El titular de la cartera de Defensa de Colombia, Pedro Sánchez Suárez, ratificó la veracidad de las graves amenazas que pesan sobre la vida del presidente Gustavo Petro. El mandatario había denunciado previamente un intento de magnicidio que se pretendía ejecutar durante un traslado aéreo en helicóptero mientras se dirigía hacia el departamento de Córdoba.
De acuerdo con las declaraciones del funcionario, el origen de estas intimidaciones radica en la postura confrontativa del Gobierno Nacional frente a las mafias. Sánchez Suárez vinculó estos peligros directamente con la lucha contra el narcotráfico y la reacción violenta de grupos armados, señalando específicamente a las disidencias de las antiguas Farc, las cuales se encuentran bajo el mando de alias Iván Mordisco.
El ministro subrayó que la posición de Petro como comandante supremo de las Fuerzas Armadas lo sitúa en la mira de organizaciones que dependen de economías ilegales. Al respecto, el secretario de Estado manifestó que esta situación
“genera diferentes amenazas, y casi todas son relacionadas con el narcotráfico”
.
La estructura de la criminalidad organizada
Las autoridades de Defensa aclararon que la peligrosidad no proviene de un solo grupo aislado, sino de una estructura compleja. Se explicó que existe una “convergencia de carteles del narcotráfico”, que funciona como una alianza flexible entre diversas mafias con intereses delictivos compartidos.
El mismo jefe de Estado ha definido este fenómeno bajo el concepto de la “Nueva Junta del Narcotráfico”. Se trata de un esquema volátil donde diversos actores, que en ocasiones no tienen vínculos directos, establecen pactos temporales que pueden terminar en traiciones internas.
Estas redes de criminalidad tienen un alcance que trasciende las fronteras de Colombia, operando en diversas regiones del país pero con nexos que se extienden hasta Europa y el Medio Oriente, lo cual dota a la amenaza de un preocupante carácter internacional.
Investigaciones y reserva de información
Sobre la autoría intelectual y material del fallido atentado reciente, Sánchez Suárez precisó que los detalles técnicos y de inteligencia son gestionados exclusivamente por la jefatura de protección presidencial. La reserva de estos datos responde a la necesidad de no entorpecer el curso de las indagaciones judiciales en marcha. El ministro instó a la población a utilizar los canales oficiales de denuncia para aportar cualquier información relevante.
“La información precisa de quién está detrás de lo maneja directamente la jefatura de protección presidencial, y, por tratarse de un nivel de unas investigaciones que se están adelantando, pues no se diría exactamente en qué va, y sería la unidad de la jefatura de protección presidencial quien hable al respecto”
En el mapa de riesgos elaborado por el Gobierno, alias Iván Mordisco es una figura central. Él lidera las disidencias de las Farc que operan con mayor fuerza en el Cauca y en la zona oriente del territorio colombiano.
El análisis del Ministerio de Defensa sugiere que las estructuras criminales han reaccionado tras recibir contundentes golpes por parte del Ejército, incluyendo operaciones de bombardeo. Estos operativos habrían provocado una escalada de represalias violentas que incluyen tanto ataques a la población civil como las amenazas directas contra Gustavo Petro.
Seguridad garantizada y recompensas
La hipótesis oficial no descarta la participación de otros actores de peso como el Clan del Golfo y otros carteles del narcotráfico adicionales. Sánchez Suárez reiteró que las investigaciones siguen abiertas con el fin primordial de blindar la integridad del presidente frente a la criminalidad organizada.
A pesar de la gravedad de la situación, el ministro aseguró que los protocolos de resguardo han sido efectivos.
“Toda la seguridad del presidente de la república está garantizada, pero los riesgos siempre… Él se encuentra bien, se encuentra seguro y eso muestra que sí funcionó”
, puntualizó el funcionario.
Para fortalecer la protección del mandatario, se han movilizado unidades especiales de inteligencia y fuerzas operativas que vigilan tanto el entorno inmediato como las zonas de desplazamiento presidencial.
Como parte de la estrategia para desarticular este plan, el Gobierno mantiene vigente una recompensa económica de hasta cinco mil millones de pesos colombianos para cualquier ciudadano que entregue información que permita la captura de los responsables. Esta acción busca reafirmar la determinación del Estado en su combate contra quienes intentan desestabilizar la seguridad nacional.
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