La representación legal de Cristina Kirchner ha vuelto a presentar una solicitud formal ante las instancias judiciales para exigir el retiro de la tobillera electrónica impuesta a la exmandataria. Además, el reclamo busca que se anulen las actuales limitaciones sobre el régimen de visitas y el acceso diario a la terraza en el marco de su arresto domiciliario.
En contraste, el fiscal ante la Cámara Federal de Casación, Mario Villar, ha emitido un dictamen en el que recomienda rechazar tales peticiones. Según el funcionario, deben permanecer inalterables las resoluciones del Tribunal Oral Federal 2 (TOF2) referentes al monitoreo electrónico y los protocolos para el cumplimiento de la privación de libertad en su residencia.
El tribunal encargado de la resolución
La responsabilidad de esta decisión recae ahora en la Sala IV de Casación, conformada por los magistrados Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña. Es importante destacar que tanto Hornos como Barroetaveña ya se han pronunciado previamente en contra de solicitudes similares sobre las condiciones de detención de la exjefa de Estado, incluyendo el uso del dispositivo de rastreo.
A pesar de los antecedentes, la defensa técnica insistió en sus argumentos, subrayando que desde el inicio de su detención domiciliaria el pasado 17 de junio de 2025, la procesada ha acatado rigurosamente cada normativa impuesta. El escrito presentado detalla que incluso durante una internación de emergencia ocurrida este verano, se tramitaron de forma oportuna todos los permisos requeridos.
Demandas sobre visitas y uso de la terraza
Los abogados Carlos Beraldi y Ary Llernovoy, quienes representan a la exfuncionaria sentenciada a seis años de prisión por administración fraudulenta en la denominada causa Vialidad, buscan que se eliminen los filtros para recibir personas. El objetivo es que la defendida no dependa de autorizaciones previas ni de listados cerrados de allegados para sus encuentros sociales.
En una petición subsidiaria, los juristas solicitaron que, de no otorgarse la libertad total de visitas, se revoquen al menos los nuevos topes de periodicidad y cantidad de asistentes simultáneos. Estas restricciones fueron impuestas por el Tribunal Oral Federal 2 tras la repercusión de una reunión sostenida con nueve economistas en el domicilio de la calle San José 1111 el año pasado.
La defensa enfatizó que en el protocolo original “no se contemplaban ni limitaciones diarias ni de horario alguno”. Asimismo, recalcaron que la exmandataria “dio estricto cumplimiento a todas y cada una de las obligaciones que le fueron impuestas”.
“Jamás se ausentó de su domicilio y siempre utilizó el dispositivo electrónico que le fuera colocado” y “ninguna persona” la visitó “sin contar con una autorización judicial previa”
Además, señalaron que no existen reportes de alteraciones al orden o a la convivencia vecinal en los informes oficiales del Tribunal.
El historial de estas restricciones se remonta al 19 de noviembre, cuando el juez de ejecución Jorge Gorini determinó que la condenada solo puede recibir visitas dos veces por semana, durante dos horas y con un máximo de tres personas por cita. Esta medida fue una reacción directa a la difusión de imágenes de la reunión con economistas en redes sociales.
Seguridad y riesgo de fuga
Posteriormente, el 17 de diciembre, otra resolución ratificó dicho régimen y limitó el acceso a la terraza del edificio a solo dos horas por día. Ante esto, la defensa argumenta que la presencia de custodia policial las 24 horas en la entrada del inmueble hace innecesaria la tobillera.
“A esta altura el uso de una tobillera electrónica por parte de nuestra representada carece de todo fundamento fáctico y jurídico”, expresaron los abogados, sosteniendo que el riesgo de escape es nulo dada la vigilancia permanente y la notoriedad pública de la figura de Cristina Kirchner.
En este sentido, recordaron el voto previo de Mariano Borinsky, quien el 11 de julio pasado consideró que no era pertinente el dispositivo por tratarse de una “persona de público conocimiento (cualquier salida seguramente sería inmediatamente detectada y probablemente mediatizada), que estuvo a derecho y que posee custodia policial las veinticuatro horas”.
Por otro lado, la defensa cuestionó la limitación de tiempo en los espacios abiertos del edificio calificándola de castigo arbitrario. Sostienen que no existe marco legal que faculte a los jueces a decidir en qué horarios un detenido en modalidad domiciliaria puede usar su propio patio o balcón.
Finalmente, tras la presentación de los argumentos de ambas partes, los jueces de la Cámara de Casación se encuentran listos para emitir un veredicto definitivo sobre el futuro de las condiciones de detención de la expresidenta.
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