En el marco de las investigaciones judiciales que rodean a Begoña Gómez, el magistrado Juan Carlos Peinado ha emitido un requerimiento formal al Ministerio del Interior. El juez solicita que, en un plazo no mayor a 10 días, se entregue un informe detallado sobre los desplazamientos internacionales realizados por la esposa del presidente del Gobierno español y su asesora, Cristina Álvarez.
Destinos bajo la lupa judicial
La providencia judicial, fundamentada en un auto reciente, instruye a la Oficina Nacional de Información del Pasajero para que rastree y precise los traslados efectuados por ambas mujeres hacia destinos específicos. Entre los países señalados en la investigación se encuentran la República Dominicana, la República del Congo, la República Democrática del Congo, Guinea Ecuatorial, Guinea Bissau y Rusia. La revisión abarca un periodo amplio, que inicia el 16 de julio de 2018 y se extiende hasta la fecha actual.
Esta disposición surge como una medida necesaria ante la postura de las investigadas, quienes, según el documento judicial, han «declinado la entrega de sus pasaportes para la comprobación» de estos movimientos migratorios de manera voluntaria.
Acceso a correos electrónicos presidenciales
De forma paralela, el instructor Peinado ha solicitado a la Secretaría General de Presidencia del Gobierno que remita al juzgado, también en un lapso de 10 días, la totalidad de los correos electrónicos enviados y recibidos a través de la cuenta oficial asignada a Begoña Gómez desde mediados de 2018. Para el procesamiento y análisis de esta información digital, se ha designado a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.
Críticas del magistrado a la falta de colaboración
En su resolución, el juez ha expresado cuestionamientos hacia la actitud de las partes implicadas en el proceso. El magistrado señala lo que describe como
«la escasa o casi nula colaboración con la Administración de Justicia por las investigadas, en total ejercicio de sus derechos fundamentales, acogiéndose a su derecho a no declarar como investigadas, salvo en una ocasión por parte de Begoña Gómez, que lo hizo tan sólo a preguntas de su abogado»
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Asimismo, el texto judicial hace mención al comportamiento del actual presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, indicando que, cuando tuvo la oportunidad de aportar información a la investigación, también optó por acogerse a su derecho de no testificar (dispensa). Si bien el juez reconoce que esta es una «postura totalmente legítima», argumenta que la negativa a facilitar documentos como el pasaporte obliga a la justicia a buscar rutas alternativas de indagación.
El magistrado Peinado justifica que estas nuevas diligencias son necesarias e idóneas, advirtiendo que, aunque se podrían considerar medidas más severas como el registro domiciliario, tal acción resultaría desproporcionada en este punto del caso. Actualmente, la investigación contra Begoña Gómez contempla cinco presuntos delitos: tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida de marca, intrusismo y malversación.
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