron una declaración a la prensa para pedir al gobierno de Daniel Noboa atención a los servicios sociales y la designación de un titular en el Ministerio de Salud Pública que atienda la emergencia por la falta de medicinas y atención a los usuarios.
El coordinador, Germán Rodas Chaves, lamentó que en el país se observa un clima preelectoral para satisfacer diversas vertientes y venganzas políticas, para acallar la opinión crítica y desviar la atención de los problemas fundamentales que afectan a la población.
En esa línea, la Comisión concluyó que el denominado Comité Nacional de Salud que creó el jefe de Estado no ha cumplido con su misión.
“El Comité Nacional de Salud ha terminado siendo un fracaso en el país, no funciona, no dirige nada, no organiza nada, pero además hemos constatado que no hay una conducción adecuada del Ministerio de Salud y planteamos la necesidad que se ponga una persona a la cabeza para que haya una gestión en la compra de medicamentos y que esté enterada de los desafíos”, manifestó Rodas.
Esto porque se pretendería que las empresas no sean declaradas incumplidas y así puedan seguir contratando con el Estado.
La CNA advirtió del “sainete” del concurso público para la elección de la autoridad de la Fiscalía General a cargo del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), que “ha favorecido la designación de elementos sin ninguna probidad”, como el presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy, quien enfrenta un juicio político en la Asamblea Nacional.
Rodas hizo un llamado al presidente del CPCCS, Andrés Fantoni, a separarse de la presidencia de la llamada Función de Transparencia y Control Social (FTCS), que agrupa organismos como las superintendencias, la Contraloría General del Estado y la Defensoría del Pueblo.
“Los ciudadanos estamos requeridos a denunciar sin temores los actos de corrupción y, las instituciones deben favorecer las tareas de control que la sociedad desarrolla y respetar el rol de la prensa nacional. El amedrentamiento y la intimidación a la libertad de expresión y de información son muestras totalitarias y antidemocráticas que no pueden tener cabida”, añadió Rodas.